El Poder Judicial (PJ) declaró fundado el requerimiento de S/50 millones de reparación civil provisional, solicitado por la Procuraduría Anticorrupción, en el marco del proceso seguido contra la presunta organización criminal integrada por el ex director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Robert López López; los sindicados exasesores del congresista Guillermo Bermejo, Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterling Valdivia Beteta; así como otras 37 personas entre naturales y jurídicas.
Así lo resolvió el juez Leodán Cristobal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatorio, a través de una resolución donde también se declaró fundado el pedido de la mencionada procuraduría para constituirse como actor civil en el proceso y actuar en defensa del Estado peruano.
El monto solicitado por la procuraduría podría incrementarse, de acuerdo con el avance del proceso. Y, de ser hallados responsables, luego de un juicio, los imputados deberán pagar el monto de manera solidaria.
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Según el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), los procesados integrarían la red criminal “Los operadores de la reconstrucción”, por lo que son sindicados de presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión agravada y otros.
El juez Cristóbal Ayala precisó en su resolución que los abogados de los procesados fueron notificados con el requerimiento de la procuraduría anticorrupción; sin embargo, ninguno de estos presentó oposición dentro del plazo de ley, por lo que procedió a declarar procedente el pedido.
Cabe precisar que en el caso de Guillermo Bermejo, implicado en presuntas irregularidades con el presunto cobro de coimas en el caso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, este es investigado por la Fiscalía de la Nación debido a su prerrogativa como congresista de la República.
La Procuraduría recordó que se crearon redes criminales
En su requerimiento, la procuradora anticorrupción adjunta, Yudith Villegas Espinoza, señaló que su despacho se encuentra legitimado para intervenir en el presente proceso penal como actor civil atendiendo a que se ha cumplido con todas las formalidades establecidas en el Código Procesal Penal y ha señalado el detalle sobre el monto de la pretensión resarcitoria y de sus razones.
Además, señaló el juez del caso, la procuraduría ha expuesto los ilícitos de la conducta desarrollada por los procesados.
Por ejemplo, señaló que en el caso del investigado Robert López López, se sindica que en su condición de ex director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) fue “promotor” de una presunta organización criminal encabezada por el expresidente José Pedro Castillo Terrones y que habría integrado otras redes criminales junto a Francisco Jaime Jara Aguirre, entre otros funcionarios públicos y sujetos particulares como “Los operadores de la reconstrucción”.
Esta última, habría operado desde inicios del año 2022, con actividades “tendientes a los fines objetivos de la organización delictiva, con vocación de continuidad y permanencia, de acuerdo al designio de sus líderes por copar las instituciones públicas del Estado para explotar los recursos económicos en marco de sus objetivos delictivos”.
Es así que López López, señaló la procuraduría, habría viabilizado el financiamiento de los expedientes y de las obras ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del director del sector Educación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, lo cual habilitó transferencias de partidas presupuestarias para la municipalidad distrital de La Unión, ello a cambio de porcentajes económicos ilegales según el valor de cada obra.
Serían cuatro obras en las que habrían tenido intervención ilícita, como son “La ficha técnica denominada mantenimiento de las calles del CC.PP. Nuevo Tamarindo y Arroyo Mío, distrito de La Unión”, “Ejecución de la obra recuperación de la Institución Educativa N.o 025, La Unión”, “Ejecución de la obra de rehabilitación del servicio educativo secundario en la Institución Educativa Almirante Miguel Grau de Villa Tablazo Norte, La Unión”, y la “Ejecución de la obra de recuperación del local escolar N° 1056, con código de local 660406 AA.HH. Héroes del Cenepa, distrito de La Unión”, todo ello en el año 2022.
Además, recordó la procuraduría, las ganancias de las presuntas acciones ilícitas habrían ingresado a su patrimonio a través de la compra de bienes, como un auto de alta gama valorizado en US$40 mil que habría pagado al contado en agosto del 2022.
En el caso de Francisco Jaime Jara Aguirre, la defensa del Estado indicó que la fiscalía le atribuye, en su condición de personal técnico del despacho del congresista Guillermo Bermejo Rojas, el haberse integrado a la presunta organización criminal denominada “Red Criminal en el Poder” liderada por José Pedro Castillo Terrones e integrada por Robert López, Yul Osterlin Valdivia Beteta, entre otros funcionarios públicos y sujetos particulares, que son investigados por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.
La procuraduría acotó que según la imputación fiscal, cuando Bermejo Rojas se hizo congresista, convocó a su personal de absoluta confianza, “quienes abrazaron el proyecto criminal una vez que este fue de su conocimiento”; puesto que el congresista necesitaba quien lo represente y lleve su voz en el marco de las coordinaciones clandestinas o subrepticias que se realizaban entre los integrantes de la organización “Red Criminal en el Poder” y otros grupos con fines o en común, como la presunta organización criminal “Los Operadores de la Reconstrucción”, con quienes habría coordinado y pactado la distribución de porcentajes de dinero ilícito cuando las cuatro obras antes señaladas fueron lanzadas a licitación pública.
Así también, agregó la procuraduría, en la imputación fiscal se señala que “por órdenes de Bermejo Rojas, el investigado Jara Aguirre realizó las coordinaciones y pactos de distribución de porcentajes de dinero ilícito con el investigado Yul Osterlin Valdivia Beteta” – señalado también por la fiscalía como “el asesor en la sombra” de Guillermo Bermejo Rojas- debido a las gestiones y viabilización realizadas en la tramitación de los expedientes técnicos otras obras como: 1) Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Ramón Castilla, Grau, Felipe Vílchez, Maximiliano lindo, 28 de julio, progreso, Bolognesi, Manco Capac y San Martín en el área urbana del distrito de Huachac – provincia de Chupaca – departamento de Junín y 2) Mejoramiento de la losa deportiva multiusos de III cuartel, distrito de Huachac – provincia de Chupaca – departamento de Junín.
Estos, fueron incluidos en el Decreto de Urgencia N°102, que dictaba medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano, emitido por el gobierno de Pedro Castillo.
Y, en el caso de Yul Osterlin Valdivia Beteta, la procuraduría señaló que se le atribuye, “en su condición de asesor en la sombra del congresista Guillermo Bermejo Rojas”, ser integrante de la presunta organización criminal denominada ‘Red Criminal en el Poder’.
En ese contexto, indicó la procuraduría, la fiscalía señala que el demandado se habría promovido ante servidores y funcionarios públicos en calidad de asesor del congresista Bermejo Rojas, pues a pesar de no tener vínculo formal laboral con el aludido congresista, “subrepticiamente el investigado gozaría de las prerrogativas y coordinaciones para actuar en nombre de éste, dado que conforme se visualiza en los registros de visitas de ingresos y salidas al despacho congresal de Guillermo Bermejo Rojas, el demandado habría ingresado de manera permanente al mencionado despacho congresal, con lo cual se convirtió uno de los hombres de confianza del señalado congresista”.
Ello, le habría permitido llevar la voz del parlamentario durante las coordinaciones clandestinas o subrepticias que se realizaban entre los integrantes de la organización criminal ‘Red Criminal en el Poder’ y otros grupos como la presunta organización criminal ‘Los Operadores de la Reconstrucción’ que actuó en Piura.
Además, también habría participado junto al exasesor de Bermejo, Jaime Jara Aguirre por el apoyo en la aprobación de la partida presupuestal que incluía los proyectos incluidos en el DU 102.
Juzgado señala que ilícitos habrían sido ejecutados por dos organizaciones criminales
En su resolución, el juez Cristóbal Ayala señaló que su juzgado era del criterio que la procuraduría anticorrupción se encuentra legitimada para intervenir en el presente caso como actor civil, pues de acuerdo a las investigación fiscal, se considera como agraviada.
Además, al momento de plantear su pedido de constitución en actor civil ha deducido su pretensión de forma provisional por concepto de reparación civil, requiriendo que se imponga la suma de S/. 50′000,000.00 (cincuenta millones de soles) de manera solidaria.
En esa línea, señaló el juez, de acuerdo a los alegatos presentados por la procuraduría anticorrupción, las presuntas conductas ilícitas se han producido en dos contextos claramente identificados. Las primeras conductas ejecutadas por la Organización Criminal denominada ‘Red Criminal en el Poder’, se produce en la institución pública denominada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) la cual, tiene el objetivo de liderar la ejecución y supervisión de la reconstrucción de la infraestructura pública dañada como consecuencia del Fenómeno de El Niño Costero 2017, a través de la participación de sus más altos ejecutivos y otros altos funcionarios del Estado que en dichos momentos ocupaban el cargo de Presidente de la Republica y Congresista de la República.
Mientras que, las segundas conductas ejecutadas por la Organización Criminal denominada “Los Operadores de la Reconstrucción”, se producen al interior de la Municipalidad Distrital de la Unión, de la Región Piura, región que fue afectada en el año 2017, por el Niño Costero, y que necesitaban con urgencia la rehabilitación de sus instituciones educativas.
Por ende, concluyó el magistrado, dentro de las investigaciones, los presuntos actos ilícitos fueron ejecutadas por dos redes criminales.
“Las conductas ilícitas han sido ejecutadas por dos organizaciones criminales, entre las que destacan por sus altos cargos el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios (titular de la entidad), el congresista en funciones Guillermo Bermejo Vargas, el ex Presidente de la Republica José Pedro Castillo Terrones y el ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de la Unión (titular de la entidad).”
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El juzgado señaló que según las pesquisas, el valor referencia total de las obras ilícitamente adjudicadas es de S/. 39′ 124, 981.21 (son Treinta y nueve millones ciento veinticuatro mil novecientos ochenta y un con 21/100 soles), obras que, o nunca se ejecutaron, o no se han ejecutado en su debido plazo.
Sumado a ello, indicó el juez en su resolución, se debía tener en cuenta el nivel de impacto mediático del presente caso es a nivel nacional e internacional, ya que, se encuentran investigados altos funcionarios del Estado Peruano, altos directivos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el congresista de la República Guillermo Bermejo Rojas.
Abogados de los investigados niegan vinculación con los hechos imputados
El Comercio buscó la versión de la defensa legal del congresista Guillermo Bermejo, el abogado Ronald Atencio, quien rechazó los señalamientos contra su patrocinado.
Como primer punto, aseguró que Jaime Jara “nunca ha señalado ser la voz del congresista Guillermo Bermejo, tampoco ha referido que recibió dinero ni de Yul, ni para el congresista Guillermo Bermejo”.
Lo segundo, el congresista Guillermo Bermejo, nunca ordenó a los antes citados para que ellos sean su voz ante ninguna autoridad”
Ronald Atencio, abogado de Guillermo Bermejo.
Finalmente, anotó Atencio, “ya pasó un año aproximadamente y no se ha podido acreditar los hechos imputados” y ningún aspirante a colaborador eficaz aportó prueba alguna que acredite su versión en contra del congresista.
Cabe indicar que anteriores oportunidades, tanto Bermejo como su defensa legal han negado los cargos y han asegurado incluso que el investigado Yul Valdivia Beteta, nunca fue su asesor. No fue posible contactar con la defensa legal de Yul Valdivia Beteta.
Felipe Salas Zegarra, uno de los abogados de Robert López, señaló no haber sido notificado con la resolución. Sin embargo, aseguró que si bien continúan las investigaciones, hasta la fecha no existe ningún tipo de nexo contra su defendido y que más adelante tampoco habrá pruebas.
“Las investigaciones siguen adelante, no han parecido colaboradores, nada que lo sindique a él. (…) Hasta el momento no hay nada en contra de él.”
Felipe Salas Zegarra, abogado de Robert Lopez.
Confirmó que su patrocinado continúa con comparecencia con restricciones y cumple con las normas que le impuso el juzgado, e incluso realiza informes sobre las actividades que realiza.
Luis Capuñay López, abogado de Francisco Jaime Jara Aguirre, dijo a este Diario que no habían intervenido en el pedido de constitución de actor civil de la Procuraduría, debido a que en esta etapa es solo postulativo.
En esa línea, indicó que el debate de la reparación civil se realizará en el juicio oral , de haberlo, de acuerdo a las pruebas, su valor probatorio y la presunta vinculación de cada persona implicada.
“Ahora, son varios hechos que son materia de investigación y ya en su momento, el señor procurador deberá señalar cuáles son las pruebas que sustentan esos S/50 millones, porque si no nos señala las pruebas que sustenten ello, el monto se va a redurir ostensiblemente. Entonces, entrar ahorita en un debate de si corresponde o no, no era pertinente”, dijo.
Respecto a las imputaciones en contra de su patrocinado señaló que en este caso la fiscalía lo vincula con presuntas irregularidades en obras desarrolladas en La Unión, en Piura. Y, del desarrollo de los actos de investigación que ha venido desplegando el Ministerio Público, aún no se reciben declaraciones que incidan en este tema; por tanto agregó, lo que están esperando es que se establezcan las vinculaciones contra Jara.
Hasta ahora el Ministerio Público está acumulando carpetas vinculadas a las investigaciones, pero que de manera directa no inciden en lo que es materia de imputación contra el señor Jara Aguirre. Entonces, estamos tranquilos, esperando que la fiscalía nos indique las pruebas que sí tengan relación, para defendernos de la mejor manera.”
Luis Capuñay, abogado de Francisco Jara.
Como se recuerda, Jara Aguirre viene cumpliendo prisión preventiva en el marco de esta investigación. No obstante, su abogado señaló que la norma señala que transcurrido seis meses, esta puede ser revisada por el juzgado y, de no haber medios que sustenten continuar con esa medida, esta tendría que ser revocada.
“Se le conformó la prisión preventiva, pero recordemos que por mandato legal las prisiones preventivas se revsn cada seis mese. entonces, si en seis meses, el Ministerio Público no ha incorporado nuevos elementos de convicción que ratifiquen su posición inicial, el juez no puede ser del criterio de mantener una medida que no tendría asidero legal”, anotó.
