Según la disposición fiscal que judicializa la investigación (conocida anteriormente como denuncia penal) ambos parlamentarios fueron denunciados en el marco de la Ley N°25475 que “Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio”.
En el mismo documento fiscal se resuelve declarar el caso “complejo” por lo que el plazo para esta etapa será de ocho meses, según lo establece la ley. Por el momento, no se ha requerido alguna medida coercitiva en contra de los implicados.
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Según la ley, una vez concluida esta fase; y si los congresistas son finalmente acusados por obstaculizar una investigación vinculada al delito de terrorismo, podrían recibir hasta diez años de cárcel.
“El que por cualquier medio obstruya, dificulte o impida la acción de la justicia o las investigaciones en curso sobre delito de terrorismo, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”.
Artículo 8 de Decreto ley N°25475
Existen elementos sobre ofrecimiento económico e intimidación
Según las hipótesis del Ministerio Público, los congresistas habrían “pretendido influenciar en la declaración de Bobby Eddie Villarroel Medina; testigo en una investigación de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco (Carpeta 33-2021), donde se encuentran comprendidos, entre otros, como investigados Guillermo Bermejo Rojas, Guido Bellido Ugarte y Vladimir Cerrón, por el delito de Filiación Terrorista”.
Los hechos investigados en el caso de presunto terrorismo se lleva a cabo en otro despacho fiscal y ocurrieron cuando Bermejo Rojas y Bellido Ugarte aún no eran congresistas.
Fue en dicha investigación que el testigo Villarroel Medina debía declarar el 21 de setiembre de 2021, luego de afirmar públicamente que había tenido conocimiento sobre la presunta relación entre Cerrón, Bermejo y Bellido con remanentes terroristas de Sendero Luminoso (SL).
Para el 2021, Bellido y Bermejo ya habían sido electos congresistas y al tener conocimiento de la citación al testigo conocido como “Sacha” buscaron contactarlo a través del abogado Jhon Kleber Benites Tangoa (entonces abogado de Perú Libre).
Según el mismo testigo, se reunió en diversas ocasiones con Benites Tangoa y la más importante habría sido en el “Sauna Spa 1121″, ubicado en La Victoria.
En la reunión, Benites habría indicado que venía de parte de Bermejo y Bellido, para pedirle que declare en un sentido favorable en dicha investigación por presunto terrorismo. A cambio, le indicó que podría beneficiarlo con apoyo político o un supuesto asilo fuera del país, ya que ambos eran congresistas y tenían poder para hacerlo.
En la investigación, la fiscalía obtuvo diversos elementos como videos que registran el encuentro de Sacha con Benites y su ingreso al mencionado spa el 21 de setiembre del 2021. Además, cuentan con el acta del registro de su ingreso al mencionado local y la declaración del testigo Néstor Orlando Vieira Fiestas, un taxista que reconoció haber trasladado a Villarroel en dos momentos: a una reunión previa en el Queirolo, y ya el día 21 de setiembre de 2021, lo trasladó al Sauna ubicado en La Victoria, entre otros.
Por ello, la fiscalía decidió formalizar la investigación preparatoria a fin de profundizar en los actos de investigación que determinen el papel que jugaron los parlamentarios, luego de concluir la existencia de “sospecha reveladora” en su contra.
“Existe sospecha reveladora de la comisión del delito investigado y la presunta responsabilidad de los imputados Guillermo Bermejo Rojas y Guido Bellido Ugarte, dado que estos fueron sindicados por el testigo Eddy Bobby Villarorel Medina como las personas de quienes recibió ofrecimiento de dinero y beneficios.”
Sin embargo, acota la fiscalía, también habrían realizado actos de “intimidación” contra el testigo a fin de que no declare en la investigación por presunto terrorismo seguida contra los ahora imputados.
“Los ofrecimientos e intimidaciones se realizaron a través de Jhon Kleber Benites Tangoa, abogado vinculado al Partido Político Nacional Perú Libre, quien habría sido enviado por parte de los investigados que, en ese entonces, eran congresistas integrantes del referido partido político”, agregó Hinojosa Cuba.
Este Diario se comunicó con el abogado Ronald Atencio, defensa legal de Bermejo Rojas, quien señaló haber sido notificado con la decisión fiscal. También buscamos al congresista Guido Bellido, sin embargo hasta el cierre de este informe no respondió.
La decisión de formalizar la investigación preparatoria se realizó luego de que la Corte Suprema confirmó la decisión de declarar fundado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Bellido Ugarte, Bermejo Rojas y Benites Tangoa.
Cabe precisar que las defensas de Bellido y Bermejo habían objetado la decisión judicial para investigar sus comunicaciones.
En el caso de Bermejo, su defensa señaló que este caso no era por el delito de terrorismo sino por obstrucción a la investigación por el delito de terrorismo; y que quien habría sido supuestamente el que materializó los hechos fue Benites Tangoa y no su patrocinado. Y que, el hecho que Benites Tangoa y Villarroel hayan ido a un sauna no tiene que ver con su patrocinado.
Mientras que la defensa de Bellido señaló que el testigo Villarroel hace una mera sindicación, sin tener certeza que su patrocinado hubiese solicitado a Benites que se contacte con el testigo y que no tenía relación con dicho abogado.
La formalización de la investigación fue comunicada al juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley.