En medio de la ola de criminalidad que agobia el país, el Gobierno del presidente José Jerí ha implementado la Ley N° 32490, que instituye medidas extraordinarias para combatir y frenar los delitos de extorsión y sicariato y así resguardar a las empresas de transporte público y de transporte de mercancías.
La ley aprobada por el Congreso dispone acciones excepcionales de prevención, preparación, respuesta inmediata y recuperación económica destinadas a las empresas del sector transporte.
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Entre las medidas se contempla que la Policía Nacional del Perú (PNP) establezca centros de comando y patrullaje focalizado, con la participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato, integradas al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i).
Para ejecutar estas acciones, los gobiernos locales, regionales y otras entidades públicas deberán permitir el acceso en tiempo real a sus cámaras de videovigilancia y a otros sistemas de monitoreo al Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES).
Más detalles de la Ley N° 32490 contra la extorsión
Actualmente, más de 600 km de rutas están bajo control de mafias extorsivas. En solo un año, 65 trabajadores han sido asesinados. A continuación, los detalles de los lineamientos puntualizados contra la criminalidad:
- Constitución del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES): integrado por representantes de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, seleccionados estrictamente por su trayectoria y méritos comprobados en la lucha contra estos delitos.
- Implementación de fiscalías especializadas en la investigación de delitos de extorsión y sicariato.
- El Ministerio de Transportes se encarga de evaluar y certificar las rutas, paraderos y unidades de transporte que dispongan de sistemas de vigilancia, cámaras o botones de pánico conectados al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Cibernética del GIES.
- Se otorgan créditos blandos y exoneraciones temporales a las empresas que hayan sido formalmente afectadas por los delitos de extorsión o sicariato.
- Provee compensaciones económicas y seguros estatales por la pérdida de unidades de transporte o el fallecimiento de trabajadores del sector.
- Financiamiento destinado a la rehabilitación de la infraestructura o equipamiento dañado a través del programa Ruta Segura Reestablecida.
- Finalmente, en las disposiciones complementarias finales se dispone la extinción de dominio de bienes vinculados a cuentas bancarias o billeteras electrónicas utilizadas para actos extorsivos.
