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Mediante un extenso comunicado, gremios inmobiliarios rechazaron los recientes calificativos como “lobistas” emitidos por el alcalde de Miraflores, Carlos Canales. En ese marco, pidieron un diálogo respetuoso e hicieron un llamado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que convoquen a las municipalidades, colegios profesionales, gremios y a todos los actores involucrados a un intercambio de ideas constructivo sobre la Vivienda de Interés Social (VIS).
La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI PERÚ) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) recalcaron que su objetivo es contribuir al cierre de brechas de viviendas formales, promoviendo estabilidad, inversión y generando empleo formal en el Perú.
“Todos juntos debemos ser parte de la solución para una mejor calidad de vida de todas las familias de nuestro país”, precisaron.
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Al respecto, hicieron algunas precisiones:
- Las VIS generaron mayor oferta de vivienda a un menor precio. Desde 1998, los programas de VIS han beneficiado a más de 700 mil familias, que representan a 3 millones de peruanos. El 98 % de los subsidios se han otorgado a familias de los segmentos C, D y E, según data oficial. También han permitido que familias de profesionales, técnicos y jóvenes emergentes accedan a viviendas en zonas consolidadas con todos los servicios, cercanas a sus centros de trabajo y estudios, reduciendo traslados y fomentando ciudades inclusivas y sostenibles, conforme a pilares de habitabilidad, resiliencia, sostenibilidad y asequibilidad señalados en el Foro Económico Mundial del 2021.
- Medida necesaria para la promoción de vivienda formal. En 2018, el Poder Ejecutivo emitió un reglamento especial para proyectos VIS, permitiendo zonificaciones específicas, mayores alturas, densidades y áreas de vivienda acordes al Reglamento Nacional de Edificaciones. Ante la falta de planes de desarrollo urbano actualizados, se promovió la densificación y vivienda formal, además de una mayor oferta inmobiliaria a menor precio.
- Los proyectos VIS cumplen un marco legal. El Tribunal Constitucional ha definido las competencias municipales y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y somos respetuosos de sus decisiones. Además, Indecopi ha declarado barreras burocráticas en diversas ordenanzas municipales que contravienen la ley y juzgados constitucionales han emitido medidas cautelares protegiendo derechos de los desarrolladores inmobiliarios. Con ello, protegen también los derechos de terceros potencialmente afectados, como compradores, trabajadores, proveedores, entidades financieras, entre otros.
- Los proyectos VIS son aprobados por las municipalidades conforme a la normativa. Para su ejecución, las licencias las emiten siempre las municipalidades distritales, no el MVCS. Se utilizan comisiones técnicas o revisores urbanos, regulados por la Ley 29090. Los revisores urbanos son equipos multidisciplinarios de profesionales experimentados, con perfiles especializados y calificados. Su figura existe en países como Chile, Colombia, México y España. Son supervisados y sancionados por el MVCS. Sus incumplimientos pueden derivar a sanciones administrativas y penales.
- Los proyectos inmobiliarios renuevan, mejoran y amplían las redes de servicios básicos. Un requisito indispensable para obtener la licencia de construcción es la factibilidad de servicios, emitida por entidades prestadoras de servicios. Es así como los proyectos inmobiliarios (VIS o no VIS) invierten a su costo en este tipo de infraestructura (agua, luz y saneamiento) en beneficio de todo el vecindario. El colapso urbano es causado por la informalidad, dirigidas por las mafias de traficantes de tierras, no por la formalidad.
