Representantes de distintas asociaciones de motociclistas expresaron su rechazo a las nuevas disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que exigen el uso obligatorio de chalecos distintivos, cascos con placas visibles y establecen sanciones que superan los 400 soles.
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Además, manifestaron su oposición a la restricción que prohíbe transportar pasajeros en motocicleta, medida que entraría en vigencia el próximo 18 de noviembre.
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En diálogo con Canal N, José Luis Guzmán, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, calificó las medidas como discriminatorias y aseguró que “estigmatizan” a quienes utilizan este medio de transporte.
“Estamos exigiendo que no se den las medidas que vulneran los derechos constitucionales de los ciudadanos estigmatizando, discriminando y poniendo una prenda que nos marca como si fuéramos delincuentes. Además, se vulnera el derecho de libre tránsito prohibiendo dos personas en una moto”, declaró Guzmán.
El dirigente añadió que las normas “no han demostrado eficacia” y afectan injustamente a millones de ciudadanos.
“Todas estas medidas ya están comprobadas que no dan resultados. La afectación de los ciudadanos de bien es muy grande. Hay muchas otras estrategias que pueden utilizar las autoridades y no perjudicar a la ciudadanía”, sostuvo.
Los gremios aseguraron haber solicitado datos oficiales al Ministerio del Interior, según los cuales los índices delictivos habrían aumentado 40% y los hurtos 6% desde que se aplicaron estas medidas en Lima.
Por su parte, José Barrera, representante de la asociación Voces Unidas de Motociclistas, afirmó que la restricción para llevar pasajeros impactará negativamente a millones de familias:
“La motocicleta es un vehículo familiar; estas restricciones no solo son ineficaces, sino que perjudican a ciudadanos de bien”, dijo.
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Ambos voceros adelantaron que solicitaron una reunión con el presidente José Jerí para exponer su posición y plantear alternativas.
“Queremos aportar con propuestas eficaces, pero sin vulnerar derechos fundamentales. Estas medidas marcan a los ciudadanos como si fueran criminales”, enfatizó Guzmán.
Barrera añadió que la suspensión temporal de la norma evidenció el rechazo de la población: “Durante la vigencia de la norma, se notaba a los conductores desanimados. El día que se suspendió, hasta el ambiente cambió”, comentó.
Los gremios esperan que el Ejecutivo mantenga apertura al diálogo y evalúe el impacto real de las disposiciones antes de su aplicación definitiva.
