Amparados en los últimos cambios que el Congreso realizó a la Ley contra el Crimen Organizado (Ley 30077), más de 80 investigados de tres grandes indagaciones fiscales a grupos criminales dedicados a la minería ilegal y falsificación de títulos en La Libertad han solicitado que se revoque su detención preventiva. Esto porque los delitos investigados ya no se enmarcan en la norma por las modificaciones que el Parlamento hizo en octubre a través de la Ley 32138.
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Se trata de las carpetas fiscales de Los Parqueros de Pataz, La Gran F.A. y La Mafia de los Títulos, redes delictivas que son parte de los 140 casos que las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada (Fecor) investigan, y que ahora corren peligro por los cambios a la ley, según un reporte de la propia Fecor que El Comercio revisó.
Por las modificaciones se estableció que solo las penas iguales o mayores a cinco años pueden definirse bajo la figura de organización criminal. Así, los delitos ambientales o de corrupción, entre otros, quedan fuera de ese ámbito.
Además…
Más de 2.000 investigados
Según las fiscalías contra la criminalidad organizada, 2.043 investigados (de los 140 casos) podrían ampararse en los cambios establecidos en la Ley 32138 que el Congreso aprobó para cambiar la Ley contra el Crimen Organizado.
Aparte de las pesquisas por delitos ambientales y de corrupción, se perjudican las indagaciones por tráfico de terrenos, estafa, hurto agravado, tráfico ilícito de migrantes, fraude, usurpación o apropiación ilícita.
Los casos de esos delitos serían derivados a fiscalías comunes, con menos recursos y plazos de investigación.
Minería ilegal
La pesquisa a Los Parqueros de Pataz –red encabezada por Gregorio Palermo Segura Marcelo, conocido como Palermo– está en etapa preliminar. En este caso, el equipo 3 de la fiscalía especializada en criminalidad organizada de La Libertad demostró que Palermo, actualmente detenido, tenía un grupo armado compuesto por más de 30 extranjeros.
El grupo criminal usaba explosivos para replegar al personal de seguridad de la compañía minera aurífera Poderosa, que opera en Pataz, y así posicionarse en zonas estratégicas desde las que accedían a la concesión de la empresa. También accedían a puntos de la concesión donde había mineral con elevada concentración de oro. Obtenían la información de personal de la misma firma, según la fiscalía.
El fiscal Rafael Gonzales Hurtado, quien indaga el caso, evidenció que Gregorio Palermo creó una compañía con socios que eran sus familiares y amigos, a los que ordenó ejercer roles ligados a la minería ilegal.
Por la nueva ley del Congreso, los abogados de los miembros de la red ya detenidos han señalado que los delitos por los que los investigan no están dentro de la Ley contra el Crimen Organizado y, por tanto, deberían ser liberados.
También corre peligro el expediente sobre La Gran F.A., organización criminal encabezada por Agustín Arteaga López ‘Agucho’. La red operaba en el caserío de Lajón (Otuzco, La Libertad), desde donde acopiaba carbón que los mineros de la zona extraían.
El equipo 1 de la fiscalía de criminalidad organizada, a cargo de Jennifer Ludeña, y un equipo de la Diviac PNP mostró que La Gran F.A. daba una falsa apariencia de legalidad a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La banda tenía un brazo armado que robaba carbón a conductores de volquetes y a mineros. Este material luego era vendido en los parques carboneros de las ciudades de Trujillo y Salaverry a través de negocios con aparente trazabilidad, para así después poder exportarlo.
En la indagación, la fiscal Ludeña expuso que la red incluso buscó contactos en el Estado.
Entre los 33 investigados están el coronel PNP Arturo Balta Paredes, exjefe de División de Orden Público y Seguridad de Trujillo; y Raúl Araya Neyra, quien fue gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad en la actual gestión de César Acuña.
Todos son procesados por delitos ambientales bajo la figura de organización criminal. A través de sus abogados, varios investigados han planteado la improcedencia de acción, una excepción procesal que propone que un hecho no constituye delito. Otros investigados han pedido el cese de su detención preventiva porque alegan que no hay elementos que configuren delito en la ley de crimen organizado.
En una primera etapa, un juzgado de investigación preparatoria rechazó las solicitudes de excepción y libertad. Ante las apelaciones de las defensas, una sala superior tomará una nueva decisión.
Red criminal de títulos
La investigación fiscal a La Mafia de los Títulos –organización criminal que negociaba la expedición de títulos pedagógicos, y en la que está involucrado Jerry Marcial Vega Anhuamán, exfuncionario de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad– lleva casi cuatro años, pero también puede ser afectada por las modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado.
La red, que desde el 2014 opera en La Libertad, falsificaba documentos y luego los ingresaba, por ejemplo, a la Gerencia de Educación del Gobierno Regional de La Libertad, donde los funcionarios (que integraban la organización criminal) reemplazaban documentos (nóminas de matrículas y actas) para luego expedir los títulos.
La Fecor demostró que, de un solo instituto pedagógico, la red logró emitir 600 títulos. Cobraba hasta S/15.000 por cada uno.
A fin de no permitir que los acusados sean liberados o absueltos ante los cambios en la Ley contra el Crimen Organizado, la Fecor planteó al Poder Judicial una calificación alternativa en la fase de control de acusación. El recurso permite que la sala que analiza el caso considere que el investigado sea juzgado por el delito de banda criminal en caso no sea procesado por organización criminal (este es un delito distinto a banda criminal).
Para el abogado penalista Andy Carrión, el Congreso “debería quitar el límite mínimo [de la pena]” que establece la Ley 32138.
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