El golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) presentó una denuncia penal contra los 100 congresistas que votaron por su vacancia el 7 de diciembre del 2022, día en que anunció el cierre del Parlamento y la instalación de un gobierno de emergencia nacional, a quines atribuye la comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal de cargo.
En el documento presentado ante la Fiscalía de la Nación, al que accedió este Diario, el exmandatario argumenta que el número legal de votos para retirarlo del cargo era de 104, según lo estipulado en el artículo 89° – A, inciso c) del reglamento del Congreso con rango de ley.
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Castillo Terrones también incluyó en su denuncia penal a la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025). Ella es acusada del presunto delito de aceptación ilegal de cargo.
El exjefe de Estado afirmó que el día de su vacancia no ejerció su derecho a la defensa, no tuvo abogado particular ni de oficio y en el hemiciclo estuvieron presentes 110 congresistas, hubo 14 ausentes, 4 con licencia oficial, 1 con licencia por enfermedad y 1 suspendido.
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“Que, de los ciento diez (110) congresistas presentes, solo votaron por mi vacancia inmediata ciento uno (101); no alcanzando cuatro quintas partes del número legal de congresistas que exige el artículo 89° – A, inciso c) del reglamento del Congreso -norma con rango de Ley”, alegó.
“Siendo así o con solo ciento uno (101) votos alcanzados y faltando tres (3) para ser legalmente vacado debí mantenerme con la calidad de presidente de la república”, agregó el encarcelado exmandatario.
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Desde que Pedro Castillo está en prisión preventiva por el golpe de estado, su defensa ha promovido distintos recursos con argumentos similares para buscar su liberación y el archivo de su proceso penal por rebelión. Sin embargo, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional ya han desestimado esas alegaciones.
En su denuncia, Pedro Castillo indica que esta es solo contra 100 congresistas de los 101 que votaron a favor debido a que
uno de ellos, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), ya falleció. Aun así, sí incluye a dos legisladores que también han fallecido desde entonces: Enrique Wong y Hitler Saavedra.
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La semana pasada el fiscal supremo adjunto Edward Casaverde ratificó ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, su pedido para que Pedro Castillo sea condenado a 34 años de cárcel por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, por el golpe de Estado.
Durante el cierre de sus alegatos finales, la fiscalía también requirió la pena de 25 años de cárcel contra la expresidenta del Consejo de Ministros, y hoy asilada por México, Betssy Chávez; el exministro del Interior, Willy Huerta; los efectivos policiales Manuel Lozada (jefe de la región policial de Lima) y Justo Venero (jefe de la Unidad de Servicios Especiales).
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En tanto, para el exjefe de Gabinete de Asesores de la PCM, Aníbal Torres, requirió 15 años. Sin embargo, ante el anuncio de la sala suprema sobre una posible desvinculación de la acusación, considerando una presunta “conspiración para la rebelión”, el fiscal solicitó 19 años y 30 días de cárcel para Castillo Terrones.
Mientras que, para Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas, Lozada y Venero, la fiscalía solicitó 11 años, 5 meses y 15 días de pena por el presunto delito de “conspiración para la rebelión”.
