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El Gobierno propone trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos considerados de menor peligrosidad a instalaciones temporales acondicionadas en hangares militares que actualmente se encuentran en desuso. El objetivo es reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y permitir que el personal concentre sus esfuerzos en el control de los reclusos considerados que pertenecen a organizaciones criminales.
El Gobierno propone trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos considerados de menor peligrosidad a instalaciones temporales acondicionadas en hangares militares que actualmente se encuentran en desuso. El objetivo es reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y permitir que el personal concentre sus esfuerzos en el control de los reclusos considerados que pertenecen a organizaciones criminales.
Entre los posibles grupos alcanzados por esta medida se encuentran las personas privadas de libertad por omisión de asistencia familiar, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), institución que, además, explicó que esta propuesta se halla incluida dentro del paquete de facultades legislativas presentadas ante el Congreso.
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Según información del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026 había 2672 personas recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria. De este total, 710 se encontraban en condición de procesadas y 1962 cumplían una sentencia efectiva.
La propuesta contempla identificar espacios adecuados y habilitar instalaciones temporales que permitan albergar de manera segura a internos de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos. Estos establecimientos funcionarían bajo estrictas medidas de seguridad y control.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Ministerio de Defensa viene coordinando la habilitación de hangares en desuso para concretar el eventual traslado de internos de menor peligrosidad. La iniciativa forma parte de un paquete de medidas planteado por el Ejecutivo para enfrentar la sobrepoblación penitenciaria y mejorar la seguridad en los establecimientos.
Más de 700 reclusos viven hacinados en Penal de Pocollay
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El paquete de medidas también contempla restringir los beneficios que permiten reducir las penas mediante la terminación anticipada para determinados delitos de alta gravedad, entre ellos extorsión, sicariato y secuestro.
De aprobarse, esta propuesta se sumaría a la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de los establecimientos penitenciarios. La medida responde al déficit de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que actualmente cuenta con poco más de 7000 agentes.
Con el apoyo militar en la seguridad externa de los penales, el Gobierno busca que los agentes del INPE concentren sus funciones en el interior de los establecimientos, principalmente en las labores de control, orden y seguridad de la población penitenciaria.
Las medidas planteadas por el Ejecutivo apuntan así a diferenciar el tratamiento de los internos según su nivel de peligrosidad, descongestionar los penales y reforzar el control sobre las organizaciones criminales que, según el Gobierno, continúan operando desde las cárceles.
Vale recordar que el Perú contabiliza a más de 100.000 presos en un total de 69 cárceles que apenas tienen capacidad en conjunto para 40.000 reos.
El Ejecutivo considera que los líderes de las bandas criminales siguen dirigiendo sus organizaciones desde la prisión y mantienen su esquema de extorsiones a negocios y empresas de transportes bajo amenazas de muerte en caso de que no paguen los cupos exigidos.
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