El Gobierno promulgó la Ley N.° 32563, que incorpora el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), para los trabajadores del régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), en el marco de una reforma para mejorar sus condiciones laborales.
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La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, modifica el Decreto Legislativo 1057 y establece que los servidores CAS recibirán dos gratificaciones al año, cada una equivalente a una remuneración mensual.
Asimismo, se reconoce el derecho a la CTS, beneficio que será calculado en función del tiempo de servicios y entregado al término del vínculo laboral.
El Ejecutivo señaló que esta medida fortalece la protección social de miles de trabajadores del Estado y promueve la equidad en el sector público.
La ley también precisa las modalidades de contratación dentro del régimen CAS, incluyendo la posibilidad de contratos a plazo indeterminado mediante concurso público de méritos, además de disposiciones orientadas a garantizar la continuidad laboral y el respeto de derechos adquiridos.
Para la implementación de estos beneficios, se autorizó a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno a realizar ajustes presupuestarios con cargo a sus propios recursos, sin requerir financiamiento adicional del tesoro público.
En paralelo, el presidente José María Balcázar promulgó la Ley N.° 32566, que permite, de manera excepcional y por única vez, el cambio de contrato CAS-COVID a CAS regular para el personal asistencial de EsSalud que trabajó durante la emergencia sanitaria.
Esta medida busca uniformizar las condiciones laborales y garantizar la continuidad del personal de salud que no fue beneficiado por normativas anteriores.
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Según la ley, los trabajadores deberán haber laborado al menos un año bajo el régimen CAS-COVID y cumplir con otros requisitos establecidos. EsSalud tendrá un plazo máximo de 90 días para ejecutar el cambio de contrato.
Ambas disposiciones serán financiadas con recursos propios de las entidades involucradas y no implicarán gastos adicionales para el Estado.
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