El Poder Ejecutivo oficializó este viernes 27 de setiembre la declaratoria del estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao ante la ola de extorsiones y sicariato que viene asolando al país.
La medida se aprobó a través del Decreto Supremo Nº 100-2024-PCM, publicado en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
MIRA AQUÍ: Ministro del Interior renunciará si medidas contra la extorsión no funcionan
La declaratoria de emergencia alcanza a los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, en Lima Metropolitana.
Asimismo, el decreto incluye al distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. Regirá por 60 días y durante su duración se aplicará la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
MIRA AQUÍ: Terrorismo urbano: el anuncio del gobierno, los 16 proyectos estancados del Congreso y las críticas de fondo
“La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo”, señala la norma.
Dentro de los 5 días hábiles posteriores al término del estado de emergencia declarado, la Policía Nacional debe presentar al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas durante la declaratoria del régimen de excepción y los resultados obtenidos.
MIRA AQUÍ: Ola de violencia aumenta: dos adolescentes asesinados en menos de 12 horas
Cabe indicar que el decreto supremo lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte; del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén; y de los ministros Walter Astudillo (Defensa), Juan José Santiváñez (Interior) y Eduardo Arana (Justicia y Derechos Humanos).
Otras medidas
El último jueves el ministro de Defensa (Mindef), Walter Astudillo, precisó que remitieron al Congreso el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas como sicariato, extorsión, secuestro y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
Además, dijo que el Gobierno ha dispuesto “la ampliación inmediata” del penal Challapalca 1 para el traslado de sentenciados y procesados por los delitos que se consideren como terrorismo urbano desde otros centros penitenciarios.
MIRA AQUÍ: “Me están cobrando para dejarme vivir”: el día que la extorsión paralizó Lima
“Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal”, señaló Astudillo.
