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El Gobierno oficializó este miércoles, a través del decreto legislativo N°1710, la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), luego de que el pasado 23 de noviembre el presidente José Jerí anunciara la “desaparición” del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esa intención la reiteró el 9 de diciembre del año pasado al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.
El Gobierno oficializó este miércoles, a través del decreto legislativo N°1710, la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), luego de que el pasado 23 de noviembre el presidente José Jerí anunciara la “desaparición” del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esa intención la reiteró el 9 de diciembre del año pasado al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.
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La medida concita atención, ya que en el Perú existen más de 104 mil reos, los cuales están distribuidos en 69 penales y que son vigilados por 11 mil trabajadores del INPE, seis mil de ellos agentes de seguridad y cinco mil que cumplen labores administrativas.
Existe un hacinamiento en los penales del Perú.
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¿Cómo y desde cuándo funcionará la Sunir?
La Sunir se formará a partir de la fusión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej). El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, indicó que habrá una comisión de transferencia que tendrá 90 días para implementar la nueva entidad y que esta entrará en funcionamiento a partir de junio de este año.
“Es la desaparición de esta entidad (INPE) y la creación de una nueva con otra estructura, con otra organización, y con otras actividades y acciones que se van a tomar respecto al combate de la delincuencia y la recuperación del principio de autoridad al interior de las cárceles”, afirmó.
Martínez explicó que la creación de Sunir implica una reforma estructural y organizacional profunda del sistema penitenciario, por lo que descartó que se trate de un solo cambio de nombre. Aseguró que en la nueva entidad se le aplicará un trato diferenciado a los adultos y a los menores de edad recluidos en los establecimientos.
“Marca definitivamente un cambio no solo de nomenclatura, sino que es un cambio que supone una reforma organizacional y estructural profunda, y de las acciones que vamos a tomar con esta nueva superintendencia”, afirmó el integrante del Gabinete Ministerial.
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Remarcó que se eliminó el Consejo Penitenciario y se designará a un jefe de Sunir que cuente con “un perfil con mayores requisitos y competencias específicas” en lo que es materia penitenciaria, conocimientos criminológicos y que cumpla con la “idoneidad” para el cargo. “Esto permitirá mejorar la toma de decisiones. El perfil que vamos a proponer para el jefe de la Sunir es de una persona altamente especializada, con idoneidad y preparación. Tendrá la potestad de tomar decisiones de manera más célere y ágil, y ya no en una reunión de consejo, donde hay distintas opiniones y se pueden tomar decisiones con lentitud”, aseveró.
Walter Martínez Laura, ministro de Justicia y Derechos Humanos. (Foto: Mario Zapata para El Comercio)
/ Mario Zapata N.
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Además, señaló que se descentralizará y se trasladará a regiones varios servicios de la Sunir, como por ejemplo la operatividad del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), a fin de permitir intervenciones más rápidas en los penales, y la Oficina de Asuntos Internos y los órganos disciplinarios para evitar la demora en la resolución de casos.
El titular del Minjusdh precisó que los cambios apuntan a que haya que una gestión más eficiente en los penales, así como en el tratamiento de los internos, ya que no solo se busca continuar con el control de los penales y la recuperación del principio de autoridad, sino también “darle énfasis a lo que es la resocialización y la prevención de la comisión de delitos”.
Respecto a la situación de los agentes que formaron parte del INPE, Martínez explicó que para dicho personal se implementará “un programa de formación y capacitación de una carrera especializada con ascensos”.
Nuevas medidas disciplinarias para reos
El ministro de Justicia y Derechos Humanos anunció a El Comercio que todos los internos tendrán el cabello rapado, usarán un uniforme de manera permanente y deberán cantar el himno nacional a las 6 a.m, como parte de las acciones para recuperar el principio de autoridad en los penales.
“No es posible que haya internos que tengan una ropa distinta y diferenciada, lo que, dentro de la convivencia con los demás, da la apariencia de que tienen un estatus superior. Todos son tratados por igual. El rapado de cabello se explica porque -y no estamos copiando modelos (de otros países)- muchas veces los internos esconden objetos en su cabello, como hojas de afeitar”, afirmó.
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Incluso, aseguró que a los internos que están siendo trasladados a otros penales ya se le está cortando el cabello. “La disciplina es la que debe imperar en los penales y no las jerarquías. Se va a levantar los reos todos los días a las 6 de la mañana a cantar el himno nacional”, añadió.
Martínez indicó que se evalúa la posibilidad de que los accesos de personas, de bienes y de alimentos a los penales,esté a cargo de empresas privadas para“darle un mayor control y una modernización a estos sistemas”.
Es una reforma fallida y que solo existe en el papel, comentó exjefe del INPE sobre la creación de Sunir
Wilfredo Pedraza, abogado penalista, exministro del Interior y exjefe del INPE, cuestionó la decisión del Gobierno de crear la Sunir, pues consideró que es producto de una “reforma fallida” al no tener “ninguna novedad sustantiva”.
“No encuentro ninguna situación nueva o expectante. La circunstancia de haberse cambiado al Consejo Nacional Penitenciario por una superintendencia no supone absolutamente nada. Las supuestamente nuevas funciones del superintendente son las mismas que hoy tiene el presidente del INPE y la estructura de la institución es la misma que tiene toda entidad pública”, afirmó Pedraza a El Comercio.
Indicó que la nueva norma debilita el sistema penitenciario, ya que le resta autonomía económica al depender sus decisiones de lo que disponga el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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“La fusión entre el INPE y el Pronacej no aporta nada y se trata de una norma que debilita la institución penitenciaria al no haberse establecido algo que es fundamental, como es la autonomía económica, técnica y normativa que el INPE ha tenido desde 1985”, afirmó el especialista.
“La ley vincula al Ministerio de Justicia con todo aquello que supone manejo presupuestal, eso es un grave retroceso también, ya que el INPE siempre ha sido una institución autónoma en el manejo de su presupuesto. Las definiciones del uso de sus recursos han estado siempre en el INPE, pero el decreto legislativo señala que eso se definirá ahora en el Minjusdh”, agregó.
Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE. (Foto: GEC / Britanie Arroyo)
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“Lo que dice la norma es que el presupuesto será definido según las políticas del Ministerio de Justicia y eso significa restarle autonomía al INPE. Eso me parece un retroceso, ya que se hace una reforma para fortalecer y modernizar una institución, no para disminuirla, sobre todo en el tema presupuestal”, remarcó.
Por ello, Pedraza explicó que se trata de “una reforma inflada” y que “en esencia es muy pobre en su contenido”, pues recordó que no ha recibido el aporte de los especialistas y los académicos. Resaltó que el cambio en el INPE fue promocionado en su momento como “un medio de lucha contra la inseguridad y la corrupción, pero no tiene ninguna relación con ambos temas”.
“La norma señala expresamente que este proceso de fusión se hará con los recursos de las propias instituciones, sin un sol adicional, por lo tanto, es una reforma en papel. Si se quiere modernizar una institucionar se le asigna recursos, como para construir penales, introducir tecnología. Al final, es una reforma en papel que se va a traducir en un cambio de logotipo”, comentó Pedraza.
Ante ello, planteó que este gobierno transitorio deje de lado la reforma y que sea el nuevo régimen el que lleve adelante el proceso.
Sindicatos de trabajadores del INPE cuestionan falta de presupuesto para Sunir
Julio César Burga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE), indicó que desde el 26 de noviembre del año pasado han desarrollado protestas por la anunciada desaparición del INPE y la creación de una nueva entidad penitenciaria.
El dirigente contó a El Comercio que se instaló una mesa de trabajo con los funcionarios del INPE y del Minjusdh y que tenían “buenos augurios”, pero que en las reuniones desarrolladas en diciembre constataron que se trataba de “una estructura que recién está naciendo” y que, tras la promulgación de la creación de Sunir, confirmaron que no hay “no hay cambios sustanciales en lo inmediato o en el corto plazo”, como resolver el tema de los hacinamientos de los penales o la corrupción.
En ese contexto, advirtió que si no se destina recursos, no se podrán concretar los objetivos que pretende alcanzar el Gobierno. “Sin presupuesto cómo se podrá hacer cambios con la Sunir”, afirmó.
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Si bien en la norma de creación de Sunir se precisa que se respeta los regímenes laborales y los derechos adquiridos por los trabajadores, Burga enfatizó que, con la nueva entidad, se podrían abrir procesos céleres a los agentes por distintos motivos, pues recordó que existe un “régimen disciplinario sumamente drástico y severo”.
Cuestionó que en la norma se pretenda entregar a las empresas privadas el manejo de las puertas y accesos a los penales, pues aseguró que experiencias anteriores no han funcionado.
Agentes del INPE están expuestos a reyertas y ataques de los presos. (INPE)
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Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú también resaltó que con la creación de Sunir no se avizoran “cambios sustanciales” en el sistema penitenciario, ya que mencionan medidas ante la falta de infraestructura, personal, logística y tecnología. “Los problemas sustanciales del INPE no se solucionan cambiando de nombre”, indicó Ángel Llancari, secretario general de dicho sindicato, a El Comercio.
Al igual que Burga, Llancari indicó que la falta de recursos afecta a la institución penitenciaria. Eso traduce, según dijo, en que solo existan 11 mil agentes, cuando en realidad se necesitan más de 32 mil. “Hay un déficit enorme, seguimos trabajando con la misma cantidad de hace cinco o seis años, pero la población penitenciaria se ha duplicado en ese lapso”, afirmó.
Además, advirtió que la cantidad de agentes penitenciarios que ingresa a la entidad no es suficiente para reponer el personal que renuncia o es retirado tras procesos administrativos, medidas cautelares, sanciones o destituciones.
Contó que entre 300 y 400 agentes se retiran al año por un tema económico, ya que algunos perciben 1800 soles de sueldo, pese al riesgo que asumen, ya que están expuestos a reyertas, represalias, atentados o asesinatos. Incluso, los ataques alcanzan a los familiares.
Pidió que en el funcionamiento de Sunir los puestos que se asignarán en la dirección, jefatura de seguridad, subdirecciones y direcciones regionales sean por meritocracia y no por puestos de confianza, a fin de evitar la corrupción.
