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El Ejecutivo oficializó la Política General de Gobierno 2026: Seguridad Ciudadana, Continuidad Económica y Transición Democrática, en el que establece como uno de sus principales ejes “garantizar una transición democrática ordenada y elecciones sin contratiempos”.
El Ejecutivo oficializó la Política General de Gobierno 2026: Seguridad Ciudadana, Continuidad Económica y Transición Democrática, en el que establece como uno de sus principales ejes “garantizar una transición democrática ordenada y elecciones sin contratiempos”.
Mediante el Decreto Supremo N.° 043-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano y aprobado en Consejo de Ministros, se fija compromisos para asegurar el desarrollo del proceso electoral, incluyendo el financiamiento y soporte logístico a los organismos del sistema electoral, así como la protección de candidatos, locales de votación y el traslado seguro del material electoral en todo el país.
Decreto Supremo que aprueba la Política
General de Gobierno: Seguridad Ciudadana,
Continuidad Económica y Transición
Democrática
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Continuidad Económica y Transición
Democrática
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En ese sentido, se plantea promover espacios de diálogo político con las fuerzas representadas en el Congreso, para evitar escenarios de confrontación que puedan afectar los comicios.
La política establece que, debido al carácter de transición del actual gobierno, las acciones estarán orientadas a resultados inmediatos y medibles, priorizando el respeto a las reglas democráticas y el normal desarrollo del proceso electoral hasta el cambio de mando en julio del 2026.
De otro lado, el decreto también incluye medidas en materia de seguridad ciudadana, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad mediante operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de la inteligencia operativa y acciones dirigidas a combatir economías ilegales como la minería ilegal y la extorsión.
Asimismo, en el ámbito económico, se plantea sostener la actividad productiva a través del impulso de proyectos de inversión, la mejora en la ejecución del gasto público y la reducción de trabas en asociaciones público-privadas.
También se contemplan acciones para atender emergencias por lluvias y dinamizar economías regionales.
