El Gobierno del Perú aprobó la prórroga del estado de emergencia por treinta días calendario en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad y los hechos de violencia que afectan a estas jurisdicciones. La decisión fue oficializada mediante un Decreto Supremo y anunciada tras la sesión del Consejo de Ministros.
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Según el Ejecutivo, la extensión de la medida permitirá a la Policía Nacional del Perú continuar con el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje y operaciones focalizadas. Las autoridades señalaron que las acciones estarán basadas en inteligencia, mapas del delito y análisis estadísticos para contener la expansión de bandas criminales.
Voceros del Gobierno indicaron que la prórroga apunta a fortalecer la respuesta frente a delitos como la extorsión, el sicariato y las actividades ilícitas que se coordinan desde centros penitenciarios. A inicios de mes, el presidente de transición, José Jerí, sostuvo que el estado de emergencia se mantendrá “el tiempo que sea necesario para recuperar progresivamente los índices de tranquilidad y seguridad para nuestra población”.
El Decreto Supremo también dispuso la ampliación del estado de emergencia por sesenta días en las provincias de Tumbes y Zarumilla, en el departamento de Tumbes, así como en Trujillo y Virú, en La Libertad, regiones consideradas de alta incidencia delictiva por las autoridades de seguridad.
Desde su primera declaratoria, el 22 de octubre del año pasado, el Ejecutivo ha renovado el estado de emergencia en varias ocasiones. La actual prórroga representa la cuarta ampliación de esta medida excepcional en un intento por recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana.
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Durante el estado de emergencia se restringen o suspenden derechos constitucionales vinculados a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, conforme al artículo 137 de la Constitución. La Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras se refuerzan acciones de vigilancia territorial, control penitenciario y respuesta del sistema de justicia.
