El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en zonas priorizadas del departamento de Piura por un plazo de 60 días calendario. La decisión busca enfrentar la criminalidad mediante una intervención integral del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 146-2025-PCM.
Según la norma, la medida comprende los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, así como las provincias de Sullana, Paita y Talara. El decreto establece disposiciones operativas, de inteligencia y de fiscalización para reforzar la seguridad ciudadana en estas jurisdicciones.
MIRA: Vicente Paul Espinoza es elegido nuevo superintendente de la Sunedu
El Ejecutivo informó que el estado de emergencia incluye el control penitenciario y el combate a las telecomunicaciones ilícitas. Entre las acciones previstas figuran la restricción de visitas en establecimientos penitenciarios y el desmantelamiento de antenas ilegales. Además, se autorizan operativos de incautación de celulares y tarjetas SIM de procedencia irregular.
También se dispone el decomiso permanente de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos ilegales. A ello se suma la recuperación de espacios públicos vinculados a actividades delictivas, según precisa el decreto supremo.
La norma ordena, además, la sesión permanente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Piura y de los comités provinciales de Piura, Sullana, Paita y Talara. Asimismo, establece la conformación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada, con funcionamiento las 24 horas del día.
Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención serán definidas sobre la base de inteligencia y mapas del delito, conforme a lo señalado por el Poder Ejecutivo en el dispositivo legal.
Trabajo articulado entre entidades
En estas acciones también intervienen el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Su participación forma parte de una labor coordinada del Estado orientada a reforzar la seguridad ciudadana y preservar el orden interno.
