El Gobierno ha declarado en emergencia al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Sistema Nacional Penitenciario por un periodo de dos años. Esta medida se da debido a una sobrepoblación que excede en 136 % a los penales.
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La iniciativa fue oficializada hoy, martes 26 de noviembre, mediante el Decreto Supremo N° 014-2024-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano, y busca optimizar la prestación de servicios para la resocialización de las personas privadas de libertad.
La medida responde a la crítica situación del sistema penitenciario, que a agosto de 2024 alberga a 98,127 personas privadas de libertad, a pesar de tener una capacidad instalada para solo 41,556.
De acuerdo al Decreto Supremo, el Ministerio de Justicia deberá aprobar, en un plazo de 45 días, una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria con el fin de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria hasta el 2030.
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Asimismo, se indicó que en la II Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), desarrollado el 18 de junio de 2024, se acordó declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario.
El pasado 5 de noviembre el Consejo de Estado decidió destinar recursos para mejorar la infraestructura penitenciaria, lo cual incluye la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos.
