El gobierno de Dina Boluarte retrasó hasta el final del plazo, que vence este martes 14, su decisión sobre la autógrafa de ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. La tarde del lunes 13, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció a la prensa que observaron la norma y que el documento ya había sido enviado al Congreso de la República.
Aproximadamente a las 4 p.m., Adrianzén afirmó que las observaciones fueron presentadas “hace un par de horas”. No obstante, el Congreso lo desmintió y precisó que, al menos hasta 6:18 p.m., no las recibía. Luego, hubo silencio desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Al cierre de esta edición, el documento no había ingresado al Parlamento.
La autógrafa de ley está en manos del Ejecutivo desde el 16 de diciembre pasado, lo que significa que Boluarte demorará casi un mes para pronunciarse. El plazo de ley son 15 días hábiles. Con la autógrafa, el Congreso intentaba corregir su decisión de prohibir la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Si el Ejecutivo no llegara a observar la norma este martes pese a la anunciado, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quedaría facultado para promulgarla por insistencia.
Procedimiento
Debido a que el Congreso se encuentra en receso, la Comisión de Justicia tendría que convocar a una sesión extraordinaria para evaluar las observaciones que presente el gobierno. Alternativamente, podría esperar hasta el inicio de la próxima legislatura, programado para marzo.
Otra opción será que cualquier congresista solicite que el tema sea exonerado del dictamen de la comisión y pase directamente a una instancia superior. Esta sería el pleno del Congreso, que tendría que celebrar una sesión extraordinaria o esperar hasta marzo; o la Comisión Permanente, la única que permanece en funciones durante el receso parlamentario.
No obstante, hay discrepancias entre especialistas consultados por El Comercio respecto a la facultad que tiene la Comisión Permanente para resolver una autógrafa observada por el Ejecutivo (ver informe).
Si el Congreso acepta las observaciones del gobierno, se allanará; si las rechaza, puede promulgar la ley por insistencia. Otra opción es que cree un nuevo proyecto.
Casi un mes de espera
El 18 de diciembre, Adrianzén aseguró que el Ejecutivo se encontraba realizando “un exhaustivo análisis para ver qué es lo que corresponde”. Aquella vez, el primer ministro precisó que la autógrafa fue enviada a “los sectores concernidos” para que se pronuncien.
Luego, el 4 de enero, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, aseguró que hay excesos en las detenciones preliminares, pero evitó aclarar si el Ejecutivo observaría o promulgaría la autógrafa. “Hemos visto desfilando a muchas personas con esposas sin pensar en sus familias, en sus hijos, y luego salen en libertad inocentes o simplemente por equivocación, la segunda sala corrige”, señaló en diálogo con RPP.
El último 10 de enero, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que su sector presentó objeciones a la norma.
Por ahora sigue vigente la ley que prohíbe la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta ya benefició a investigados por extorsión, homicidio calificado, encubrimiento, entre otros. En diciembre pasado, 10 integrantes de la presunta organización criminal Las Hienas Verdes fueron liberados por esa disposición legal.
De presentarse las observaciones en las próximas horas, estas ingresarán por mesa de partes del Congreso, luego pasarán a la Oficialía Mayor y finalmente serán derivadas a la Comisión de Justicia del Congreso, liderada por el parlamentario Isaac Mita (Perú Libre).
Críticas
Tras el anuncio de Adrianzén, la bancada de Renovación Popular adelantó que solicitará la realización de un pleno extraordinario del Congreso para que la ley se apruebe por insistencia.
“El grupo parlamentario Renovación Popular rechaza enérgicamente la actitud del Ejecutivo de observar – en el último día de plazo – la autógrafa de ley. […] La no promulgación de la norma beneficia a todos los delincuentes por organización criminal, extorsión, secuestro, violación, tráfico de drogas y otros, que sean descubiertos en no flagrancia”, señaló mediante un comunicado.
Para que se convoque a una sesión extraordinaria del pleno se requiere que al menos las tres quintas partes de los congresistas lo soliciten por escrito; es decir, por lo menos 78 legisladores respalden la medida.
La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) acusó al Ejecutivo de entorpecer la acción judicial.
“¿Es en serio que van a observar la ley de detención preliminar? ¡Obstaculizan la justicia! ¿A quién protege Dina Boluarte? Espera la fecha límite para devolverla observada. Mesa Directiva debe convocar de urgencia un pleno extraordinario”, dijo.
Alejandro Muñante, también de Renovación Popular, consideró que “el gobierno se coloca al lado de la criminalidad organizada al observar en el último momento la ley que buscaba restituir la detención preliminar”.
“¿A quién protegen? ¿Con qué moral dicen luchar contra la delincuencia?”, añadió.
La parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) señaló que “a este gobierno no le interesa luchar contra la delincuencia, la protege y la defiende”.
El legislador Juan Burgos (Podemos Perú) consideró que la observación de la autógrafa es “otro acto inmoral que evidencia” la postura del gobierno “pro corrupción y criminalidad”.
Por último, el legislador Héctor Acuña (Honor y Democracia) añadió que la impunidad y el incremento de la delincuencia son resultados de la obstinación de los gobernantes de turno que priorizan sus intereses personales sobre el bienestar de la población.
