El Poder Ejecutivo aprobó hoy el reglamento de la Ley N.° 32213, que establece la rectoría y amplía el plazo del proceso de formalización minera integral en la pequeña minería y minería artesanal. La aprobación se dio mediante el Decreto Supremo N.° 009-2025-EM, publicado en el diario oficial El Peruano.
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Este reglamento, compuesto por tres capítulos, 12 artículos, seis disposiciones complementarias finales, tres transitorias y tres modificatorias, establece que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ejercerá la rectoría de dicha actividad sin superposición con otras entidades del Estado.
Una de las principales herramientas contempladas en la norma es el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), que permitirá supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados. Este sistema busca ser una plataforma conectada con las entidades del Estado para facilitar la identificación de incumplimientos y asegurar una formalización efectiva.
El SIPMMA será administrado por la Dirección General de Formalización Minera del Minem, que además elaborará las directivas necesarias para su funcionamiento, interconexión con otras bases de datos y cumplimiento del marco legal vigente. El acceso a este sistema estará segmentado: las autoridades tendrán acceso total, los titulares mineros podrán consultar sus datos y expedientes, y el público podrá acceder a información estadística.
En cuanto a los trámites administrativos, la norma establece que estos serán gestionados por el Minem, aunque se permitirá que gobiernos regionales, mediante convenios específicos, colaboren en funciones relacionadas al proceso de formalización, previa evaluación de planes de trabajo y habilitación presupuestal.
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Asimismo, se implementará el Sistema de Ventanilla Única, que busca agilizar los procedimientos del proceso de formalización, desde el registro hasta la autorización para operar.
Finalmente, el Minem publicará en su sede digital la relación de personas que hayan culminado con éxito el proceso de formalización minera integral, indicando el nombre del titular autorizado, el número de resolución correspondiente y los beneficiarios autorizados.
Promulgada pese a alertas sobre minería ilegal
En diciembre del año pasado, la presidenta Dina Boluarte promulgó —sin observarla— la Ley N.° 32213, aprobada por el Congreso, que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 30 de junio del 2025, con la posibilidad de prorrogarlo por seis meses adicionales. Esta decisión fue tomada en medio de fuertes presiones de gremios de mineros informales, pese a los cuestionamientos de diversos sectores y organismos especializados que advierten que el Reinfo se ha convertido en una puerta abierta para actividades de minería ilegal y delitos conexos. El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, ya había anticipado que el Ejecutivo no presentaría objeciones a la norma.
El relator especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, señaló en una entrevista con El Comercio que el Reinfo “genera desprotección de derechos, fomenta la impunidad y el crimen organizado”. Además, advirtió sobre los graves efectos del uso de mercurio en la pequeña minería y minería artesanal, y cuestionó que este mecanismo siga eximiendo de responsabilidad penal a quienes lo emplean, calificando al registro como una “ficción legal”. La ley fue publicada el 27 de diciembre en el boletín de normas legales de El Peruano, con las firmas de Boluarte y del entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Pese a las críticas, el Ejecutivo continuó con la implementación de la ley y este 18 de mayo aprobó el reglamento correspondiente mediante Decreto Supremo N.º 009-2025-EM. El reglamento refuerza el papel rector del Ministerio de Energía y Minas en la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, establece herramientas como el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) y la Ventanilla Única, y define los procedimientos que deberán seguir los inscritos en el Reinfo para completar su proceso de formalización, en un contexto en el que persisten dudas sobre la efectividad y el control real de esta política pública.
