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El gobierno de Dina Boluarte desactivó el jueves último el grupo exclusivo de policías que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
La medida se materializa con una resolución firmada por el ministro del Interior, Walter Ortiz. Esta ordena dejar sin efecto la conformación del equipo que estuvo a cargo del coronel PNP Harvey Colchado desde su creación, en julio del 2022, hasta abril pasado, cuando Colchado fue suspendido de forma temporal.
El equipo policial había quedado a cargo de coronel PNP Franco Moreno Panta. Estaba conformado por efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Dirección Antidrogas (Dirandro).
La desactivación se sustenta en una presunta duplicidad de funciones.
De acuerdo con la resolución, se detectó “la existencia de duplicidad de funciones, esfuerzos y medios” del equipo especial y la Diviac. El gobierno señaló que ambos “vienen ejecutando acciones de inteligencia e investigación contra organizaciones criminales a nivel nacional”.
Luego, el Ministerio del Interior informó mediante un comunicado que ha dispuesto el inicio de investigaciones contra quienes resulten responsables de la creación del equipo especial policial.
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El ministerio aseguró que la resolución que oficializó la creación de ese equipo, en el 2022, no contó previamente con un dictamen del área de asesoría jurídica de la PNP ni un informe técnico de la División de Modernización y Desarrollo Institucional. Añadió que ambas “constituyen unidades orgánicas cuyas opiniones eran imprescindibles” para la emisión de una resolución “que modificaba la organización y funcionamiento de la estructura policial”.
La resolución en mención fue firmada por el otrora ministro del Interior Mariano González.
De acuerdo con el gobierno, la comandancia general de la PNP dispondrá “acciones que resulten necesarias para dar continuidad al apoyo que se viene brindando” al Eficcop, a cargo de la fiscal superior Marita Barreto.
Casos en curso
El equipo de policías apoyaba al Eficcop en investigaciones reservadas que involucran a personajes vinculados a las más altas esferas del poder, como Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta; los exasesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el entorno del expresidente Martín Vizcarra, entre otros.
En abril pasado, colaboró con el Eficcop en la detención preliminar de Miguel Girao y Abel Hurtado, exasesores de Benavides; y otros cinco investigados por presunta organización criminal y otros delitos.
En tanto, en enero último, apoyó en la detención preliminar de exfuncionarios de Provías Descentralizado (PVD) y un empresario, como parte del operativo del denominado Caso Los Intocables de la Corrupción. Este está relacionado a presuntas licitaciones fraudulentas en el PVD durante el gobierno de Vizcarra.
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La fiscal Barreto advirtió en abril pasado que el Eficcop y el equipo especial de policías sufren venganzas del “poder corrupto”.
Ese mismo mes, la PNP suspendió a Colchado de la jefatura de la Diviac y la coordinación del equipo especial. Ello como parte de un proceso disciplinario que le abrió por mostrar la foto de su torta de cumpleaños, cuyo diseño podría referirse al allanamiento a la casa de la presidenta, que estuvo bajo su cargo.
Luego, la Inspectoría de la PNP buscó ingresar a las oficinas que tiene el equipo especial de policías en el Ministerio Público para “realizar acciones de control administrativo”.
“Boluarte busca impunidad”
En opinión de Mariano González, la desactivación del grupo especial de policías tiene como objetivo lograr la impunidad en graves casos de corrupción que alcanzan a la presidenta.
“Lo que está buscando Dina Boluarte es impunidad para ella, su entorno político y familiar. Deja al Eficcop sin todo el soporte que le da el equipo especial en las investigaciones”, dijo en diálogo con El Comercio.
González añadió que la medida es bien recibida por un sector del Congreso. “Lo que hay es un pacto tácito entre el gobierno y muchas otras personas investigadas. Un pacto tácito por la impunidad. Los congresistas, al igual que todos los aforados, son investigados por la Fiscalía de la Nación, pero no olvidemos que el soporte en las carpetas fiscales vinculadas a hechos de corrupción lo ha dado el Eficcop”, dijo.
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El Eficcop maneja la hipótesis que diversos congresistas aceptaron votar a favor de los intereses de Patricia Benavides, a cambio de que el Ministerio Público archive investigaciones en su contra.
Además, el Comercio reveló que, de acuerdo con la declaración de un testigo protegido al Eficcop, un congresista implicado en el Caso ‘Los Niños’ ofreció su voto a a favor de Boluarte y pagó a su exasesora Grika Asayag S/ 5.000 en efectivo a cambio de que una empresa recomendada suya sea proveedora del programa social Qali Warma.
“Acto de hostilidad y agresión”
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado agregó que la decisión del gobierno “ debe considerarse como un acto de hostilidad y agresión a las acciones que desempeña el Ministerio Público”.
Maldonado aseveró que se trata de una decisión muy grave, “una torpeza del gobierno que va a repercutir adversamente en la credibilidad y la confianza internacional” en el país.
“El gobierno afecta su imagen, su credibilidad internacional, causa un grave daño y genera un obstáculo a las acciones de investigación que conduce el Ministerio Público”, dijo en diálogo con El Comercio.
En opinión de Maldonado, la medida del gobierno no será sostenible en el tiempo, aunque ahora genere la simpatía “de un Congreso cómplice y tránsfuga, cuya voluntad y consciencia ha sido pagada con el presupuesto asignado recientemente por el Ejecutivo”.
“Esta medida torpe puede caer bien al Congreso, pero en el mediano plazo no es sostenible. Generará acciones de inconstitucionalidad y espero que reacciones del Ministerio Público”
Para Maldonado, el gobierno de Boluarte ha creado un estado paralelo al estado de derecho, dispone impunemente de los fondos públicos para congraciarse con el Congreso o los gobiernos regionales y toma una acción que “está dirigida a socavar el funcionamiento efectivo del sistema de administración de justicia”.
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