jueves, febrero 5

El Gobierno autorizó cubrir la defensa legal del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, en la investigación preliminar que afronta ante la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, ambos en agravio del Estado.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 000005-2026-DP/SSG, emitida el 4 de febrero de 2026, en la que se declara procedente el beneficio de derecho de defensa y asesoría legal, conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil y su reglamento.

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Según el documento, la solicitud fue presentada el 29 de enero de 2026 y está vinculada a la Carpeta Fiscal N.° 15-2026. En esta, la Fiscalía de la Nación dispuso “INICIAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR contra JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ, como presunto AUTOR del delito contra la administración pública en la modalidad de PATROCINIO ILEGAL (…) y por el delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS”.

La Oficina General de Asesoría Jurídica concluyó que el mandatario cumplió con los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en la directiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), sin que se adviertan causales de improcedencia para el otorgamiento del beneficio.

La resolución precisa que el beneficio se limita a la etapa de investigación preliminar y que los gastos serán asumidos con cargo al presupuesto del Despacho Presidencial, “sin demandar recursos adicionales al tesoro público”, y conforme a la disponibilidad presupuestal de la entidad.

La investigación fiscal se enmarca en diligencias realizadas el pasado 30 de enero, cuando el presidente rindió declaración ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

El interrogatorio abordó reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, así como un encuentro ocurrido el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante de San Borja y los ingresos de este último a la sede del Ejecutivo.

También se evalúa el ingreso del mandatario, el 6 de enero de 2026, a un local de la empresa Market Capón S.A.C., que había sido clausurado horas antes por la Municipalidad de Lima.

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