Miércoles, Diciembre 18

El pasado 14 de diciembre se emitió en el diario oficial El Peruano el decreto supremo que oficializaba una promesa dada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a los alcaldes distritales: la dotación de recursos económicos que su cartera no utilizaría. El monto a disponer es de 21 millones 697 mil soles entre 14 distritos (13 de ellos en estado de emergencia).

Si bien el decreto con la autorización del monto se emitió el sábado 14, recién el lunes 16 se emitieron los anexos con el monto detallado que recibiría cada distrito. La distribución va desde S/ 406 mil (para San Luis) hasta S/ 1 millón 912 mil (para Independencia).

Distrito en estado de emergencia Alcalde Transferencia que recibirá del gobierno para seguridad ciudadana
Independencia Alfredo Reynaga S/ 1′912.428
San Juan de Lurigancho Jesús Maldonado S/ 1′905.152
Rímac Néstor de la Rosa S/ 1′904.000
Ate Franco Vidal S/ 1′843.429
Puente Piedra Rennan Espinoza S/ 1′832.066
Comas Ulises Villegas S/ 1′801.140
Ventanilla (Callao) Jhovinson Vásquez S/ 1′548.510
Ancón Samuel Daza S/ 1′530.139
Carabayllo Pablo Mendoza S/ 1′512.160
Los Olivos Felipe Castillo S/ 1′503.900
Villa El Salvador Guido Iñigo S/ 1′468.239
Lurigancho (Chosica) Oswaldo Vargas S/ 1′331.961
Santa Rosa George Robles S/ 1′198.140
San Luis Ricardo Pérez S/ 406.450

El alcalde Rennan Espinoza, líder de la Mancomunidad de Lima Norte, advirtió que los municipios en estado de emergencia apenas tendrían siete días hábiles para ejecutar el presupuesto dado para la seguridad ciudadana. De lo contrario, este dinero sería revertido al erario nacional.

“Encima existe un riesgo debido a que se dice que el presupuesto debe ser para seguridad nacional. Podría interpretarse que eso implica a la seguridad ciudadana, pero por mi experiencia, esto luego podría ser objetado”, refirió el alcalde de Puente Piedra a El Comercio.

Espinoza indicó que, por los montos y por el tiempo, los alcaldes tienen 3 caminos: una compra muy específica (como camionetas, cámaras), realizar compras menores a 8 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) de elementos como chalecos antibalas, armas no letales autorizadas y otros productos para serenazgo, o buscar que el MEF amplíe el plazo de ejecución hacia enero de 2025.

Ante el corto periodo de tiempo para ejecutar, el alcalde Espinoza ha dispuesto gastar el presupuesto en uniformes para serenazgo, coderas y rodilleras, linternas, cordones tácticos, bastones tonga y chalecos antibalas. Esto es lo más fácil de obtener en el mercado, dado a que la mayoría de alcaldes ya han realizado este tipo de compras y tienen proveedores a la mano.

Los criterios del Mininter

En los anexos de las transferencia figuran 14 distritos como los beneficiados: 13 de ellos en estado de emergencia y San Luis. En 2023, el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, había pedido que la medida del estado de emergencia se extienda a todos los distritos de la capital.

San Martín de Porres es uno de los distritos que se encuentran en estado de emergencia, pero su alcalde Hernán Sifuentes rechazó el beneficio la transferencia del Ministerio del Interior por las condiciones del corto plazo dado y por ser una entrega tardía. Sifuentes ha sido crítico con el gobierno por la falta de estrategia, pues acusó que la declaratoria se dio sin comunicación o reunión previa con las autoridades locales. Es por ello que los operativos conjuntos (Serenazgo, Policía y Fuerzas Armadas) en su distrito no se dieron hasta la quincena de octubre.

En 2023, el distrito de San Martín de Porres quiso alquilar nuevas unidades para patrullaje, pero el proceso fue declarado desierto por no tener ofertas. “El estado de emergencia fue decretado en setiembre, pero el presupuesto fue transferido recién a mediados de noviembre, y solo se nos dio un plazo de 40 días para contratar con ciertos requisitos y condiciones dadas por el gobierno. Ningún proveedor podía equipar en tan poco tiempo las unidades de acuerdo a los criterios que nos indicaba el ministerio y finalmente alquilar las camionetas por tan solo los 25 últimos días del año. Por ello es que el proceso quedó desierto”, explicó el alcalde Hernán Sifuentes en una entrevista a El Comercio.

“El presupuesto fue transferido tardíamente. El Ministerio de Economía se demoró una eternidad y nos hizo correr con los procesos. Hay que ser muy cuidadoso cuando se hace un proceso de licitación de contratación de alquiler en el Estado. Creo que los requerimientos estaban, los criterios estaban bien dados; sin embargo, el plazo para de la transferencia fue demasiado tardío”, anotó Sifuentes.

Este Diario consultó a otros municipios en estado de emergencia sobre el uso que le darían al presupuesto adicional transferido para este cierre de 2024, y la mayoría refirió que estaban en evaluación según los marcos establecidos en el decreto emitido por el gobierno.

Municipalidad en estado de emergencia Presupuesto Institucional Modificado 2024 – Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana Ejecución presupuestal a diciembre 2024
Carabayllo S/ 15′026.528 91,0%
Villa El Salvador S/ 26′703.292 87,6%
San Luis S/ 4′200.321 85,1%
Lurigancho (Chosica) S/ 19′988.249 83,1%
Puente Piedra S/ 27′156.669 82,8%
San Juan de Lurigancho S/ 56′486.821 82,5%
Comas S/ 25′299.881 81,8%
Los Olivos S/ 16′439.525 77,3%
Ancón S/ 1′824.254 77,2%
Independencia S/ 11′798.287 77,1%
Ventanilla (Callao) S/ 21′548.510 71,6%
Ate S/ 43′603.336 61,1%
Rímac S/ 6′322.390 47,2%
Santa Rosa S/ 2′111.546 33,9%

Un detalle a tener en cuenta es el nivel de ejecución de los gobiernos locales. En materia de seguridad ciudadana, solo el distrito de Carabayllo supera el 90% de ejecución a menos de 15 días para el cierre de 2024.

Mientras que Rímac y Santa Rosa -los dos últimos distritos incluidos dentro del marco de estado de emergencia- han ejecutado menos del 50% de su presupuesto para seguridad al cierre de 2024. El alcalde del Rímac, Néstor De la Rosa, ha dejado de ejecutar más de S/ 3 millones y el alcalde de Santa Rosa, George Robles, cierra el año sin haber gastado más de S/ 1 millón.

Entre las 43 gestiones municipales de Lima, no han gastado más de S/ 161 millones en la partida para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.

En el 2019, un grupo de fotógrafos de El Comercio inició una cobertura exclusiva de todos los asesinatos ejecutados por sicarios en Lima. La información obtenida ahora es capaz de revelar, por sí sola, los días, horas, modus operandi, el nivel de salvajismo y otros datos del perfil de estos criminales por encargo. Una radiografía del nuevo sicario limeño es revelada por quienes -en la mayoría de casos- llegan primero a la escena del crimen, siempre antes que la fiscalía, y a veces, incluso, antes que la policía y propios familiares.
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