El gobierno de Dina Boluarte aseguró este domingo que no retrocederá en su decisión de ampliar al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre para 31 mil mineros y de excluir más 50 mil registros del mismo. La postura fue manifestada en medio de una serie de protestas de gremios de mineros informales contra esa decisión, derivadas del Decreto Supremo 012-2015 del pasado 29 de junio y en una resolución directoral del Ministerio de Energía y Minas (Minem) del último viernes.
En una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte remarcó que, como parte de la lucha contra la minería ilegal, el proceso de formalización minera solo seguirá, hasta diciembre próximo, para los que tengan un registro vigente en el Reinfo y para aquellos cuya inscripción esté suspendida por un año como máximo.
Newsletter Mientras Tanto
LEE TAMBIÉN | El retorno de ‘Juanjo’, una crónica de Fernando Vivas
“Continuarán su proceso de formalización 31,560 registros y quedan excluidos 50,565 registros por no realizar actividad minera o no tener la documentación al día”, dijo la mandataria. “Estas normas buscan ordenar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, separando al minero en proceso de formalización de aquel minero que no ha cumplido con los requisitos para formalizarse”.
Dina Boluarte sostuvo que, de los 50 mil excluidos, “hay 45 mil que llevan más de cuatro años incumpliendo las condiciones básicas para ingresar a la formalización, incluso algunos de ellos estarían realizando prácticas ilícitas”. “Ordenar esta actividad es fundamental (…) Apostamos por la legalidad y la formalidad, no daremos un paso atrás en este objetivo, no cederemos a presiones, menos a chantajes», aseguró.
Añadió que detrás los 50 mil registros excluidos estuvieron personas que “han ido traficando durante muchos años con esos registros ilegales”. “A esos ciudadanos les decimos: incorpórense a esta formalización de una minería legal, que respete el medio ambiente y que respete la vida. No vamos a permitir que ocurran más situaciones como la que ha ocurrido en Pataz”.
Al final de su pronunciamiento, pidió a quienes “han optado por una protesta sin justificación” en torno a este tema que respeten “el libre tránsito de los peruanos, la propiedad pública y privada”.
“Hay algunos líderes en frentes de defensa o algunos políticos que, aprovechando esta situación (…) estos pseudo dirigentes, líderes, nuevamente quieren confundir a alguna parte de la población peruana con ambiciones o apetitos eleccionarios. A estos señores que se hacen llamar líderes: sean un poco más serios en el papel que tienen, no pueden estar llamando a la población con mensajes falsos”, concluyó.
Dina Boluarte estuvo acompañada en su conferencia por los ministros Jorge Montero (Energía y Minas), Carlos Malaver (Interior) y Walter Astudillo (Defensa); y por el jefe del gabinete, Eduardo Arana. Este último advirtió que hay informales “que no cumplen la ley” y que algunos de estos buscan “presionar” al Ejecutivo y al Congreso, alegando que están en contra de ellos o limitando su trabajo.
“Eso no es cierto y de ninguna manera vamos a permitir que algunos pocos quieran presionar al Congreso o al Ejecutivo para derogar las normas, porque esto permite que la informalidad degenere en actos contra la ley. Exhortamos al Congreso para que la próxima Ley MAPE beneficie, evidentemente, a los mineros, pero que beneficie sobre todo a la ciudadanía”, sostuvo el presidente del Consejo de Ministros.
Nueva Ley MAPE debe ser vista en próxima legislatura
En la misma conferencia, el titular del Minem aseguró que el proceso de formalización para los 31 mil que siguen en el Reinfo tiene cinco pasos:
1. Completar todos los documentos necesarios para la formalización.
2. Lograr contratos de explotación con los titulares de concesiones y concretar acuerdos para el acceso a la superficie.
3.Iniciar de manera gradual la formalización laboral de todos los trabajadores de operaciones mineras a pequeña escala y artesanales, con seguridad y salud ocupacional.
4. Promover mejoras normativas para impulsar la formalización de la mayor cantidad posible de pequeños mineros y mineros artesanales.
5. Integrar a todas las operaciones mineras a pequeña escala formalizadas al nuevo Fondo Minero para tener acceso a incentivos económicos y técnicos muy importantes: líneas de crédito a tasas de mercado preferenciales, canales de comercialización seguros y con mejores precios, y asistencia técnica para mejorar las operaciones mineras y la recuperación metalúrgica en planta.
Luego, en respuesta a una pregunta de la prensa, dijo que no asistió a una citación para el pasado 19 de junio hecha por el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez, porque se la hicieron con un solo día de anticipación. Además, porque respetan la decisión que aprobó días antes ese mismo grupo de trabajo para que la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) sea visto en la próxima legislatura. Ello implicaría que tenga una composición y un presidente distintos.
“Somos respetuosos de la democracia. En la Comisión de Energía y Minas se votó la cuestión previa de continuar el debate de esta compleja ley, que reemplazará a la del 2002, en la siguiente legislatura. Nos parece correcto que una ley de esa naturaleza, que va a regir la actividad de la pequeña minería y minería artesanal por los próximos 20 o 30 años en el Perú, se debata a profundidad, de una manera técnica (…) Nosotros fuimos respetuosos también de esa decisión que se tomó en la comisión”, dijo.
Por su parte, el ministro del Interior remarcó que respetarán el derecho a la protesta siempre que se ejerza “sin desmanes ni bloqueos que perjudiquen”. En esa línea, indicó que se han desplegado policías en Lima, Ica, Cusco, Arequipa y La Libertad para “realizar labores de prevención, control y orden durante las protestas, priorizando siempre el diálogo”
“Desde la PNP aseguramos el derecho al libre tránsito, salvaguardamos la propiedad pública, así como la integridad de todas las personas, sin buscar enfrentarnos (…) No permitiremos que se avance en medio del caos y la violencia, actuaremos dentro del marco legal, dentro del irrestricto respeto a los derechos humanos, pero con firmeza y decisión”.
Posturas
La decisión del Ejecutivo de ampliar el Reinfo ha sido ampliamente criticada, pero la decisión de excluir a los 50 mil registros anunciados sí ha sido considera positiva por expertos. Sin embargo, los mismos advirtieron que ahora se debe poner atención en que los que siguen en el proceso realmente cumplan con formalizarse y, sobre todo, en la presión que puedan ejercer los mineros informales sobre el Congreso para que se emita una Ley MAPE que, en la práctica, sea una extensión del Reinfo.
Para César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, en realidad el gobierno está “zafando cuerpo” de la presión de los mineros informales, para luego acatar sin observaciones lo que decida el Congreso sobre la Ley Mape. “No es casualidad que incluso un día antes que salga la resolución directoral (que excluye a los 50 mil) los mineros protestantes se mudaron del Minem al Congreso. Esto lo sabe perfectamente el Ejecutivo: todo esto ya está en manos del Congreso. Vamos a ver cómo toman ellos esto”, declaró a El Comercio.
El abogado añadió que es evidente que la presión caerá, en particular, sobre el presidente saliente de la Comisión de Energía y Minas para que el dictamen de la Ley MAPE sea aprobado antes de la renovación de comisiones que vendrá en agosto con la nueva legislatura. En relación con eso, recordó que Gutiérrez ya convocó a una sesión para el martes.
“Los mineros han centrado su protesta en el Congreso y el Ejecutivo se manifiesta o se presenta valiente, enérgico, diciendo esto, porque en la práctica este quien va a tener que asumir ahora el rol es el Congreso (…) Van a presionar para acelerar la discusión de esa Ley MAPE, que tiene todas las deficiencias y nos llevará a una situación peor todavía, Y si se aprobase esa ley, dudo que el Ejecutivo pueda siquiera observarla».
Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, indicó que «es positivo que el gobierno no dé marcha atrás en el sentido de que hay que excluir a los 50,000 que están suspendidos por más de un año”. “Eso es fundamental decirlo: no están excluidos porque se les quiere excluir, sino porque en reiteradas ocasiones se le ha dado incluso ampliaciones para que se pongan a derecho, para que pasen de suspendidas a vigentes, y muchos de ellos no lo han querido hacer”, resaltó.
Consideró que también es positivo que “el gobierno haya dicho, básicamente, que ahora le toca al Congreso rechazar el (actual) predictamen de la ley MAPE y luego vendrá la nueva legislatura y formar una nueva comisión para poder establecer un nuevo debate sobre esta ley”. “(Paul Gutiérrez) está como loco para poder sacar la ley ahora (…) Eso es imposible: esa comisión no tiene legitimidad para hacerlo”, añadió.
El especialista añadió que, aun así, hay problemas por resolver con los mineros informales que siguen el Reinfo y que “nada garantiza que ellos se vayan a formalizar”. Por ello indicó que serían ellos los más interesados en presionar al Congreso para que la nueva Ley Mape, tal como la plantea el cuestionado predictamen actual, salga lo más rápido posible.
