Un terremoto al interior de Petro-Perú ha ocasionado la publicación en el diario El Peruano del decreto de urgencia (DU 010-2025) que reorganiza y divide los activos de la empresa estatal en “uno o más bloques patrimoniales autónomos”, incluyendo a nueva la Refinería de Talara.
La norma, aprobada hoy por la tarde en el Consejo de Ministros, busca asegurar la sostenibilidad operativa y financiera de Petro-Perú, así como “mejorar su gobernanza y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles”.
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Petro-Perú
Esto, debido a su crítica situación financiera, que configura “un riesgo cierto e inmediato para la operatividad del sistema de refinación, transporte y comercialización de combustibles”, circunstancia que justifica la “adopción de mecanismos excepcionales de intervención estatal, de carácter temporal y extraordinario”.
Para las federaciones de trabajadores de la petrolera estatal se trata, empero, de un mecanismo que “descuartiza a Petro-Perú”, por lo que instan a sus bases a oponerse a su puesta en vigor.
Sobre todo, porque dicha reorganización viene aparejada con el despido de personal, según establece la Cuarta Disposición Complementaria del DU.
Al respecto, la norma dispone que “en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente norma, el Directorio de PETROPERU S.A. apruebe una nueva estructura orgánica y las medidas que permitan implementar las acciones de reconversión y reducción de personal que den soporte a la misma, en el marco de la presente norma”.
Para ello propone aplicar la extinción del contrato de trabajo al amparo del TUO del Decreto Legislativo 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el cual indica que la terminación de la relación laboral se puede materializar por causa objetiva.
“En los casos considerados como causas objetivas, el marco legal vigente establece que el empleador (en este caso, Petroperú S.A.) notificará de tal medida a los trabajadores afectados por el cese y pondrá a su disposición los beneficios sociales que por ley puedan corresponderles”, detalla la norma.
Precisamente, para cumplir con el pago de estos beneficios, el DU autoriza un aporte de capital de S/240 millones durante el año fiscal 2026, con cargo a los recursos del Ministerio de Energía y Minas.
De acuerdo a fuentes consultadas por este Diario, el objetivo deseado por el Gobierno es despedir hasta el 40% del personal de la empresa.
El DU también autoriza la transferencia a ProInversión de hasta S/144 millones para “la ejecución de las acciones relacionadas con el diseño y ejecución integral de la reorganización patrimonial de Petro-Perú”, lo que demanda un despliegue de ingeniería financiera y legal de alta complejidad.
“Estos recursos permitirán implementar la reorganización patrimonial de activos estratégicos, la gestión de pasivos y la incorporación de operadores privados bajo estándares internacionales, asegurando así la continuidad operativa de PETROPERÚ S.A.”, señala la norma.
