El Gobierno de José Jerí se encuentra afinando un amplio paquete de reformas legislativas que buscará aprobar mediante un pedido de facultades al Congreso, con el objetivo de enfrentar el avance de la criminalidad en el país. La iniciativa surge en un contexto en el que los homicidios y las extorsiones continúan en niveles preocupantes, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao.
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Según relató el periodista Fernando Vivas en una crónica publicada este domingo en El Comercio, el presidente José Jerí reconoció esta semana que no puede prometer resultados inmediatos y anunció una gira nacional para abordar la inseguridad junto a diversos miembros del Ejecutivo. Las cifras disponibles hasta ahora muestran apenas una leve reducción de homicidios y un aumento sostenido de extorsiones, lo que obliga al Gobierno a replantear su estrategia.
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Consultado por los detalles, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, encargó a la Dirección General Contra el Crimen Organizado (DGCO) explicar las medidas que se incluirán en el paquete esencial de medidas legislativas que presentará el gobierno próximamente en su pedido de facultades al Congreso. Su titular, Silvia De la Cruz, detalló que la propuesta apunta a modernizar las herramientas legales con las que operan fiscales y policías.
Entre las reformas más importantes figura la modificación del Código Procesal Penal para permitir que policías especializados intervengan en audiencias de prisión preventiva como respaldo técnico del Ministerio Público, acelerando la sustentación de pruebas complejas.
Asimismo, se plantea modificar la Ley de Protección de Datos Personales para permitir el intercambio de información entre entidades públicas, bancos y gremios cuando sea necesario para prevenir delitos graves como fraudes, extorsiones o lavado, bajo estrictos criterios de confidencialidad.
El paquete también propone cambios al Código Penal, el CPP y la Ley contra el Crimen Organizado para endurecer las penas por minería ilegal, penalizar el tráfico de minerales provenientes de esta actividad y reincorporar estos delitos dentro de la Ley 30077. De la Cruz señaló que atacar la cadena completa del oro ilegal es una prioridad del sector.
En materia digital, se busca sancionar la compra, venta o tráfico de bases de datos robadas, castigando no solo a quienes las sustraen, sino también a quienes comercian con ellas. Además, se plantea crear el delito de “solicitud extorsiva”, adaptado a las nuevas modalidades de amenaza mediante llamadas, mensajes o uso de información personal sin que medie violencia física.
Otra medida clave será la creación del Fichero Nacional de Titularidades Financieras, una base centralizada para que fiscales y policías accedan a información bancaria relevante durante investigaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
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Finalmente, la propuesta incorpora el delito de revelación de información reservada por funcionario público, con el fin de evitar filtraciones que comprometan operativos o procesos judiciales.
La información completa la puedes leer en la crónica de Fernando Vivas.
