El nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, prometió “independencia e imparcialidad” en sus decisiones respecto a jueces y fiscales, así como en las sanciones que se apliquen.
Durante su discurso al asumir el cargo, admitió que la legitimidad del funcionamiento de la JNJ se basa en la calidad de sus consensos y acuerdos, y no en el “deseo individual o en algún ego entusiasta”.
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“La independencia reclama principalmente una responsabilidad inalterable con la verdad, la ética y el servicio a la sociedad. Es la sociedad precisamente la que espera que la actuación de la junta sea impenetrable a la corrupción, que intenta condicionar la decisión de los agentes públicos”, expresó.
“Por ello las disposiciones de esta junta deben ser una demostración incuestionable de compromiso con el sistema de justicia y con los valores que inspiran un estado democrático y de derecho”, agregó.
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Respecto a la imparcialidad, Ríos Patio dijo que la conciben como una “exigencia ética” y no solo con un simple estándar técnico, a fin de garantizar que sus decisiones no estén marcadas por “favoritismos, animadversiones ni intereses ajenos a la justicia”.
“La sociedad necesita y espera, merece y exige una Junta Nacional de Justicia que actúe con respeto a la Constitución, con integridad y celeridad, comunicando sus razones de manera clara y razonada”, aseveró.
“La idoneidad finalmente se verá reflejada en el criterio que emplearemos para seleccionar jueces y fiscales, para evaluarlos periódicamente, para aplicar las sanciones a que hubiere lugar y cómo no, para evaluarnos continuamente como institución”, añadió.
Finalmente, Gino Ríos prometió liderar “con firmeza y convicción” la institución en el primero tramo anual del quinquenio 2025-2030.
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“Trabajaremos denodadamente para corresponder a la confianza depositada en nosotros, asegurándose así que nuestras decisiones se mantengan siempre alineada con los principios que inspiran nuestra república y con las expectativas de la ciudadanía, la cual exige una justicia sin ribetes políticos ni instrumentalización para inhabilitar o provocar el repudio popular contra una persona”, sentenció.
