Gonzalo Rios, gerente general de Cosco Shipping Ports Chancay, se pronunció luego que el Primer Juzgado declarara fundada la acción de amparo que presentaron contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
El gerente general del puerto de Chancay indicó que el tema con Ositrán no es nuevo y que es una discusión de casi 10 años. “Ositrán pretendía contener todas las atribuciones que tiene para los procesos de subelevar bienes del Estado con puertos concesionados a un puerto privado”, mencionó en una entrevista en RPP.
Agregó que es importante identificar que la ley de puerto únicamente interviene cuando hay aspectos de competencia en discusión determinado por otra autoridad. Pero, en este caso específico, indicó que Ositrán ha cambiado de posición, ya no a que toda la cobertura, que fue el inicio del proceso judicial, debía ser igual que todos los puertos concesionados, sino únicamente al tema de protección de usuarios. “Toda la parte reguladora, de calidad de servicio, de control de diversas actividades que se ejercen para proteger un bien público, han salido de la discusión, pero el proceso judicial está”, agregó.
“En el caso de usuarios, no es que los usuarios estén desprotegidos. Este es un contrato, entre un puerto privado, como el puerto de Chancay y usuarios privados. Es decir, están sujetos a acuerdo entre las partes y por último a instancias administrativas, instancias de protección de consumidores, instancias como la Autoridad Portuaria Nacional que tiene también un área de solución de problemas con usuarios. Esto tiene un marco porque permite tener estabilidad jurídica y protección jurídica de inversiones. Nosotros hemos recurrido a esta instancia judicial y hemos recibido este primer pronunciamiento, en defensa de lo que la Constitución asegura para inversores privados”, precisó Ríos.
Respecto a lo dicho por Ositrán, que el puerto de Chancay es de uso público, Ríos precisó que no es una categoría que ellos han puesto. “Los puertos se clasifican de acuerdo a lo que la Autoridad Portuaria Nacional tiene tipificado en ley. La ley establece puertos privados de titularidad privada, es decir, dueño. Todos los puertos concesionados, por ejemplo, son de titularidad pública. Es el estado el dueño que se asocia por algún modo con un privado para su conducción y eso es una concesión. También los clasifica por su uso, de uso público o de uso privado”, explicó.
Gonzalo Rios remarcó que la ley es muy específica en identificar cuáles son las acciones que corresponden y los contratos que el Estado ha firmado con los concesionarios sobre el tipo de supervisión que tienen los terminales de titularidad pública y de uso público.
“En nuestro caso, el uso público se refiere a que el puerto está abierto a cualquier usuario y cualquier usuario tiene derecho a que se mueva su carga. Incluso la ley especifica que cuando estos puertos actúan para uso público, lo cual está autorizado hasta el 70% de su capacidad, textualmente se dice, que no deben ser supervisados ni regulados por Ositrán. La ley ya contempla cuando se hace una titularidad privada en el uso público y regula que no deben tener intervención de Ositrán”, señaló.
Sobre un régimen privilegiado para las operaciones del puerto, que menciona la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, Ríos descartó que exista uno. “El régimen al que la señora Zambrano se refería está vinculado al derecho de uso del área acuática y el área acuática efectivamente en el Perú no es producto de venta o producto de alquiler. En nuestro caso, se usa y el área a la que se refería la doctora Zambrano, es una tasa que se paga por el derecho de uso de esa área acuática. De acuerdo a los trámites legales, no constituye ningún tipo de privilegio”, explicó.
Finalmente, se refirió al pago del 1% por regulación en el puerto de Chancay. Recalcó que aún estando en oposición han realizado el aporte para no entrar en una controversia. “Lo hemos hecho bajo protesta. Posteriormente al término del proceso judicial requerimos 1% del total general de las ventas del aporte por regulación. Nosotros hemos pagado casi medio millón de dólares aproximadamente”.
