Gases tóxicos y quemaduras: los riesgos que enfrentan quienes retiran el sargazo del mar en el Caribe mexicano

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

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Por Mongabay Latam31/08/2026, 12:14 p.m. | Actualizado 31/08/2026, 12:19 p.m.

La náusea ingresa por la nariz y manda un escalofrío a todo el cuerpo. Huele como si hubieran dejado pudrir millones de huevos a la orilla del mar. Lo que debía ser una playa de arena blanca y agua turquesa en el Caribe mexicano, es una escena fétida que no solo desmiente la experiencia tropical, sino que también sirve como imagen viva de los cambios a los que sometemos al océano y a su gente.

En la costa de Quintana Roo, México, un hombre sale apresurado de una mancha de algas pardas. Lo cubren ropas delgadas y una gorra mojada. Tiene los pies descalzos, arrugados, curtidos; pocas uñas aún mantienen su lugar. Cruza la calle y devuelve el desayuno. Había estado largas horas bajo el sol, inmerso en un caldo oscuro y ácido.

En 2014, cuando la primera masa de sargazo llegó a las costas de ciudades como Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, apareció también un nuevo oficio: el recolector de sargazo o sargacero.

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Desde entonces, estos trabajadores reportan síntomas que van desde el picor intenso en todo el cuerpo, escozor, ronchas, vómitos y pérdida de vello, hasta la dificultad para conciliar el sueño e incluso para respirar.

Un estudio científico publicado en abril de 2026, documentó en tiempo real la exposición al sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que libera el alga al descomponerse y que tiene un característico olor a huevo podrido. Los resultados fueron categóricos: los recolectores de sargazo respiran niveles elevados de un gas potencialmente mortal.

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La investigación fue liderada por Rosa Rodríguez Martínez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Puerto Morelos, junto con científicos de la Universidad de São Paulo en Brasil y la Universidad de Victoria en Canadá. Las investigadoras colocaron sensores portátiles –diseñados por el Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico– a la altura del pecho de los trabajadores para monitorear cuánto gas respiran durante su jornada laboral.

El límite legal para una jornada de trabajo de ocho horas es de una parte por millón: una molécula de sulfuro de hidrógeno por cada millón de moléculas de aire. Parece poco, pero el gas es tan tóxico que la ley no permite más. Los sensores registraron que casi la mitad de la jornada –el 46.3 % del tiempo– los trabajadores respiraron por encima de ese límite, con picos de hasta 50.8 ppm. Más de cincuenta veces lo permitido. Rodríguez resume el riesgo en una imagen: “No es lo mismo que te pique una abeja a que te piquen cincuenta”.

Al descomponerse en la orilla, el sargazo se vuelve un riesgo laboral y de salud pública, advierten las científicas, y los esfuerzos de gestión, agregan, no son suficientes para proteger a los ecosistemas ni a las personas que ponen el cuerpo frente a la crisis. “Existe una necesidad urgente de aplicar la normativa mexicana mediante protocolos de prevención, monitoreo continuo y equipo de protección para salvaguardar la vida de los trabajadores”, señala el estudio.

Mientras los arribazones -acumulaciones masivas de algas- rompen récords cada temporada, la salud de quienes los recogen se pierde entre la necesidad de trabajo y la precariedad del mismo. Se espera que este año se alcance un nuevo récord, no solo en cantidad de sargazo, sino también en biomasa acumulada en descomposición.

Camino por la orilla de una playa en Quintana Roo buscando trabajadores que quieran hablar. Me acerco cortés, algunos responden a los buenos días, pero no más. Tras varios intentos infructuosos voy notando que mi presencia incomoda. La mayoría no me regresa la mirada o lo hacen con desconfianza. Nadie quiere ser visto conmigo. Finalmente uno accede:

—¿Les avisan de los riesgos cuando los contratan? -pregunta Mongabay Latam.

—Nada. Solo te preguntan si aguantas el trabajo rudo, dice un sargacero con 10 años de experiencia.

—¿Es riesgoso?

—Es el trabajo y hay que hacerlo. Si no, no hay qué comer.

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El sargazo no es nuevo en el mar. Cuando Cristóbal Colón cruzó el Atlántico en 1492, describió en su diario las masas de hierba flotante que cubrían el agua de un mar al que marinos portugueses posteriormente bautizaron como el Mar de los Sargazos. Allá fuera, el alga es un edén: flota formando islas móviles que dan refugio a tortugas, peces y aves. Lo nuevo es la magnitud y la presencia prolongada en las costas del Caribe.

Para Rosa Rodríguez, el sargazo es la cuenta que el océano nos pasa de vuelta. “El mar está agarrando toda la porquería que le echamos y nos la regresa como diciendo: ‘Toma, quédate con tu porquería, a ver qué haces’”. Lo que ella expresa como metáfora tiene un sustento medible.

El científico Brian Lapointe, investigador oceanográfico de la Universidad de Florida, sostiene que “el sargazo es un barómetro de cómo los humanos estamos alterando los ciclos de nitrógeno del planeta”. Ambos se refieren al exceso de fertilizantes y aguas residuales que vertemos al mar y que el alga absorbe fácilmente; y al cambio climático, que aumenta la temperatura y modifica las corrientes.

Ciencia e intuición coinciden en quien lo vive a diario: “Creo que la naturaleza ya nos está cobrando factura, por la contaminación que le meten al pobre mar”, dice un sargacero que prefiere mantener anónima su identidad.

En 2011, imágenes satelitales detectaron en el Atlántico Tropical una masa sin precedentes. En 2014, una porción monumental alcanzó por primera vez las costas del Caribe mexicano y desde 2018 los arribazones dejaron de ser excepción para volverse rutina. “Normalmente había años altos y años bajos que se intercalaban”, explica Rodríguez. “Ahora, como vimos en 2025, el crecimiento es exponencial.”

El afloramiento de 2025 fue el más grave registrado. Entre enero y agosto de ese año, se estima que la biomasa dentro del mar mexicano pesó 3.4 millones de toneladas: más del doble de las 1.4 millones de 2022, el récord anterior. Y “en 2026, mes a mes se van rompiendo los récords de 2025”, señala Rodríguez. “Esto es muy preocupante, porque nos está diciendo que va en aumento y que va a continuar por un buen tiempo”, advierte.

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En la conferencia matutina del 30 de julio pasado, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, puso cifras a ese salto. La funcionaria afirmó que en lo que va del año ha llegado cuatro veces más sargazo que en 2025 y 27 veces más que el promedio histórico. La causa, explicó, es la misma que señalan los científicos: el exceso de nitratos y fosfatos provenientes de la agricultura industrial, que fertilizan el alga en el Atlántico tropical.

Recolectar sargazo es una faena ingrata. En algunas playas hay maquinaria pesada, pero son la excepción; casi todo se hace a mano, con rastrillos y carretillas, en cuadrillas de unos seis recolectores y un supervisor. Sigo de cerca a una en movimiento. Me presento y pregunto si alguien quiere hablar del oficio. El grupo me ignora y sigue avanzando al rayo del sol. Al cabo de unos metros, una sargacera se separa y comienza a peinar con su rastrillo una mancha de algas cerca de mí. Me da menos de un minuto, bajo promesa de anonimato: “Recogerlo todo es imposible, porque es mucho, es mucho volumen, de verdad”.

Antes de los arribazones, Rodríguez estudiaba la ecología de los arrecifes coralinos. Desde que el fenómeno irrumpió en el Caribe, sus días, sus noches y sus años se los lleva el sargazo. Dedica su vida a entender sus efectos en los ecosistemas y, ahora, también en las personas. “Lo que más me impacta es que la gente aguante tantas horas en esas condiciones”, dice.

“Una vez pasábamos cerca de las montañas de sargazo y sentí una picazón terrible en las piernas. Pregunté: ‘¿Qué hay? ¿Moscos?’. Y un sargacero me dijo: ‘No, es el sargazo’. Medimos: veinte partes por millón. Es sorprendente que aguanten, pero es porque tienen la necesidad y porque en su mayoría no están informados de los riesgos. Les preguntas: ‘¿Alguien te ha dicho a qué te expones?’. Pocos saben.”

Ramiro lleva casi 20 años limpiando playas en Quintana Roo. Ese no es su nombre real, es un pseudónimo. Trabaja en chanclas y shorts, entra y sale del agua marrón. Tiene las piernas calvas; su piel curtida está surcada por cicatrices de quemaduras. Las uñas teñidas de un marrón amarillento. Acaba de volver de varias semanas incapacitado y sin paga, con la piel llagada por el alga podrida. Regresó a la orilla como pudo, porque no tuvo otra opción. Habla con la mirada clavada al suelo, sin parar de recoger.

Como parte del estudio, las investigadoras aplicaron un cuestionario de salud a 32 sargaceros (26 hombres y 6 mujeres) para conocer los síntomas físicos percibidos tras comenzar en el oficio. Más de la mitad de quienes respondieron el cuestionario -el 53 %-, validado por un comité de ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reportaron un deterioro en su salud.

Los malestares más frecuentes son dermatológicos y neurológicos. El 45 % reportó dolores de cabeza, quemaduras en la piel y prurito: esa sensación de picor intenso, escozor u hormigueo que provoca un deseo incontrolable de rascarse. Le siguen la dermatitis y la fatiga (37.5 %); la irritación ocular y las náuseas (28.1 %); la congestión nasal y la urticaria (21.9 %); la irritación de garganta y la dificultad para respirar (18.8 %).

Entre el 12 % y el 16 % describe vómitos, irritabilidad e infecciones en la piel. En términos de salud mental, el 6.3 % reporta ansiedad e insomnio. En los casos más extremos los trabajadores pierden el vello de las piernas y hasta las uñas de los pies debido al ácido sulfhídrico, el mismo compuesto monitoreado, pero disuelto en agua.

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El sulfuro de hidrógeno proveniente de algas en descomposición no es un riesgo teórico, ya cobró vidas en otras costas. En Bretaña, al noroeste de Francia, otra alga se descompone en proporciones masivas, igual que el sargazo, y libera el mismo gas. Allá, en 2009, se le atribuyó la muerte de un obrero que, como Ramiro, las recogía. A pesar de ello, a Ramiro solo el anonimato le protege el rostro:

—¿No les dan mascarillas? -pregunta Mongabay Latam.

—Nada, así nada más.

—¿Conoces a alguien que se haya enfermado?

—Sí. Lo más común es que nos salen ronchas, granos, bombas con agua. Es por el ácido que suelta el sargazo, porque sí es tóxico.

—¿Y si les pasa algo?

—Pues nada. Aquí estamos nomás a la pura bendición de que uno no se enferme. Porque nomás se mete uno al agua y se siente caliente, bien caliente, y te empieza a poner rojo y te quema la piel toda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha correlacionado los niveles de exposición al sulfuro de hidrógeno con exactamente los malestares que reportan los sargaceros de Quintana Roo. Y el daño no espera a las concentraciones extremas. Incluso entre 5 y 10 partes por millón, el gas dificulta el uso del oxígeno: bloquea la maquinaria con la que las células lo convierten en energía —el mismo mecanismo al que ataca el cianuro—, de modo que, aunque la sangre siga cargada de oxígeno, el músculo no logra aprovecharlo; genera menos energía, se fatiga antes y crece el riesgo de enfermedades crónicas, señala el estudio.

Lo más peligroso es que, con el tiempo, el gas produce ceguera olfativa: la nariz deja de registrar el olor a huevo podrido aunque el gas siga ahí y siga aumentando. El hedor es una alarma natural del cuerpo; sin él y sin un medidor, no hay forma de saber que lo que se está respirando es tóxico, indica Rosa Rodríguez, investigadora de la UNAM.

Mientras trabaja para un hotel, club de playa, restaurante o incluso para el municipio, un hombre con solo un rastrillo en la mano respira aire que, en un espacio cerrado y con las concentraciones suficientes, lo podría matar sin que se diera cuenta.

Y es que no hace falta identificar al gas para que éste cobre factura; basta con volver, día tras día, a respirarlo. Mariana Veras, epidemióloga ambiental de la Universidad de São Paulo y coautora del estudio, advierte que el cuerpo puede dañarse aún antes de avisar. “Es posible que algunos cambios biológicos comiencen antes de que aparezcan síntomas evidentes”, afirma: “Procesos inflamatorios en las vías respiratorias, pequeñas alteraciones de la función pulmonar o respuestas inflamatorias sistémicas que la persona todavía no percibe”.

El sulfuro de hidrógeno es apenas una parte de lo que les espera en el trabajo. “El sargazo es como una esponja”, explica Rodríguez. “Viene cargado de arsénico, cadmio y otros metales. Trae microplásticos, herbicidas, pesticidas, enfermedades y bichos. Va absorbiendo todo eso mar adentro, y cuando llega a la costa en tanta cantidad, se descompone y lo libera en aproximadamente 48 horas.” El cuerpo del sargacero recibe, en una sola jornada laboral, la suma del cóctel químico que vertemos al mar.

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El cuestionario del estudio se adaptó de lo aprendido en Martinica, la isla del Caribe donde el sargazo es considerado una emergencia sanitaria desde 2011. En 2018, sólo en la costa este de la isla se recogieron más de 50 000 toneladas y el sistema de salud registró 8525 consultas de personas que atribuían sus malestares al gas que emite el sargazo. En México, esa cifra no existe; y no porque nadie se enferme, sino porque nadie lleva la cuenta.

“Durante muchos años la atención se centró principalmente en los impactos ambientales, económicos y turísticos del sargazo, mientras que la salud de las personas que trabajan diariamente con él recibió mucha menos atención”, señala Veras.

En el país no está definido un cuadro clínico vinculado al sargazo. Sin esa definición, el médico que recibe a un trabajador con dolor de cabeza, náusea, tos y la piel que arde no tiene cómo nombrar lo que ve y por eso lo despacha con un diagnóstico de gripe o de presión baja. Lo que no se nombra, no existe.

“Sabemos las concentraciones, sabemos que podrían ser peligrosas, pero ¿quién va a tomar las medidas?”, dice Rodríguez. “¿Qué protocolos hay si un sargacero se intoxica, si se desmaya? ¿Los hospitales saben qué hacer? En México, la verdad, no lo creo. Ni siquiera creo que sepan que el problema existe.”

En la playa el día avanza, los volquetes se van llevando las montañas del alga que se han formado tras apilarla en la costa. Los conductores responden a una persona; me acerco a hablar con ella. Está seca, aunque dice que sí se moja las manos de vez en cuando; es una coordinadora. Se encuentra por encima de los supervisores y es quien dirige las cuadrillas a las distintas playas de la zona. Me pide unos minutos, como para agarrar valor, y se dispone a hablar:

—¿Ha habido gente que se enferme?

—Ha habido gente a la que sí le pasa, pero no te podría asegurar si es por el sargazo. A alguna gente le da una tos “de perro” y como que es contagiosa. Yo siento que es de acuerdo a qué tan bueno tengas tu sistema inmunológico.

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Acechan las tres de la tarde. El turno de los sargaceros comienza a las seis de la mañana, cuando sale el sol. Según la ley mexicana, el máximo de una jornada diurna es de ocho horas para alguien que solo tiene un día de descanso a la semana. Una cuadrilla comienza a moverse, les pregunto si ya se acabó el turno. “Sí, pero estamos haciendo horas extra”, contesta una sargacera. ¿Se paga mejor la hora extra?, indago. Me mira desconcertada y responde con silencio. Es una muchacha joven, ronda los 30 años. No se queja, pero enumera los síntomas que cada tanto la invaden: “A veces taquicardia, dolores de cabeza, náuseas, cuesta respirar”. Nadie le ha dado una mascarilla, dice.

Una enfermedad que el sistema de salud no nombra es una enfermedad que el empleador no reconoce. Según describe la trabajadora, cuando un sargacero se enferma y un médico le da reposo, un segundo médico –contratado por el empleador– revisa la incapacidad y la recorta: “Te pueden dar cinco días; llegas a validar y te dicen que no vale para tantos, y nomás te dan dos o tres. Así lo manejan acá. No tenemos ni seguro [social] ni prestaciones”.

El sol quema. Meto los pies al agua y quema más. Camino. Me acerco otra vez a la misma coordinadora. Le pregunto si están contratados por el municipio, a lo que responde: “Somos ZOFEMAT: Zona Federal Marítimo Terrestre. Como de la Federación, pero adscritos al municipio”, precisa. “Nuestros jefes directos están en la presidencia municipal”.

La Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) es la franja de costa que incluye los primeros 20 metros del litoral, comenzando donde termina la marea más alta. Como bien público, es propiedad de todos los mexicanos, es decir que pertenece a la federación. Es así como los mexicanos nos referimos a nuestro país como conjunto de estados.

Sin embargo, son los municipios quienes, a través de un organismo gubernamental homónimo, otorgan las concesiones, gestionan y cobran por su uso y se encargan de su limpieza. Y desde que llegó el sargazo, también se ocupan de su recolección. Los sargaceros trabajan bajo ese mismo esquema: son empleados de un organismo municipal que a la vez depende del gobierno federal.

Según expresó la coordinadora, ninguno de los sargaceros tiene contrato fijo, sino que se renueva una vez al año. Así lo confirmaron los más de 10 trabajadores entrevistados. Esto hace que el empleado no genere antigüedad y, por ende, libere al empleador de su obligación de reconocerlo como personal permanente e indemnizarlo en caso de despido o enfermedad.

—¿Sabe por qué una vez al año? -pregunta Mongabay Latam.

—Desconozco.

—¿Entonces no se genera antigüedad, ni seguro, ni retiro? -pregunto a la coordinadora.

—No… ¡No me vayan a correr por tu culpa! -ríe nerviosa.

El miedo es la norma entre los sargaceros, y la paranoia, el clima del oficio. Al iniciar conversación con cualquier recolector, sonaba su celular; me miraba con desconfianza y se alejaba. Sucedió varias veces. Ya me iba y solicité una foto al supervisor. Negó con la cabeza, señaló hacia atrás con el gesto y dijo: “Nos están vigilando”.

Incluso la coordinadora, ya pasada la risa, volteaba constantemente hacia la costa, como buscando a alguien entre los edificios:

—Ya me tomaron la foto platicando contigo. ¡Me van a correr! -dijo.

Según relataron trabajadores de la zona —que pidieron no ser identificados—, algunos de los sargaceros que aceptaron colaborar en la investigación de la UNAM fueron despedidos. “A los que respondieron, los corrieron”, dijo uno. “Aquí nos prohibieron hablar y ya corrieron a cuatro”, agregó su compañera antes de alejarse.

Mongabay Latam intentó comunicarse con ZOFEMAT a través de los medios oficiales de distintos municipios de Quintana Roo. Llamé por teléfono, envié mensajes de texto y correos. A falta de respuestas, me presenté en una de sus oficinas a solicitar otra vía por la cuál hacerles llegar mis preguntas. Una secretaria me dio un nombre y un correo. Esa misma tarde seguí sus instrucciones y las envié, pero hasta la publicación de este reportaje, más de un mes después, no hubo respuesta.

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Cada noche que un turista duerme en un hotel de Quintana Roo paga, además de la tarifa, un Derecho de Saneamiento Ambiental, un tipo de impuesto creado específicamente para combatir la crisis del sargazo. Cada municipio lo recauda y usa de distinta forma. La cifra va desde los 32 pesos (unos 2 dólares) en sitios como Playa del Carmen a los 83 pesos (unos 5 dólares) en lugares como Cancún. Nació en 2017 y se cobra por noche de habitación o por persona, dependiendo de lo que cada municipio establezca. Por ejemplo, según la ley actual del municipio Solidaridad, el dinero debe destinarse a “obras de saneamiento ambiental: conservación y mantenimiento de playas, tratamiento de residuos, alumbrado”.

De acuerdo con una respuesta oficial de la Tesorería de Solidaridad entregada a Mongabay Latam, el municipio recaudó más de 301 millones de pesos en 2022, 329 millones en 2023 y 356 millones en 2024. Para mediados de 2025 sumaba otros 165 millones de pesos. En menos de cuatro años, más de 1000 millones de pesos (unos 68 millones de dólares) fueron recaudados por el municipio y administrados por un fideicomiso.

Anualmente se establece un presupuesto de gasto para ese mismo fideicomiso y se destina a distintos proyectos. Una segunda respuesta oficial reveló cómo se reparte el gasto del Fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental. El presupuesto para 2026 es de 584 millones de pesos (unos 34 millones de dólares). De estos, el 61 % se destina a “servicios públicos municipales” sin especificar cuáles, el 14 % al “reforzamiento de los mecanismos de gestión policial” y apenas el 12.5 % a la Secretaría de Medio Ambiente.

El resto se divide entre bomberos y protección civil (6 %), el costo de cobrar y administrar el propio derecho (5 %), y un programa que pone a infractores civiles a limpiar playas (1 %).

Otro desglose disponible es el del municipio de Benito Juárez, en Cancún, pero no es oficial. Una investigación del diario local Cambio22 reveló que apenas el 30 % del cobro del impuesto va a programas ambientales. El resto se reparte entre obra pública e infraestructura urbana (50 %), seguridad pública (16 %) y un fondo de retiro para los policías municipales (4 %).

Según esa nota, el cobro nació verde y terminó pagando patrullas y repavimentaciones. La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) ha señalado públicamente la falta de transparencia y de resultados visibles en el manejo de estos recursos.

En el municipio de Puerto Morelos, un ciudadano preguntó por vía oficial cuáles fueron “las acciones de saneamiento que se realizaron con el monto recaudado”. La Tesorería respondió con las cifras de lo que entró, pero evitó responder sobre el destino de los fondos. Cuánto entra está documentado; en qué se usa, no.

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“Se trabaja de manera descoordinada”, dice Rodríguez. “Nadie sabe [a ciencia cierta] qué se hace con los recursos. Se supone que la Marina debería llevar el liderazgo, pero no se aprecia liderazgo de ningún tipo. Cada municipio trabaja como quiere.”

El estudio científico de la UNAM enfatiza una dimensión de justicia ambiental que atraviesa al fenómeno: el gas no castiga a todos por igual. En las playas frente a los grandes hoteles, las máquinas pasan constantemente y el sargazo casi no alcanza a pudrirse.

En cambio, las comunidades más aisladas, donde la capacidad económica y de recolección son limitadas, también son las más vulnerables a los efectos que este fenómeno de origen humano significa para la salud pública. Ahí donde el turista no ve, es donde el gas tóxico más se respira.

“Hay lugares donde no mandan gente rápido cuando llega el sargazo. Y el sargazo, una vez que toca tierra, se pudre rápido”, relata un miembro de la Secretaría de Marina de México, una de las instituciones a cargo de la recolección de sargazo. En playas abiertas, que no cuentan con barrera contenedora, “llega el sargazo hoy y se queda dos, tres días; todavía se ve, pero está podrido, el agua sucia y un chingo de gusanitos que salen chiquitos en el agua. Y sí, cuando te metes sientes cómo se te andan caminando en los pies, sientes cómo te hacen cosquillas,” cuenta.

En la conferencia de prensa del 30 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una estrategia que incluye la inversión de 2000 millones de pesos (unos 118 millones de dólares) para atender el sargazo y minimizar el daño que este causa a la economía turística. Estuvieron presentes importantes directivos de los mayores grupos hoteleros de la región y la presidenta reafirmó que su estrategia se concentrará en los puntos de mayor relevancia para el turismo.

Nada se dijo sobre las comunidades más aisladas que enfrentan mayor riesgo, ni de minimizar el daño a la salud de las personas recolectoras, ni garantizar el respeto a sus derechos laborales.

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No siempre gobernó el silencio. Alguna vez los sargaceros se manifestaron. Un supervisor de cuadrilla —que pide no ser identificado— recuerda la vez que exigieron el respeto a sus derechos laborales como la atención médica y la seguridad social. La autoridad no tardó en reprimir el levantamiento. “Si nos levantamos, nos quitan las alas”, expresó el supervisor. “Aquí es la ley del más fuerte y los más fuertes son ellos”.

Le pregunto si lo han llegado a amenazar. Se ríe como si fuera cualquier cosa. “Cuando peleamos nuestros derechos, peleamos también el sueldo. Nos querían dar una miseria. La inflación sube. Solo 63 pesos (poco más de 3 dólares diarios) nos aumentaron. A los que fuimos al plantón nos amenazaron con corrernos. Nos dieron la espalda. Tuvimos que doblar las manos. La vida es así.”

En México, cualquier trabajador formal debe estar inscrito por su empleador en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que dan atención médica gratuita y suman semanas que, al acumularse, se traducen en una pensión para el retiro. También debe ser registrado en el Infonavit, el fondo con el que un trabajador accede a un crédito de vivienda.

Son derechos que la ley reconoce a todo empleado, sin importar la duración de su contrato. Según cuentan los sargaceros, aunque trabajan para un organismo del propio gobierno, no tienen ninguno.

“Yo quisiera una casa. Llevo siete años y no me alcanza. No nos dan puntos del Infonavit. No pedimos grandes cosas, pedimos lo justo. Pero si hablamos, nos corren. No tienes derecho a opinar. Si tú hablaste, vas para abajo, de supervisor a recolector. Si nos reunimos, nos amenazan”, dice el supervisor.

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Lo que a estos trabajadores les falta no es solo la casa propia o el retiro. Es lo mínimo para no sacrificar la salud por el hambre. El estudio lo dejó claro: se necesita un sensor de gas por trabajador, o al menos uno por cuadrilla, con alarma; evacuar cuando el gas supere las cinco partes por millón durante más de quince minutos; rotación entre zonas de alga fresca y podrida; turnos cortos; respiradores, gafas protectoras, guantes y ropa impermeable.

La Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014 obliga al patrón a proveer equipo de protección cuando se supera el límite de exposición al sulfuro de hidrógeno, que es de una parte por millón. Aunque ese umbral se rebasa casi la mitad del tiempo, tal como lo demostró el estudio científico, en campo nada de eso existe.

Le pregunto a Rodríguez si la norma se aplica, a lo que responde: “¿Cómo vas a saber a cuánto [gas] están expuestos si ni siquiera traen sensores?”.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, cuando un trabajador enferma o se lesiona a causa de un “riesgo de trabajo”, el patrón queda obligado a cubrir la atención médica, el salario durante la recuperación y una indemnización si el daño es permanente. Esta responsabilidad se sostiene aunque el trabajador no esté inscrito en el seguro social. Ni la imprudencia ni que el trabajador “hubiese asumido el riesgo” liberan al empleador de su responsabilidad. Más aún, incumplir las normas de seguridad –como la NOM-010– constituye una “falta inexcusable” y puede agravar la indemnización, pero tampoco esto se cumple.

Eva no sabe leer, por lo que un oficio manual como la limpieza de playas le funcionaba. Tiene 65 años y le dedicó más de una decena de ellos al sargazo. “Luego me caí en el trabajo y me fracturé”, dice. Estuvo varios meses incapacitada, hasta que sus jefes le exigieron regresar. “Todo iba bien con mi curación pero en eso dejaron pudrir el sargazo, no metieron maquinaria y había poca gente, entonces nos obligaban a meternos en ese sargazo podrido.”

Ella no sabía del peligro que corría al entrar en ese cóctel putrefacto con las heridas aún abiertas. “Se irritó, se enronchó y rojo se puso”, dice respecto a la parte de su cuerpo que omito precisar para proteger su identidad.

“Fui al doctor y me dijo que ya no podía estar en el sargazo porque algo había agarrado entre esa agua. Dijo: ‘Usted ya no se puede meter. ¿Quiere que le quiten esa parte [de su cuerpo]? Pues siga trabajando ahí’.” El médico la mandó a hacerse estudios y un ultrasonido de su infección, pero con su salario como trabajadora del municipio, Eva no lo podía costear.

“No tenemos seguro, todo sale de nuestro sueldo”, por eso tuvo que regresar a pesar de las indicaciones del doctor. Incluso hubo algunos medicamentos que Eva no pudo comprar, por lo que no completó el tratamiento y ahora paga las consecuencias. “No puedo ni dormir. Me paso sentada toda la noche tomando pastillas para quitar el dolor. Si viera mi piel: quedó tostada. Paso mi mano y se siente rasposo y de color negro quedó”, explica.

Recolectar sargazo paga alrededor de 13 000 pesos al mes (cerca de 760 dólares), una cifra por encima del salario mínimo general, que ronda los 9500 pesos (unos 550 dólares). Pero ese sueldo viene sin la seguridad social y cubre lo necesario para el día a día, pero no lo suficiente para sobrellevar una eventualidad.

Sin diagnosticar, Veras, la epidemióloga ambiental de la Universidad de São Paulo, comenta sobre el caso: “Una persona con una fractura [reciente] y una herida abierta no debería haber continuado realizando este tipo de trabajo. Coexistían riesgos químicos, biológicos, infecciosos y mecánicos que justificaban suspender inmediatamente la exposición.”

Conversé media hora con Eva. Su miedo era palpable aunque hace años ya no trabaja en el sargazo y se mudó de municipio. “Si llegan a saber que yo fui la que habló… Dios, esa gente me come viva. No les gusta que lleguen a tomar fotos ni a entrevistarnos. Nos regañan: que no tenemos que estar dando explicaciones, que si quieren hablar algo, que hablen con ellos.”

Le solicité vernos para documentar sus heridas. Respondió que me avisaría, pero primero lo debía consultar con su familia, dado el riesgo. Desde entonces no volvió a contestar el teléfono.

En 2023, impulsado por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), un grupo de 10 especialistas, entre académicos, hoteleros, autoridades de los tres niveles de gobierno y la Marina, se reunió para establecer un plan de acción de cómo debía manejarse el sargazo en Quintana Roo. El resultado fue la Estrategia Integral para el Manejo y Aprovechamiento del Sargazo (EIMAS).

La EIMAS reconoce el riesgo que presenta el sulfuro de hidrógeno y establece la necesidad de protocolos de equipamiento, capacitación obligatoria, monitoreo de la salud de los trabajadores, entre otras responsabilidades.

En materia laboral, específicamente plantea que todas las organizaciones involucradas deben garantizar la seguridad social y que se cumplan las leyes del trabajo. “Lograr que el empleo en los sectores y actores incumbentes sea en condiciones dignas, salubres, con plena cobertura de atención médica y social de los empleados del sector”, indica.

Asimismo, la EIMAS reconoce una “opacidad histórica” en la gestión y uso de los recursos recaudados en nombre del combate al sargazo, por lo que establece comités de ciudadanos de seguimiento y reportes trimestrales. El documento fue firmado por la gobernadora de Quintana Roo y la entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado.

Equipo de protección. Registro de síntomas y enfermos. Seguridad social. Transparencia en el uso de los recursos. Cada carencia que se documenta actualmente en las playas de Quintana Roo estaba prevista, nombrada y firmada tres años atrás, pero nunca se aplicó. “Como que en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo”, señala Rodríguez.

“Hubo cambio en la Secretaría de Medio Ambiente y se guardó en un escritorio”, dice la investigadora. “Todavía podría servir de base. Pero no hay interés. Ni fondos, ni transparencia en el manejo de los recursos. Hay tantas autoridades estatales, municipales y federales involucradas que nadie asume la responsabilidad. No hay liderazgo para que esto funcione”.

Mongabay Latam buscó la versión de las autoridades involucradas en la atención del sargazo en Quintana Roo y la protección de quienes lo recogen: la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina y la ZOFEMAT de distintos municipios a los que llega sargazo.

Se les preguntó según su competencia por los riesgos de salud asociados a la exposición al sargazo, la ausencia de equipo de protección y protocolos médicos, la contratación, seguridad social y derechos laborales de los sargaceros, la transparencia en el uso de los recursos y la Estrategia Integral para el Manejo y Aprovechamiento del Sargazo que quedó sin aplicarse. Hasta la publicación de este reportaje, ninguna había respondido.

El sargazo seguirá llegando. Rodríguez no cree que el problema se resuelva pronto. Haría falta sacar del mar una masa que se extiende por kilómetros, con barcos que pueden costar hasta 200 000 pesos al día (más de 11 000 dólares), un esfuerzo comparable con intentar limpiar una alberca olímpica con una cuchara. “Se puede mitigar en algunas partes”, dice la investigadora. “Pero nunca va a haber dinero suficiente para resolverlo. Y si sigue aumentando, menos”. Cada temporada, entonces, alguien tendrá que meterse a la orilla a recogerlo.

La crisis ambiental nunca fue solo ambiental. Siempre existe un cuerpo humano al que atraviesa. “Creo que todavía estamos subestimando este problema”, advierte Veras. “Me preocupa que estos trabajadores estén expuestos de forma repetida durante años y, sin embargo, prácticamente no existan programas sistemáticos de vigilancia de su salud. Cuando un problema no se busca de manera activa, es muy difícil conocer su verdadera magnitud.”

En casi 20 años de servicio público como sargacero, Ramiro no ha cotizado un solo día de seguro social. Su contrato vence y se renueva cada año; así nunca acumula antigüedad. No tiene atención médica gratuita, ni crédito para la casa propia, ni vacaciones pagadas, ni indemnización en caso de enfermedad o accidente, ni finiquito en caso de despido, ni pensión para el retiro.

El gas que respira ya tiene una cifra. El dinero que debía protegerlo tiene un fideicomiso. El plan que lo nombra tiene un cajón. Falta, todavía, lo único que ninguna medición produce: alguien que responda.

Le pregunto qué espera. No levanta la vista del alga: “Es una injusticia. Después de 20 años, no sería justo irme con la piel quemada y las manos vacías”.

*Todos los nombres de los trabajadores del sargazo que entregaron su testimonio han sido cambiados en este reportaje para proteger sus identidades.

El artículo original fue publicado por Patricio Medina en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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