Después de más de 200 años de historia, los dueños del Fundo Mamacona han cerrado sus puertas debido a problemas con la Municipalidad de Lurín. Denuncian que vienen recibiendo amedrentamientos, como multas injustificadas y trabas arbitrarias para renovar sus licencias, perjudicando así a los trabajadores del local y a las familias que cada fin de semana solían acudir para pasar un momento recreativo al aire libre.
Durante años, el Fundo Mamacona funcionó como una hacienda dedicada a actividades rurales y ganaderas. Con el paso del tiempo y la expansión de Lima, el espacio fue transformándose y hoy se utiliza principalmente como centro de eventos, restaurante campestre y espacio turístico, donde se realizan matrimonios, espectáculos culturales y actividades con caballos de paso, aprovechando su entorno natural. Sin embargo, desde finales de enero de este año todo cambió y, hasta el día de hoy, ya no está abierto al público.
Para el apoderado del fundo, Bernardo Silva, esta situación podría constituir posibles represalias contra el negocio de su familia. “No es una clausura como tal, sino que más bien nos vimos en la obligación de dejar de operar por diversas trabas. Todo empezó el 20 de setiembre de 2025, cuando teníamos un evento en el fundo. La municipalidad llegó al local por primera vez, paralizó el evento y nos impuso una multa. La razón fue supuestamente que no había autorización, pero en realidad sí teníamos licencia para funcionar”, dijo.
Fiscalizadores paralizaron un evento en el Fundo Mamacona. Foto: Bernardo Silva.
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Posteriormente, el 16 de enero de este año, le llegó una carta de la municipalidad informándole que deseaban realizar una fiscalización. También le comunicaron que el predio ya no sería considerado rústico, sino urbano, a pesar de que los predios vecinos siguen inscritos como rústicos. “Nunca dieron una razón clara. Nos informaron que debíamos pagar una multa que supera los 200.000 soles”, expresó.
Silva advirtió que esta comunicación llegó justo cuando estaba próxima la fecha para renovar su Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), cuyo vencimiento era el 15 de febrero. Sin embargo, al intentar realizar el trámite, se percató de que la municipalidad había bloqueado su acceso al sistema para ingresar documentos, lo que le impidió renovar el certificado.
“Me dijeron que no podía presentar nada porque había una fiscalización pendiente. Parece que lo hicieron justamente para que no pudiera renovar los papeles”, agregó.
Comentó que, pese a la presencia de un notario, en mesa de partes le dijeron que no podían recibir sus papeles hasta que se efectúe la fiscalización pendiente. “Le expliqué a la subgerencia de la municipalidad que tenían la obligación de recibir mis documentos. Después de insistir tanto, hace dos semanas aceptaron mis papeles y me enviaron un correo diciendo que iban a realizar la fiscalización, pero sucedió algo extraño de nuevo”, dijo.
El fundo es conocido por sus actividades con caballos de paso.
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“La municipalidad vino el cuatro de marzo de este año, cuando ya se les había pasado la fecha. Pese a su incumplimiento del plazo, dijeron que no podían hacer la inspección y que iban a cerrar el expediente porque supuestamente el local no estaba apto para ser inspeccionado. Solo fue una excusa. Nuestro local está en perfecto estado”, advirtió.
Precisó que, pese a que no hay una clausura como tal, ha tenido que dejar de operar porque, al no tener sus papeles renovados, teme que al abrir sus puertas y recibir clientes pueda agravarse la situación. “Yo asumo que la municipalidad está esperando que yo abra para que incurra en una falta, coloquen bloques de concreto y me sigan multando”, dijo.
Aclaró además que esta situación perjudica enormemente a los trabajadores. “Tenemos un restaurante que no está funcionando, donde solían trabajar unas 40 personas, sin contar a quienes laboran aquí cuando hay fiestas, matrimonios y otros eventos (…). Vamos a tomar todas las medidas legales posibles para denunciar esta situación. Somos un local con una historia de seis generaciones y más de 200 años”, concluyó.
Cabe resaltar que Bernardo Silva suele publicar en redes sociales denuncias vecinales que involucran a la Municipalidad de Lurín, razón por la que sospecha que esta situación podría tratarse de una forma de amedrentamiento contra él y su familia.
Este Diario se contactó con el municipio para obtener también sus descargos. Sin embargo, pese a haber respondido al saludo del equipo de El Comercio, luego de que se explicaran los motivos del contacto y se solicitara una entrevista, dejaron de responder.
El abogado experto en derecho administrativo municipal y asociado del Área Municipal del Estudio Muñiz, Andrés Devoto Ykeho, aclaró que las licencias de funcionamiento, que permiten a las personas y empresas realizar actividades económicas en sus predios, tienen vigencia indeterminada, salvo que se soliciten con carácter temporal. Por el contrario, los Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) tienen una vigencia de dos años a partir de su expedición. Estos certificados pueden renovarse siempre que no se haya modificado ninguna de las condiciones de seguridad declaradas en el documento que está por vencer.
“En caso de que las condiciones de seguridad hayan cambiado, por ejemplo, si se amplió el área del establecimiento u ocurre algún otro supuesto, las municipalidades sí pueden negarse a renovar los certificados. En ese escenario, lo que corresponde es solicitar una nueva licencia y un nuevo certificado. Sin embargo, los funcionarios municipales no pueden negarse a otorgar licencias ni certificados ITSE siempre que los administrados cumplan con el procedimiento y los requisitos correspondientes”, agregó.
El experto precisó que, si una municipalidad no respeta los plazos o procedimientos para otorgar las autorizaciones que permiten operar a un negocio, en el caso de establecimientos de riesgo bajo o medio se puede aplicar la aprobación automática, un mecanismo que permite a los administrados obtener el derecho a operar desde el momento en que ingresan su expediente.
En el fundo también se suelen realizar eventos como matrimonios.
/ Hacienda Mamacona
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En el caso de establecimientos de riesgo alto o muy alto, si los funcionarios no cumplen con los plazos establecidos por ley, los administrados pueden acogerse al silencio administrativo positivo, lo que les permite obtener el derecho a operar cuando el gobierno local correspondiente no se pronuncia dentro del plazo legal.
“A nivel penal, dependiendo de cada caso, se podría plantear una denuncia por omisión o rehusamiento de actos funcionales y/o abuso de autoridad. A nivel administrativo, también se pueden presentar las denuncias correspondientes ante los órganos de control”, agregó.
