A pesar de estar investigados preliminarmente por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en el caso ONPE, tres de los siete implicados se mantienen en funciones en la institución electoral, que pronto iniciará la organización de la segunda vuelta presidencial.
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Sobre Samamé, el Ministerio Público señala que fue partícipe en la formulación del pedido del servicio de traslado de material electoral, realizado desde la Gerencia de Gestión Electoral.
En su condición de gerente, Samamé designó a Juan Antonio Phang como subgerente de Producción Electoral. La Fiscalía sostiene que la incidencia directa vinculada a Samamé y Phang —quienes respondían, por su cargo funcional, a Corvetto— evidenciaría un esquema orientado a concentrar la toma de decisiones en determinados funcionarios y a impedir su revisión, lo que resultaría funcional a una concertación con un postor previamente determinado.
Asimismo, precisa que la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE —cuando estaba a cargo de Samamé— habría promovido la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades, aprobado el 19 de enero de 2026 por un monto de S/ 8’950,000.00.
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Según el Ministerio Público, estuvo a cargo de la elaboración de las bases de selección para la contratación del servicio de transporte de material electoral. En ese contexto, habría concertado con el proveedor Juan Charls Alvarado, de la empresa Galaga, para favorecerlo en la obtención de la buena pro, flexibilizando los términos de referencia (TDR) a su favor para la prestación del servicio en las elecciones de 2026.
También, durante la fase de ejecución, habría otorgado conformidad al servicio.
William García Velásquez, asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuesto, de la Gerencia de Gestión Electoral
Según el documento fiscal, García Velásquez habría tenido participación directa en la evaluación técnica de las propuestas económicas, así como en la aplicación de un criterio de cálculo que terminó favoreciendo a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
El requerimiento fiscal precisa que participó en la certificación de la presentación de propuestas económicas, documento en el que también intervino Lilia Flores Bancho, representante de la Subgerencia de Logística. Según el Ministerio Público, en dicho documento se incluyó la aplicación de un criterio de cálculo que descontaba los metros correspondientes a la cabina del vehículo.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una conversación entre García Velásquez y Phang Sánchez, en la que el primero le dice al segundo: “Ganó Gálaga, a pesar de que AFE presentó una oferta de (…). La propuesta técnica pesó más a favor de Gálaga”. Phang respondió: “Bien, gordito. Que notifique. Buen trabajo”.
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El Ministerio Público indica que la participación de Otoya está en la elaboración, tramitación y gestión de servicios. Ella se habría encargado de determinar la relación de conductores, placas y personal para culminar el despacho de material electoral y equipos de cómputos.
También, que habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado Cuyo, gerente de la empresa Galaga para que esta empresa se vea beneficiada en el servicio de transporte.
Agregó que dicho acto o conducta involucra a otros funcionarios de la ONPE y en ese contexto se cuenta con elementos indiciarios que permiten observar cómo favoreció a dicha empresa desprendiéndose un favorecimiento previa concertación.
Según la Fiscalía, fue designada para participar en el procedimiento de selección del servicio de transporte que hemos mencionado, la cual consistió en realizar la comparación de propuestas.
Su actuación relevante es en la toma de un criterio en la evaluación técnica donde sin justificación documental en contra de los Términos De Referencia, era para favorecer a la empresa Galaga SAC.
En ese sentido, resulta indispensable que también se le debe considerar cierta posibilidad de fuga de dicha investigada que tiene un contrato CAS que constituye una circunstancia relevante al momento de evaluar la solidez actual de dicho arraigo.
De acuerdo con la Fiscalía, ella fue designada del 1 de marzo al 30 de abril del 2026.
—»Deberían renunciar a sus cargos»—
Sobre el tema, el experto en temas electoral Fernando Rodríguez Patrón consideró que los implicados en las investigaciones deberían dar un paso al costado como lo hizo en su momento Piero Corvetto, con el propósito de no restarle la credibilidad electoral de cara a la segunda vuelta electoral.
“¿Qué es lo que genera eso? Esto le sigue restando credibilidad a la institución porque se le han cuestionado al propio responsable de la institución”, refirió.
Agregó que lo que revela las investigaciones del Ministerio Público es que los problemas continúan en la ONPE. “Son temas de personas. Si siguen ahí, el mismo tufillo de ineficiencia sigue en la institución”, añadió.
“Estas personas no están haciendo ninguna función relevante para el proceso. Deberían salir”, finalizó.
