¿Funcionaría en el Perú una prohibición de redes sociales para menores de 16 años? Dos expertos desmenuzan sus supuestos beneficios y complicaciones

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Aplicaciones de mensajería como Discord, WhatsApp y Messenger han quedado excluidas actualmente de la lista, aunque el gobierno australiano ha afirmado que seguirán monitoreando y estudiando qué plataformas podrían ser posteriormente añadidas.

Aunque implementada solo recientemente, la prohibición fue aprobada hace más de un año, con sus promotores asegurando que ayudará a proteger a los adolescentes de algoritmos adictivos que los exponen a contenidos dañinos como violencia y pornografía, así como vectores para el ciberacoso y la explotación infantil en línea.

Unos buenos deseos que no han sido bien recibidos por gran parte de los adolescentes, para quienes las redes sociales son parte intrínseca de sus vidas y de las relaciones con sus pares. Un informe de eSafety, la agencia gubernamental australiana encargada de la seguridad en línea, señala que el 95% de los niños entre 13-15 años encuestados -el rango afectado por la nueva normativa- utilizaron alguna red social en el 2024, siendo los servicios más populares YouTube (73%), Snapchat (63%), TikTok (62%) e Instagram (56%).

Una solución imperfecta

La implementación de la ley no ha estado exenta de problemas y en los días previos a su entrada en vigor se incrementaron las descargas a redes sociales alternativas como Lemon8, Yope y Covestar que todavía no caen en la lista de plataformas prohibidas, mientras que métodos para evadir el veto mediante VPN o la utilización de la información de los padres y otros familiares se difundieron por la web.

El problema de la identificación de edad es particularmente complicado, ya que como nota Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital, la normativa australiana deja la responsabilidad del reconocimiento de la edad en manos de las plataformas, lo que implicaría retos técnicos y legales, incluyendo el tratamiento de datos personales, específicamente menores de edad, e incluso abre la puerta a posibles presiones de grupo sociales y religiosos.

Óscar Montezuma Panéz, abogado especialista en regulación digital, afirma que si bien la implementación de una prohibición de las redes sociales a menores de 16 años viene de una loable intención de proteger a los niños, corre el riesgo de ser simplista y poco efectiva.

“Este tipo de medidas está amparada en la tutela de los niños y adolescentes, pero también hay que reconocer que existe una autonomía progresiva del adolescente y de sus derechos, que incluso llegan a la arena política”, enfatiza el experto.

Es un razonamiento utilizado en una reciente demanda por parte de dos adolescentes australianos y la organización Digital Freedom Project ante la Corte Suprema de Australia, que argumenta que la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años es un “ataque directo” al derecho de los jóvenes a la libertad de comunicación política que afecta desproporcionadamente a personas vulnerables, como miembros de las comunidades LGBT+ y de comunidades aisladas.

Otro riesgo observado por los expertos y las grandes plataformas afectadas es que la prohibición, en vez de eliminar toda la actividad de los menores en las redes sociales, los lleve a sitios web menos regulados y más peligrosos.

Son unas problemáticas de las que parece estar consciente el gobierno australiano, ya que en una columna de opinión el primer ministro Anthony Albanese ha afirmado que “desde el principio han reconocido que el proceso no será 100% perfecto”.

“Pero el mensaje que transmite esta ley será 100 % claro… Australia establece la edad mínima para consumir alcohol en 18 años porque nuestra sociedad reconoce los beneficios que este enfoque tiene para el individuo y la comunidad”, escribió. “El hecho de que los adolescentes encuentren ocasionalmente la manera de beber alcohol no disminuye el valor de contar con una norma nacional clara”.

Si la prohibición no es una solución viable para proteger a los menores de edad de las redes sociales, ¿cuál es? Ambos expertos coinciden en que una mejor alternativa es educar a los niños y sus padres en las prácticas para navegar por la web de una forma segura y efectiva.

“Lo que pasa es que cuando no entendemos bien un fenómeno tecnológico tendemos a abrazar rápidamente la solución más intuitiva, la prohibición, sin analizar si esta resuelve el problema de fondo”, considera Montezuma Panéz. “Y esta es la falta de educación digital, de alfabetización mediática, que ayude a los adolescentes a navegar en un entorno que es parte estructural de la vida de los adolescentes”.

“El desarrollo de una cultura digital es un proceso largo, es más tedioso, pero a la larga es muchísimo más seguro”, asegura Erick Iriarte, quien añade que otras tácticas como el modelo chino basado en listas blancas de páginas web pueden también funcionar, pero restringen enormemente la libertad de expresión.

¿Un veto en el Perú?

Ambos especialistas coinciden en que una medida de este tipo en el Perú sería compleja, probablemente ineficaz y con riesgos colaterales significativos.

Para Iriarte, aunque el Congreso aprobara una norma similar a la australiana, su aplicación sería más difícil debido a la diferencia de capacidades regulatorias entre las naciones. “Australia puede hacer algo que nosotros no”, remarca. “Sin oficinas locales de las plataformas de redes sociales para presionar, la normativa quedaría en el aire y sería más un saludo a la bandera”.

Montezuma Panéz discrepa en que la falta de oficinas regionales sea un verdadero obstáculo para implementar medidas de control y considera, más bien, que el obstáculo real es garantizar la calidad del diseño regulatorio y contar con la capacidad técnica para aplicarlo, a la vez que advierte que una prohibición de redes sociales mal planteada podría profundizar las ya grandes brechas de conectividad, educación y acceso a dispositivos que se presentan en nuestro país, en desmedro de quienes tienen menor acceso a una educación digital.

“Nadie se opone a atender los riesgos, pero las prohibiciones absolutas pueden terminar siendo más nocivas para quienes se busca proteger”, advierte el experto, recordando el caso del fallido proyecto de ley del congresista Omar Chehade en el 2013 para proteger a los menores de edad de la pornografía con la creación de un ente regulador, pero que despertó temor de que su implementación pudiera ser abusada en censuras arbitrarias que afectarían la libertad de expresión. La normativa fue posteriormente modificada en la ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes actualmente vigente.

“Intentar resolver un problema legítimo con mecanismos mal diseñados puede terminar en censura”, resalta Montezuma. “Es como matar un mosquito con una bazuca, donde el impacto colateral puede ser muchísimo peor”.