— Usted ha negado que se haya visto beneficiado de la Ley N°32181, que eliminó la detención preliminar. Sin embargo, la jueza Chagua Payano desestimó la solicitud del Ministerio Público en estricta aplicación de esta norma. ¿No se libró gracias al Congreso?
No, de ninguna manera. La resolución judicial hay que interpretarla en su integridad, no solo el fragmento que está referido a la aplicación de una norma. Lo más importante para determinar cualquier medida de restricción de derechos y más aún de la libertad de una persona, el juez de garantías tiene que hacer una valoración, lo que se denominada un test de proporcionalidad.
— Pero la jueza, en este caso, ni siquiera hizo el test de proporcionalidad, aplicó directamente la referida norma del Parlamento…
Yo puedo mostrarle abundantes argumentos que están orientados en la misma resolución judicial, a la que usted me hace referencia y que se me ha notificado formalmente, en la que habla de la precisión y finalidad de la necesidad de realizar acciones urgentes o inaplazables […] No se puede restringir la libertad de cualquier ciudadano simplemente por una mera conjetura. Para que la autoridad judicial pueda disponer una restricción de libertades tiene que contar con elementos fácticos que justifiquen una medida de esa proporción. Quien habla desde ningún punto de vista ha sido beneficiado por una ley, sino porque me asiste el derecho. No existe un mínimo indicio que me vincule con los hechos que son materia de investigación.
— El Parlamento ha dado un paso atrás con esta norma y ha restituido la detención preliminar para los casos de no flagrancia. El Ejecutivo tiene la autógrafa. ¿Por qué si tiene carácter de urgencia no la promulga? ¿Tiene relación con su situación?
No, absolutamente, para nada. En primer lugar, estamos hablando de normas que provienen del Congreso, que tienen su propio procedimiento, sus propias prioridades. Esta norma ha ingresado el martes, la cantidad de temas que lleva adelante el Poder Ejecutivo son de diversa naturaleza y obviamente todas son importantes. En todo caso seguirá el trámite que corresponde.
— Nilo Burga Malca, presidente ejecutivo de Frigoinca, es simpatizante aprista y usted militó durante 13 años en ese partido. ¿Lo conoce?
No lo conozco, no tengo ni he tenido ni tendré ninguna relación de carácter comercial, personal, amical y de ninguna clase. No lo conozco.
— ¿Nunca se cruzaron en la esfera del Partido Aprista?
No, categóricamente.
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— De acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz, Burga se refería a usted como “mi compañero” y señalaba que usted lo iba a beneficiar…
De ninguna manera se le ha beneficiado a esa empresa y a ninguna empresa. Lo que el colaborador pueda decir es responsabilidad de él directamente. No existe ninguna relación con esta persona, mucho menos de favorecimiento. Y sobre las directivas a las que usted hace referencia son documentos regulares que se aprueba de forma anual. Por ejemplo, hablamos del manual del proceso de compra. Ese manual es una norma que aprueba Qali Warma cada año, es como si alguien diga que se le ha favorecido con la Ley de Presupuesto, pero esta se aprueba todos los años. Eso no tiene nada que ver con una empresa en particular.
Esta empresa, de acuerdo con verificación del RUC en Sunat, inicia sus operaciones en el 2017. Es decir, que empieza a comercializar su producto desde ese año. Y comienza a comercializar sus productos con proveedores del programa en el 2018, cuando yo no era director ejecutivo. Frigoinca durante mi gestión como director ejecutivo no tuvo ningún contrato directo con Qali Warma.
— Pero sí lo tuvo de manera indirecta…
Los contratos que realizan los proveedores de Qali Warma con los productores de los alimentos tienen como origen un contrato entre privados, donde el programa no interviene. Si desde el 2018 hasta el 2024 esta empresa ha venido comercializando sus productos en el mercado, incluido Qali Warma y en ese período encontramos cinco o seis directores ejecutivos y los hechos materia de investigación, incluidos los WhatsApp datan del 2023 y 2024, ¿por qué únicamente estoy como investigado yo?. ¿Sabe por qué? Por haber asumido la vocería presidencial, estamos ante un hecho estrictamente político.
— El Ministerio Público apunta que usted emitió cinco resoluciones que otorgaban bonificaciones en la calificación de los concursos públicos para elegir a los proveedores de Qali Warma a aquellos que tuvieran productos macrorregionales, como los de Frigoinca…
Eso es absolutamente falso. El concepto de producto macrorregional ya existía en Qali Warma cuando yo ingresé, no lo creo yo.
— Pero usted lo reafirma…
En el 2018 se aprueba y se crea el producto de origen macrorregional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de promover la producción local de la jurisdicción. Por ejemplo, un producto de arroz de Tumbes va a tener un mejor puntaje en la medida de que es un producto de esa zona, no estamos hablando de empresas. Ese concepto ya venía del año anterior [a mi ingreso]. De tal manera que mal podría articularse la idea de que sí lo beneficio, porque yo no lo cree.
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— Entre el 2021 y 2024, Frigoinca tuvo ocho procesos sancionadores. De estos, cuatro fueron cuando usted fue director de Qali Warma. ¿Por qué no se revisaron los productos de esta empresa con ese antecedente?
Si existió alguna sanción no solo contra esa empresa, sino contra cualquier empresa tenga la seguridad de que inmediatamente el programa aplicó las medidas. Yo le puedo garantizar que ningún producto sobre el cual haya recaído sanción se haya continuado distribuyendo.
— Pero las conservas “Don Simón”, de Frigoinca, se continuaron distribuyendo…
Las sanciones las establece la autoridad sanitaria de manera expresa. Las sanciones pueden ser una inhabilitación, una suspensión de la producción, la paralización, entre otros. Dependiendo del tipo de sanción, el programa, durante mi gestión, aplicó de manera inmediata. Incluso, de manera preventiva cuando existió alguna duda.
[…] No existe la posibilidad de que un producto sobre el cual haya recaído una sanción como la inhabilitación o el retiro de registro sanitario se haya seguido adquiriendo en el programa.
— ¿Cuál es la autocrítica que debe realizarse desde el gobierno sobre el Caso Qali Warma? Frigoinca tuvo ocho procesos sancionadores y han tenido que esperar a que un medio de comunicación revele una red de corrupción para actuar.
El contrato se suscribe en el 2024. Los productos que se comercializan en el programa siguen un proceso a través de contratos entre privados. El programa contrata con un operador alimentario y este a su vez realiza contratos con cualquier empresa. Qali Warma no exige ni compra productos ad hoc o especiales, el producto que consume un niño de Qali Warma es el mismo que cualquier ciudadano, que un niño consume cuando va a una bodega y lo compra.
Para que un alimento esté en el mercado tiene que reunir requisitos alimentarios. Registro sanitario, fecha de vencimiento, entre otros. A veces se cree o se piensa que Qali Warma adquiere productos especiales. Entonces, hay un primer filtro. Y adicionalmente, Qali Warma estableció otros niveles de control. Pensar que la dirección ejecutiva pudo pensar en una acción en todo el territorio, no es viable.
— Usted afirmó que durante su administración en el Qali Warma no hubo intoxicaciones. No obstante, en octubre de 2019, 28 escolares de Lurín tuvieron que ser llevados al hospital tras consumir alimentos distribuidos por el programa social…
Sí, pero después la autoridad sanitaria, tras realizar una investigación, determina algo que ya a todas luces era evidente, yo estuve presente cuando ingresamos a la institución educativa, entramos a los almacenes de Qali Warma, todo cerrado como corresponde, pero nadie se percató que al lado había una gran ventana, a través de la cual podía ingresar un roedor. Entonces, se hacen las pruebas y se verifica esta externalidad.
— ¿La presidenta Dina Boluarte le ha solicitado explicaciones por el Caso Qali Warma? ¿Le ha dado su respaldo?
Yo he estado despachando ayer [martes] después de esta situación, que desde ya lo digo con toda certeza es una acción totalmente arbitraria, porque no existe ningún indicio que me vincule con los hechos.
— Hay un colaborador eficaz que ha declarado.
Pero qué dice, dijo que el otro señor dijo. ¿Eso es suficiente? Un colaborador eficaz es una persona que ha cometido un delito, que está con la soga en el cuello y que tiene que aportar elementos de juicio mayores. Sobre la pregunta, ayer he despachado, hoy [miércoles] he estado en el Consejo de Ministros, he despachado con la presidenta con absoluta normalidad. Yo continúo ejerciendo la función de jefe de Gabinete Técnico [de la Presidencia]. No hay ninguna situación que genere duda respecto a mi labor.
— ¿La presidenta no le ha pedido que dé un paso al costado?
No. Y como todo funcionario, yo estoy sujeto a la confianza del titular, en mi caso, de la presidenta de la República.
— ¿Continúa, entonces, gozando de la confianza de la presidenta?
Por supuesto, la confianza es la condición para el ejercicio de un cargo de confianza. Si yo me mantengo en el cargo es porque tengo la confianza de la presidenta Boluarte.
— En gobierno anteriores, los ministros y altas autoridades ante una investigación fiscal o una declaración controversial optaban por dar un paso al costado. Pero en la administración de Boluarte parece que no hay desprendimiento. ¿Por qué?
No, desprendimiento existe […] Si te refieres específicamente al caso que ha sido materia de la diligencia de ayer, al no existir un indicio, un elemento que me vincule con los hechos investigados, no hay razón alguna para poner en tela de juicio la honorabilidad de mi persona ni mi presunción de inocencia. Y no la habrá, mi conducta se ha realizado siempre dentro del marco legal. Sabemos que hay un hecho político de por medio. Si hay seis directores ejecutivos de Qali Warma en este período [investigado], por qué solo yo estoy incluido. Es muy simple, es porque ejerzo la vocería de la Presidencia de la República.
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— La presidenta Boluarte, en un reciente mensaje a la Nación, admitió que se sometió a una operación. Ella dijo que fue porque tenía el tabique desviado. Lo concreto es que no informó, en su momento, al país y al presidente del Congreso sobre este hecho. ¿Por qué no lo transparentó?
Primero, no hay disposición, norma alguna que obligue que ante una situación de esa naturaleza- una operación de carácter ambulatorio, que no genera incapacidad- que genere obligaciones. Es cierto, hay gestos políticos, pero eso queda en un plano político y lo que prevalece es el plano jurídico, legal y constitucional. El funcionario público debe regir su conducta en estricto apego a la Constitución. Ella ha continuado ejerciendo sus funciones.
— Durante este año, la presidenta Boluarte ha dado dos entrevistas a medios de comunicación de China, pero ninguna a uno peruano. ¿Por qué la mandataria rehúye de la prensa nacional?
Ella ha tenido varias reuniones con los medios de comunicación, ha habido varias entrevistas…
— No da una entrevista a un medio de comunicación peruano desde mediados de 2023.
Es importante enfocarnos en la importancia de este relacionamiento nuestro con la China, el puerto de Chancay y convocar a capitales extranjeros…
— La pregunta es por qué rehúye de la prensa nacional, por qué desde mediados de 2023 no da entrevistas…
Ella continúa en contacto con la población, con los gobernadores regionales, alcaldes y dirigentes. Muchas veces ustedes, los medios de comunicación son convocados. Para aquellos detalles muy puntuales, se creó la figura de vocero, se generó para información muy precisa y puntual. Y para los temas políticos tenemos al primer ministro. Desde el gobierno sí existe una vocación de comunicación permanente en todo sentido.
