Como no pueden controlar el problema, quisieron controlar la narrativa. Planearon un “golpe blando” contra la libertad de expresión. Trataron de convertir a los medios de comunicación privados en sus heraldos por 40 minutos diarios. Finalmente, ante las críticas, recularon en su intento de imponer una “franja informativa” obligatoria en la que buscaban dar a conocer sus “acciones” en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Fue el ministro de Justicia, Eduardo Arana, el mismo que días antes había anunciado la última ocurrencia del gobierno de Dina Boluarte, quien se encargó de colocar la lápida a este frustrado intento de secuestrar las señales para difundir propaganda gobiernista. Dijo que la franja había sido “suspendida”, lo que generó confusión, pues esto implicaría que más adelante podrían insistir con ese despropósito. Tuvo que precisar entonces que la iniciativa “ya no existe”.
El objetivo de la propuesta, con claras reminiscencias velasquistas, era tener minutos libres en señal abierta para que el gobierno expusiera a sus anchas sus supuestos “logros” en seguridad ciudadana, sin incómodas preguntas de la prensa ni posibilidad de contrastar la información. Habría sido una zona liberada de críticas y la utopía anhelada por todo funcionario con poca disposición a dar la cara. Una combinación de maquilladas cifras y peroratas leídas en un teleprompter con la presidenta como protagonista estelar.
La propuesta de convertir a los medios de comunicación en un coro monocorde de elogios oficialistas era tan autoritaria que despertó el entusiasmo del legislador de Perú Libre Waldemar Cerrón, quien no solo la respaldó, sino que ya soñaba con tener su propia franja informativa en el Congreso.
El proyecto gobiernista de acaparar minutos en señal abierta, ya sea que haya quedado congelado o esté derretido, es una señal de alerta para la prensa independiente. Hay que mantenerse vigilantes.
