El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció esta semana sanciones contra Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre los derechos humanos en Palestina, acusándola de “escupir un antisemitismo flagrante”.
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La funcionaria de las Naciones Unidas había publicado a inicios de julio un informe en el que afirmaba que grandes firmas del sector financiero como Vanguard, Blackrock y Barclays se habían beneficiado del conflicto en Gaza “canalizando miles de millones de dólares en bonos del tesoro y hacia compañías directamente involucradas en la ocupación y el genocidio israelí”.
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“La campaña de guerra política y económica contra Estados Unidos e Israel no ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros compañeros en su derecho a la autodefensa”, escribió Rubio en la red social X.
Por su parte, el Estado israelí saludó la decisión de sus aliados norteamericanos.
“Albanese ha socavado constantemente la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al promover narrativas falsas y presionar por acciones legales ilegítimas que ignoran las realidades sobre el terreno”, puntualizó Danny Danon, representante de Israel ante la ONU.
El anuncio de Rubio se enmarca en la orden ejecutiva que Donald Trump firmó en febrero de este año para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI). La medida acusaba al organismo de actuar de forma “ilegítima” contra Israel y Estados Unidos e imponía restricciones financieras y para el visado a quienes colaborasen con investigaciones de la CPI.
En noviembre de 2024, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Yoav Gallant, por entonces ministro de Defensa, habían sido acusados por la CPI de presuntos crímenes de guerra junto al fallecido Mohammed Deif, comandante de Hamas.
La ONU ha criticado la reciente medida contra Albanese y ha pedido al gobierno de Estados Unidos respetar el diálogo necesario para las relaciones internacionales.
“Incluso en caso de desacuerdo feroz, los Estados miembros de la ONU deben comprometerse de forma sustantiva y constructiva, en lugar de recurrir a medidas punitivas”, señaló Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“En este día más que nunca: me pongo firme y convincentemente del lado de la justicia como siempre lo he hecho”, escribió por su parte Albanese en X.
Académica especializada en el conflicto palestino
Francesca Albanese nació en Ariano Irpino, localidad del sur de Italia, en 1977 y estudió derecho en la Universidad de Pisa, donde se graduó con honores. Su formación posterior incluye estudios en derechos humanos en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y derecho internacional en la Universidad de Ámsterdam.

Gran parte de su producción académica y de sus investigaciones están relacionadas al conflicto palestino-israelí y los desplazamientos humanos provocados por este. También se ha dedicado a la docencia en universidades europeas y de Medio Oriente, además de dictar conferencias.
Su experiencia dentro de las Naciones Unidas la llevó a colaborar con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.
En el 2022 fue designada como relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, sucediendo a su compatriota Giorgio Giacomelli y convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo.
Albanese siempre ha afirmado ser imparcial y que sus comentarios estaban basados en hechos comprobables, aunque desde un inicio admitió que su nombramiento iba a incomodar a algunos sectores.
“Tengo un perfil híbrido y soy presa fácil de los detractores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero no tengo miedo. Ya he sido atacada y he visto cómo atormentaron a mis predecesores”, declaró en una entrevista con el medio italiano Altreconomia poco después de su designación.
Su postura reiteradamente crítica con el papel de Israel y Estados Unidos y sus informes sobre la gestión de los territorios palestinos ocupados ante la ONU, le han valido críticas desde el gobierno estadounidense y la comunidad judía de ese país.
La organización no gubernamental UN Watch, fundada por activistas de origen judío, la ha llamado “lobo con piel de oveja” y la ha acusado de recibir financiación de “grupos de presión pro Hamas”, así como de instrumentalizar a la CPI en contra de Israel y Estados Unidos.




