“Era un infierno en la Tierra”. Duncan Okindo viajó desde Nairobi, en Kenia a Bangkok, la capital tailandesa, con la esperanza de trabajar en un ‘call center’. Nunca imaginó que terminaría en Myanmar encerrado en un complejo industrial custodiado por hombres armados y obligado a perpetrar estafas cibernéticas, bajo riesgo de ser torturado, violado o asesinado.
La historia que Okindo le contó al diario “The Guardian” escarapela el cuerpo, pero no es el único. Como él, cientos de miles son captados por mafias, en su mayoría chinas, que ofrecen trabajo en el sudeste asiático, pero terminan siendo secuestrados, recluidos y sometidos a condiciones de esclavitud en las llamadas ‘granjas de estafas cibernéticas’. Ahí son obligados a contactarse con personas de todo el mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, para que inviertan en criptomonedas, plataformas de juegos online o para entablar ‘relaciones románticas virtuales’ con el fin de sacarles grandes sumas de dinero.
“Me quitaron la ropa, me hicieron sentar en una silla y me dieron descargas eléctricas en la pierna. Pasé 16 días en una celda por no obedecerles. Solo me dieron agua mezclada con colillas de cigarros”, le contó Ravi, un joven de 24 años de Sri Lanka, a la BBC.
Estas mafias captan a sus víctimas en otros países vulnerables del sudeste asiático, como Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia o Filipinas, pero también han llevado sus tentáculos a países africanos e incluso al Brasil. Los criminales buscan a personas con conocimientos de inglés y habilidades tecnológicas.
Según ha documentado la oficina de Derechos Humanos de la ONU, al menos 300 mil víctimas están retenidas en vastos complejos de Camboya, Myanmar, Tailandia, Laos, Malasia y Filipinas, donde estos grupos criminales aprovechan la corrupción de las autoridades para permitir que pasen controles migratorios o crucen las fronteras con impunidad.
Cientos de personas se llevaron maletas, monitores de ordenador, mascotas y muebles al huir de un presunto centro de ciberfraude camboyano en la ciudad costera de Sihanoukville, el 15 de enero del 2026. (Foto: AFP)
/ TANG CHHIN SOTHY
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Para la ONU, estas estafas han crecido hasta alcanzar “proporciones industriales”. Amnistía Internacional ha alertado de que ya se trata de una crisis humanitaria internacional, de la que no se habla mucho, algo en lo que concuerda Ricardo Valdez, director ejecutivo de la organización CHS Alternativo, que se especializa en trata de personas, explotación sexual y trabajo forzoso. “Cuando se estima que más de 200 mil personas han sido captadas y forzadas a trabajar en centros de estafa en países como Camboya, Myanmar o Tailandia, ya no estamos ante hechos aislados, sino ante un sistema organizado que opera a escala regional”, expresa a El Comercio.
“La magnitud es uno de los factores más preocupantes. Se trata de miles de personas privadas de libertad y sometidas a explotación de manera simultánea, dentro de redes criminales que funcionan como verdaderas estructuras empresariales y que operan de forma transnacional. Por eso se habla de una crisis silenciosa: no genera imágenes visibles como un conflicto armado o un desastre natural, pero por su escala, sistematicidad y número de personas afectadas, tiene claramente dimensiones humanitarias”, agrega.
Un aspecto que hace más siniestra esta modalidad es el entorno de virtualidad donde se cometen los delitos, y que estas transacciones ilícitas se hagan generalmente en la ‘deep web’, lo que hace más difícil rastrear a las redes criminales.
Según un informe de Internacional Justice Mission, reportado por “The Guardian”, más 7 mil personas fueron rescatadas en una operación en Myanmar el pasado mes de febrero y otras 2 mil en octubre. Sin embargo, esto también supone otro problema: el engorroso proceso para que las víctimas regresen a sus países.
Personas de diversos países, que trabajaban en el complejo KK Park en Myanmar y cruzaron a Tailandia por el río Moei, se sientan con sus pertenencias mientras las autoridades tailandesas llevan a cabo investigaciones en el distrito de Mae Sot, en la provincia de Tak, el 24 de octubre del 2025. (Foto: AFP)
/ SAROT MEKSOPHAWANNAKUL
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Al momento de ser engañados, las mafias les quitan sus pasaportes, por lo que están indocumentados y sin dinero en un país extraño, y muchos de ellos se quedan deambulando en las calles hasta que sus embajadas puedan contactarse con sus familias. Otros logran ser internados en campamentos militares o centros de detención mientas esperan que se tramiten sus casos.
También están los que logran escapar o los que consiguen ser liberados tras pagar costosos rescates.
“La letanía de abusos es abrumadora y, al mismo tiempo, desgarradora. Sin embargo, en lugar de recibir protección, atención y rehabilitación, así como las vías de justicia y reparación a las que tienen derecho, las víctimas se enfrentan con demasiada frecuencia a la incredulidad, la estigmatización e incluso a castigos adicionales”, afirmó en su informe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“La gravedad es doble: por un lado, miles de personas quedan privadas de libertad en condiciones equivalentes a esclavitud moderna; por otro, son forzadas a participar en actividades delictivas. Se trata de una forma contemporánea de explotación en la que el ‘producto’ es digital, pero la coerción y la pérdida de libertad son reales. Además, es un modelo altamente rentable y transnacional que se expande con rapidez, combinando trata de personas, criminalidad organizada y ciberdelito en una escala industrial”, precisa Valdez, quien también fue viceministro del Interior en nuestro país.
Solo en Camboya se estima que los beneficios de las estafas cibernéticas superan los 12.500 millones de dólares anuales, según un informe del 2024 del United States Institute of Peace. A nivel global, se calcula que los ingresos pueden superar los 64 mil millones de dólares, a costa del maltrato a personas que solo buscaban un trabajo decente.
