La escalada de extorsiones y ataques armados contra conductores y cobradores del transporte urbano fue el foco del foro “Lima y Callao: entre la inseguridad y el caos, ¿es posible el cambio?”, organizado por la Asociación A Movernos con el respaldo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). El encuentro se realizó este jueves 13 de noviembre en el Belmond Miraflores Park Hotel y convocó a especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil en un espacio de asistencia gratuita y aforo limitado.
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De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2025 se presentaron más de 23 mil denuncias por extorsión a nivel nacional, un incremento superior al 35 % respecto al año anterior. El sector transportes se ha visto fuertemente golpeado debido a redes delictivas que imponen cobros ilegales para permitir la operación de vehículos en rutas específicas, afectando la seguridad, la economía y el funcionamiento del sistema urbano.
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El foro abordó cuatro ejes estratégicos: la seguridad en el transporte público, la planificación de la movilidad urbana, la formalización del sistema y la sostenibilidad con infraestructura inteligente. Los reportes policiales y gremiales señalan que los ataques se concentran en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Ate y San Martín de Porres, donde operan bandas dedicadas a la extorsión. Solo en el último año, estas zonas registraron más de 46 asesinatos a conductores bajo modalidades de sicariato.
“Era urgente generar un espacio de diálogo entre autoridades, sector privado y sociedad civil para plantear soluciones concretas que redujeran la violencia”, indicó Roberto Vélez, gerente general de A Movernos. Durante la jornada se mostraron estudios sobre la expansión urbana y la concentración de empleos en Lima Centro, factores que elevan los tiempos de viaje y exponen a millones de ciudadanos a un sistema desordenado y vulnerable.
El evento también reveló que la crisis de seguridad ha superado la capacidad de los mecanismos actuales debido a la informalidad, la falta de planificación y la ausencia de tecnologías modernas. La necesidad de fortalecer la fiscalización, digitalizar procesos y desarrollar infraestructura adaptada al crecimiento demográfico fue destacada como una prioridad urgente.
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A Movernos y la AAP reafirmaron su compromiso de posicionar la seguridad del sector y la modernización del transporte urbano como objetivos centrales, impulsando acciones que permitan enfrentar la violencia, la informalidad y la extorsión que afectan cada día a Lima y Callao.
