Con bombos y platillos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inició, la semana pasada, la audiencia en base a la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos. Todos ellos están encausados en sede parlamentaria por el cierre del Congreso de setiembre del 2019.
Vizcarra, quien ya se encuentra inhabilitado por vacunarse en secreto contra el COVID-19, no asistió aduciendo temas de salud; mientras Zeballos alegó que no había sido notificado en su domicilio. El único que se presentó fue Del Solar, ante unos congresistas que más parecían interesados en su futuro político que en el caso de fondo por el que es acusado.
El cierre del Congreso del 2019 no se puede justificar y, si bien aún es materia de debate, es algo que no se debe forzar bajo los mismos parámetros de interpretación que empleó Vizcarra. Pero, dejando el tema de fondo de lado, el Congreso lleva a cabo su indagación de mala manera.
El artículo 99 de la Carta Magna establece que la Comisión Permanente puede acusar ante el Congreso al presidente de la República y a exministros –entre otros altos funcionarios– “por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas”. Si tomamos en cuenta el último parámetro, al Congreso ya se le pasó el tiempo para acusar, pues ya se cumplieron los cinco años desde que dejaron el cargo: Zeballos en julio y Del Solar en setiembre. En el caso de Vizcarra, solo tienen plazo hasta inicios de noviembre.
¿Cómo explicar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recién decida procesar la denuncia de un hecho que ocurrió hace más de cinco años? Inexperiencia, dejadez, falta de seriedad: en eso se resume la gestión que tiene Alianza para el Progreso (APP) al mando de tan importante grupo de trabajo. Esta acusación debió tener prioridad y tramitarse desde el inicio del actual quinquenio.
Pero este problema se extiende más allá de la subcomisión mencionada. La Comisión de Fiscalización, que durante los primeros tres años del actual período estuvo bajo el manejo de Perú Libre, no impulsó ningún tipo de investigación relevante. Para el período 2024-2025 ha pasado al control de Podemos Perú, cuyo presidente, Juan Burgos, inició con señales de impulsar una agenda distinta, pero cuyo impulso ha ido perdiendo fuerza con el transcurso de las semanas.
En otros tiempos, el caso de Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, ya estaría siendo investigado y se estaría exponiendo a toda su red incluyendo a los propios parlamentarios, como sucedió con el Caso Orellana, en el que el exlegislador Víctor Andrés García Belaunde logró develar los nexos de esta tanto en la fiscalía como en varias bancadas de su período.
No existe un ánimo fiscalizador. Tenemos a la fecha tres comisiones fiscalizadoras creadas para temas específicos y aún no se conoce avance alguno. Para muestra, una de estas –que supuestamente busca esclarecer un contrato de concesión para un proyecto de suministro de energía para Iquitos– aún no tiene su conformación lista a falta de integrantes, pese a haber sido aprobada en junio pasado. Otra de las comisiones –que investiga el exceso de plomo en la sangre en zonas mineras– es presidida por Magaly Ruiz, congresista de APP que viene siendo investigada por un caso de mochasueldos. Solo en un Congreso como el actual una investigada puede ser investigadora.
