La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 30 años de pena privativa de la libertad contra el exconductor de televisión Andrés Hurtado Grados, conocido como ‘Chibolín’. El Ministerio Público también pidió 24 años de cárcel para la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta Santur.
La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 30 años de pena privativa de la libertad contra el exconductor de televisión Andrés Hurtado Grados, conocido como ‘Chibolín’. El Ministerio Público también pidió 24 años de cárcel para la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta Santur.
Ambos son acusados por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias en agravio del Estado.
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A su vez, el fiscal Edward Casaverde solicitó que el exconductor sea inhabilitado por un periodo de 20 años para el ejercer la función pública, así como el pago de una sanción económica de entre S/ 520 000 y S/ 760 000 por concepto de días-multa.
En el caso de Peralta Santur, la Fiscalía requirió 15 años de inhabilitación en la función pública y una multa punitiva que oscila entre los S/ 93 000 y S/ 188 000.
Andrés Hurtado
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > DANIEL APUY
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El expediente judicial será evaluado por el magistrado supremo Juan Carlos Checkley Soria, durante la etapa intermedia o audiencia de control de acusación. El juez examinará las observaciones técnicas de las defensas antes de determinar el auto de enjuiciamiento que dará inicio al juicio oral.
La investigación se sustenta en tres hechos principales de presunta corrupción. El primero aborda la entrega de una supuesta dádiva económica por parte del empresario Javier Miu Lei con el objetivo de que la fiscal Peralta Santur intercediera en la devolución de un cargamento de barras de oro que la Fiscalía había incautado a su compañía en el año 2020.
El segundo punto de la acusación involucra a Andrés Hurtado en supuestas gestiones ilícitas para promover el inicio de una investigación penal por el delito de lavado de activos en contra de la empresa minera Paltarumi.
Finalmente, el tercer componente fiscal señala la presunta exigencia de un soborno económico dirigido a Iván Siucho Neira. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, dicho pago ilícito se habría condicionado a cambio de no iniciar indagaciones fiscales por lavado de activos contra el ciudadano, su entorno familiar y la empresa Quantico.
