La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, en el marco de las investigaciones por el caso Frigoinca. El Ministerio Público lo acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
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De acuerdo con la tesis fiscal, Acuña habría recibido S/77.000 del fallecido empresario Nilo Burga Malca con el fin de facilitar la obtención de permisos para que la planta de producción Frigoinca, ubicada en Chepén, continúe operando y mantenga contratos con el programa Qali Warma. Los pagos, según la investigación, se habrían realizado bajo la fachada de “préstamos” que nunca fueron devueltos.
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La Fiscalía sustentó su pedido señalando que el 19 de noviembre se allanó el domicilio de Óscar Acuña y se dictó su detención preliminar por siete días. Sin embargo, desde esa fecha permanece no habido. El requerimiento fiscal también se extiende a otros dos investigados: Aníbal Morillo Arqueros, exgerente de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), y Milton Broca Alcántara.
El pedido presentado el 25 de noviembre fue admitido por el Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, que programó audiencias para los días 27 y 28 de noviembre, así como el 1 y el 3 de diciembre, con la finalidad de evaluar la solicitud de prisión preventiva.
Óscar Acuña y la presunta organización criminal
La investigación detalla que, en septiembre de 2022, Nilo Burga buscaba evitar la expiración de la licencia de funcionamiento de Frigoinca. Para ello, acudió a su conocido Milton Broca, quien le ofreció contactar a una persona con influencia en Trujillo: Óscar Acuña.
Según la Fiscalía, Burga visitó al día siguiente el local partidario de Alianza para el Progreso (APP) en busca de Acuña. Allí, este habría llamado a Aníbal Morillo, exfuncionario de Geresa. Los tres se reunieron en una cevichería, donde Morillo habría asegurado que podía facilitar la inspección necesaria para que la planta continúe operando.
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El Ministerio Público sostiene que Acuña ejercía influencias debido a la relevancia política de su hermano en el Gobierno Regional de La Libertad y su vínculo partidario con APP. La colaboradora eficaz 5-1-2025 indicó que los pagos hechos por Burga —entre S/5.000 y S/30.000— sumaron S/77.000, dinero que presuntamente constituiría el beneficio ilícito recibido por Acuña.
