Fiscalía pide anular archivo del Caso Cócteles contra Keiko Fujimori: ¿Cuáles fueron los argumentos?

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Para Juárez Atoche, el juez de investigación preparatoria actuó con “incongruencia” al decidir ejecutar la sentencia del TC, declarar el sobreseimiento del proceso judicial contra Fujimori Higuchi, hacer extensiva la sentencia a otros acusados y archivar los delitos de lavado de activos y crimen organizado.

“Es incongruente, como hemos visto, porque el juzgado dice que ejecuta la resolución del Tribunal Constitucional en sus propios términos, pero para ejecutar la resolución del TC debió tener en cuenta que la etapa procesal en la que había dejado el tribunal, era de investigación preliminar, no lo deja en el estado de la etapa intermedia”, postuló el fiscal.

Para el representante del Ministerio Público, lo que debía haber hecho el juez de primera instancia era evaluar si le correspondía a él ejecutar o no la sentencia del TC. Y, en todo caso, dejar sin efecto todo el proceso penal y derivar el expediente al Ministerio Público para pronunciarse y ejecutar la sentencia.

Concluyó sus alegatos señalando que la decisión del juez de investigación preparatoria había dejado en indefensión al Ministerio Público, y le quitó la función constitucional que les correspondía.

Finalizó solicitando que se declare fundada su apelación, el tribunal anule la resolución del juez de investigación preparatoria que archivó el caso, y que todo sea remitido al Ministerio Público para que sea dicha instancia la que ejecute la sentencia del TC.

“Se le quita la atribución al Ministerio Público, porque habían otros hechos delictivos (…) Aquí se esponjan los abogados diciendo, ‘ah el Ministerio Público quiere reabrir nuevamente el caso’. Nunca hemos dicho eso señores magistrados, el Ministerio Público, de una manera razonada, ponderada y de acuerdo a sus atribuciones, porque es el titular de la acción penal, verá cómo ejecuta esa sentencia (del TC). Es por eso que pedimos que se declare nula esa resolución del juez y se remitan los actuados para que el fiscal de acuerdo a sus competencias resuelva y ejecute la sentencia del TC”.

Germán Juárez Atoche, fiscal superior para caso de Lavado de Activos

La Procuraduría de Lavado de Activos, a través de la procuradora adjunta María Camus, también solicitó que se declare fundada la apelación fiscal y se remita el expediente hacia el Ministerio Público para que adecúe el Caso Cocteles en los términos que señala la sentencia del TC.

Además, requirió al tribunal superior que anule la decisión del juzgado de primera instancia y no se le extienda la sentencia del TC que favorece a Fujimori Higuchi al resto de los coacusados. Ello, adujo, porque al resto de implicados se les imputan otras acciones diferentes dentro del presunto delito de lavado de activos.

“Esta procuraduría suscribe que la extensión de la sentencia y lo que ordena el Tribunal Constitucional no puede ser interpretado para favorecer a todos los procesados puesto que el fallo sobre la imputación de Keiko Fujimori; y si los demás quieren favorecerse por la línea de interpretación del tribunal, ello debe ser materia de evaluación por cada caso en concreto en la etapa preliminar ordenada por el TC, por lo que señalamos que todo el proceso sea devuelto al Ministerio Público”, solicitó.

Defensas solicitaron que se confirme decisión que archiva el caso

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, solicitó que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría, al sostener que ninguno de los dos cuestiona que se acate y se cumpla lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Es decir, que se archive el proceso contra su patrocinada por los delitos de lavado de activos y crimen organizado.

Aseguró que la decisión tomada para resarcir los daños que se le causó a su patrocinada ya tiene la condición de cosa juzgada y por tanto, si se acepta que los hechos imputados no eran delitos, no tendría sentido retrotraer el caso a la instancia de investigación preliminar.

“Todos sabemos que la retroacción tendría sentido si es que aún existiera una pretensión punitiva viable, pero si públicamente la fiscalía y la procuraduría han dicho que los hechos carecen de relevancia penal conforme lo establece el TC, entonces ha desaparecido el presupuesto para la persecución penal”, sostuvo la abogada.

En ese sentido, de acuerdo a Loza, lo que cuestionan los apelantes no es una cuestión de fondo, sino una cuestión de forma.

“Ambos impugnantes se equivocan cuando alegan que el tribunal nos está situando en el contexto de indagación preliminar, no eso no es correcto. Lo que hizo fue declarar la inviabilidad jurídica de este proceso respecto a los delitos de lavado de activos y organización criminal. Es decir, si hay un reconocimiento implícito de que no hay delito, no hay caso; y así lo cumplió el juez de investigación preparatoria al ordenar el sobreseimiento del proceso. Era imposible jurídicamente otorgar dicha posibilidad al fiscal pues el delito carece de todo sustento.”

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori

De acuerdo a la abogada, el TC no encontró ninguna razón para la subsanación del proceso, sino que no habían hechos delictivos qué perseguir. Por tanto, el juez actuó como instancia de ejecución de la sentencia constitucional, no estaba reinterpretando; sino materializando los efectos de la sentencia del TC, controlando la viabilidad de la persecución penal.

“La fiscalía dice que verá cómo ejecuta la sentencia del Tribunal Constitucional. No se trata de eso, de que el Ministerio Público verá cómo ejecuta la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia del TC es clara, el tribunal no ha ordenado rehacer una persecución penal, lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad de la persecución penal porque lo hechos no constituían delito, por tanto el juez actuó dentro de sus competencias, lo que hizo fue ejecutar la sentencia; por tanto retrotraer el proceso es un imposible jurídico”, manifestó.