De acuerdo a fuentes de El Comercio, el Ministerio Público notificó la decisión a los implicados, luego de abrir investigación por los presuntos delitos de omisión de funciones, avocamiento indebido del cargo y falsedad ideológica.
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Como parte de las pesquisas, se citó a los investigados a fin de que rindan su declaración y requirió copias del proceso de “nulidad de oficio” que terminó beneficiando a la destituida Benavides Vargas.
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De acuerdo a las fuentes, la investigación corresponde al despacho de la Fiscalía de la Nación a cargo de Delia Espinoza, debido a que los integrantes de la JNJ tienen la calidad “aforados”.
El Comercio buscó la versión de Ríos Patio y de su institución, pero hasta el cierre de este informe no respondieron.
Como se recuerda, según relató Francisco Távara, también consejero de la JNJ, habría advertido a Ríos Patio que no podían revisar el pedido de “nulidad de oficio” de Benavides porque el proceso disciplinario por el cual se le destituyó ya había concluido en la JNJ y porque el caso se encontraba judicializado.
Además, señaló que Ríos había promovido que la fiscalía reactive una denuncia ya concluida y adujo un presunto reglaje en su contra.
Por la tarde del jueves, la JNJ emitió un comunicado rechazando las versiones de Távara Córdova. Además, defendió la cuestionada unanimidad de la votación que tuvo la resolución emitida a favor de Benavides, señalando que se siguió el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios.
Señalaron que el consejero Távara no se habría excusado oportunamente de conocer el expediente de Benavides, puesto que la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ notificó el caso a todos los miembros del pleno el lunes 2 de junio de 2025 y el señalado magistrado recién presentó su escrito cuando la audiencia ya se estaba desarrollando.
“La Resolución N.° 231-2025-JNJ de 12 de junio de 2025, que materializa el acuerdo del Pleno de la JNJ de 9 de junio de 2025, fue firmada por de la JNJ de conformidad con el segundo párrafo del artículo 55 del Reglamento del Pleno de la JNJ, por tanto, es una resolución que representa el voto unánime de los miembros que estuvieron presente en el informe oral del P. D. N.° 001-2024-JNJ (recurso de nulidad), los cuales, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, son los únicos que pudieron emitir su voto.”
En el documento también rechazaron que el presidente de la JNJ, Gino Ríos, y la vicepresidenta de la institución, María Cabrera, hayan dispuesto una “supuesto reglaje” en contra de Távara.
“Rechazamos enfáticamente las acusaciones del miembro Távara Córdova sobre un supuesto reglaje a su persona”, indicaron.
Por ello, exhortaron a Távara para que no realice “expresiones que induzcan al error público”.
Denuncia constitucional y pedido de reforma del MP
Mientras que desde el Congreso continúan las acciones contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos, a consecuencia del caso Patricia Benavides y la JNJ.
El jueves, la bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional que incluye un pedido para inhabilitar por 10 años para el ejercicio del cargo público contra los fiscales supremos. En tanto, Américo Gonza (Perú Libre) ingresó su proyecto de ley que busca la reorganización de la institución.
Para los parlamentarios, Espinoza Valenzuela, así como los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, estarían incurriendo en desacato al no ejecutar la resolución que emitió la JNJ, a favor de Benavides, ordenando que la fiscalía la reponga como fiscal de la Nación.
Ambas acciones, así como otras denuncias y exhortaciones presentadas en el Congreso por este caso, serán recién evaluadas en la próxima legislatura que empezará el mes de julio.
La denuncia constitucional presentada por Renovación acusa a los cuatro fiscales supremos de presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones.
Yarrow, representante de dicha bancada, señaló en declaraciones a la prensa que se está viendo un “claro desacato a la autoridad” de parte de los denunciados.
Consideró que el Ejecutivo y el Congreso ya deberían haber adoptado alguna iniciativa y “mandar al Ministerio Público a una reorganización”.
En la denuncia constitucional, que también fue suscrita por el vocero de dicho grupo congresal, Alejandro Muñante, cuestionaron que Espinoza Valenzuela desacate una orden emitida por un funcionario público, en alusión a la JNJ.
Para la bancada, luego que la JNJ notificó a Espinoza con su decisión, esta dejó de ser fiscal de la Nación, pues ya fue “subrogada o cesada en el cargo de Fiscal de la Nación”.
“Se declare la responsabilidad penal de los denunciados al haber cometido infracción a la Constitución y se proceda con su inhabilitación para el ejercicio del cargo público por diez años, conforme establece el Artículo 100 de la Constitución, a quienes se les imputa l infracción del artículo 43, 45, numeral 2 del artículo 139, así como la presunta comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de la función pública.”
Mientras que desde Perú Libre, el congresista Américo Gonza, presentó un proyecto de ley que propone declarar en emergencia al Ministerio Público por el plazo de seis meses y, como parte de los efectos, se disponga la destitución del actual fiscal de la Nación, así como de los demás integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, así como de los adjuntos supremos titulares, provisionales y adjuntos provisionales.
El documento también propone crear una “Junta transitoria de fiscales” que deberá ser elegida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reformar el Ministerio Público (MP) y dentro de dicho grupo transitorio se elegirá al “fiscal de la Nación Transitorio”.
Como parte de su labor, los fiscales supremos transitorios en el plazo de los seis meses, deberán presentar al Congreso de la República, dos propuestas legislativas: una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y una nueva Ley de Carrera Fiscal, respectivamente.
“Se encarga a la Junta Nacional de Justicia el nombramiento, mediante concurso público de acceso abierto, de los miembros que integrarán la Junta Transitoria de Fiscales Supremos, la cual estará conformada por siete (7) miembros que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 156 de la Constitución.”
De otro lado, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, sostuvo que la situación que atraviesa el Ministerio Público “justifica” la reforma del sistema de justicia y en especial, de la fiscalía.
Consideró que el Parlamento debería hacer algo respecto al conflicto que enfrenta a Delia Espinoza y Patricia Benavides por lo que adelantó que el Legislativo revisará las iniciativas de reformas para el MP que se han presentado.
“Es un pedido que se justifica. Todo el mundo está observando un espectáculo lamentable en el Ministerio Público y creo que eso refuerza esa idea de que es necesario reorganizar esa institución de manera inmediata.”
Juan Peña: “Se nos abrió investigación en un solo día”
El abogado Juan Peña, defensa legal de Patricia Benavides, quien acompañó a la restituida fiscal el pasado 16 de junio en su intento de retomar al cargo, rechazó la denuncia por presunta usurpación de funciones en contra de su patrocina, y otras personas que estuvieron junta a ella aquel día.
En diálogo con El Comercio, cuestionó que la fiscalía penal haya decidido abrir “en un solo día” la investigación por la denuncia que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
“Lo que me sorprende es que el fiscal que asume el caso me abra la investigación en un día, cuando hay denuncias penales que se presentan, y que demoran, por lo menos, en los casos que yo denuncio, 15 a 20 días para que el fiscal califique. Eso la fiscalía lo ha abierto en un día ¿Por qué? ¿Tienen la orden de que lo abran de inmediato?”
El abogado también rechazó que se haya incluido a dos estudiantes de derecho que acompañaron a su patrocinada, y dos miembros de Seguridad del Estado, quienes dijo, “no tienen ningún tipo de participación”.
Advirtió que si hubieran cometido algún delito, todos hubiesen sido detenidos en ese momento debido a que, una fiscal de prevención del delito, se constituyó hasta el piso nueve de la fiscalía donde se encontraban.
“Entiendo que es un abuso de poder por parte del señora Espinoza, lo que está haciendo con esa denuncia. Yo sé que tiene una posición jurídica distinta a la que dice la Junta, pero eso no conlleva a que en el cargo de fiscalía de la Nación inicie actos como esta denuncia, basándose en falsedades. Porque mi persona y la doctora Benavides, que fuimos los que ingresamos primero, lo único que hicimos fue ingresar porque las puertas estaban abiertas y le guste o no, desde el lunes a las ocho de la mañana, la doctora Benavides era fiscal suprema.”
Al ser consultado si interpondrían alguna acción legal, Peña señaló que no pueden hacer “nada” en contra de una disposición fiscal de apertura de investigación.
“¿Quién puede pedir justicia así? ¿Quién puede pedir que un fiscal sea de verdad objetivo? Por ejemplo, después de todo esto que ha pasado, ¿la doctora Delia Espinoza puede seguir investigando la doctora Benavides en los casos que tiene todavía pendientes?¿Con qué objetividad?”, cuestionó.
Finalmente, al ser consultado, el abogado señaló que si la JNJ retrocede en su decisión de reponer a su patrocinada como fiscal, volverán a acudir al Poder Judicial.
“Bueno, si la Junta en ningún momento retrocede en su posición, independientemente de cuál sea el resultado, nosotros tenemos que aceptarlo. Y si no estamos de acuerdo, (tendremos que) ir a la institución que sea correspondiente. Otra vez con otro amparo, seguramente, pero es lo que corresponde”, comentó.
Sostienen que denuncia contra Benavides no debería verse en la fiscalía
Luis Lamas Puccio, abogado penalista, dijo a El Comercio que la denuncia de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra Patricia Benavides y otras personas, por la irrupción a las oficinas de su despacho, no debió ser interpuesta ante el mismo Ministerio Público, ya que la magistrada sería “juez y parte”.
Comentó que debido informar de los hechos ante la Junta Nacional de Justicia para que se inicie allí un proceso.
“En otras palabra será juez y parte. Allí, en en esa línea de análisis, se pone en tela de juicio la idoneidad en cuanto a la manera y la forma como se debe desarrollar esa investigación o esa indagación. Porque, evidentemente, quien va a indagar tiene que ser un fiscal, y el fiscal depende de la fiscal de la Nación. Entonces, en principio, yo pondría serias objeciones en cuanto a la forma, ¿no?”
Sobre el fondo de la denuncia, dijo que se tendría que considerar que Benavides tendría como respaldo una decisión de un órgano autónomo como la Junta Nacional de Justicia. Por lo que, tampoco es que haya irrumpido de forma intempestiva.
“Ella está respaldada por una decisión que puede ser objeto de controversias, pero en múltiples instancias era lo que había decidido la Junta Nacional de Justicia. En tercer lugar, me parece que la vía más correcta debió haber sido recurrir a la Junta Nacional de Justicia por parte de la fiscalía, ¿no? Para, digamos, agotar una vía previa, y a partir de lo que surgiera en esa vía previa administrativa”, dijo.
Lamas Puccio comentó que si bien, cada una de las partes involucradas fundamentan sus razones, lo único que puede orientar las decisiones es lo que dice la ley que se aplica a través de lo que deciden las instituciones.
Lamentó que con la situación actual, generada en la fiscalía, se perjudique a la sociedad y al estado de derecho.
“Uno puede estar en desacuerdo con lo que decidió la Junta Nacional de Justicia, pero hay procedimientos para objetar las decisiones. Yo diría que si la fiscal no estaba de acuerdo, pudo haber presentado un recurso de reposición, y en última instancia, sino encontraba lo que quería, pudo haber planteado una acción de amparo y lograr una medida cautelar, que son los caminos formales. Pero asumir actitudes de fuerza, que se presta a todo tipo de subjetividades, es tremendamente negativo, no solo para la fiscalía, Espinoza, Benavides o para la Junta Nacional de Justicia. Acá, quienes en última instancia terminan perjudicados es el Estado de Derecho, es toda la sociedad”, expresó.
Sí hay elementos para investigar a miembros de la JNJ
Andy Carrión, abogado penalista, consideró que desde el ámbito legal, basta un indicio de sospecha simple para que se abra una investigación.
Por ello, señaló a El Comercio que las declaraciones del consejero Francisco Távara, sobre el caso de Patricia Benavides, referidas a presuntas presiones y su posible reglaje, sí ameritan una investigación.
“El parámetro que usa la Fiscalía para abrir investigaciones es un parámetro de una sospecha muy simple, ¿no?, de una sospecha que no necesita mayor ámbito de corroboración que puede ser el dicho también de una persona. Eso es suficiente. Y aquí tenemos nada menos que la, que la versión de Francisco Távara, que es un miembro de la Junta Nacional de Justicia, que ese mismo señala que lo están acosando y también que existen medidas en su contra.Entonces, yo creo que eso sí amerita que se investigue, ¿no?, porque quizás puede tener algún ribete realmente de coacción hacia el ejercicio de la función pública y cómo esto se manifiesta en un miembro de la Junta.”
No obstante, advirtió, que existe un problema de “oportunidad” puesto que en las declaraciones de Távara, se estaría dando la razón a la fiscalía de la Nación sobre la falta de legalidad que habría ocurrido en la restitución de Benavides Vargas; y por tanto, la decisión de investigar a los miembros de la JNJ “se siente como una reacción contra los demás miembros de la Junta”.
Carrión señaló que, en ese contexto, se estaría ante una situación similar a la que ocurrió con el fiscal José Domingo Pérez y el Caso “Cócteles”, donde abrió investigación por obstrucción a su propia caso.
“¿Por qué? Porque él fue el agraviado, porque adujo que le destruyeron la investigación. Como dije en su momento, él puede abrir la investigación, pero tiene que derivarla a una fiscalía objetiva, imparcial, porque si no, pueden alegar simplemente vendetta, parcialidad, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que aquí se tiene que hacer, porque la agraviada en rigor sería la fiscal Delia Espinoza, porque la intentan destituir del puesto; y por tanto, no tendría legitimidad para investigar”, explicó.
Por tanto, Carrión consideró que una vez abierta la investigación tendría que ser derivada a otro fiscal supremo, a fin de garantizar la imparcialidad.
Finalmente, sostuvo que habría sido un “exceso” la denuncia que presentó Espinoza contra Benavides y otras personas, por lo ocurrido en la fiscalía el pasado 16 de junio.
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