La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque obtuvo una sentencia condenatoria contra dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por actos de corrupción cometidos durante la pandemia del Covid-19, en el marco de compras realizadas durante el estado de emergencia sanitaria.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque obtuvo una sentencia condenatoria contra dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por actos de corrupción cometidos durante la pandemia del Covid-19, en el marco de compras realizadas durante el estado de emergencia sanitaria.
Se trata del comandante PNP Marcel Carbajal, exjefe de la Unidad de Logística de la II Dirección Territorial Policial de Chiclayo, y del suboficial PNP Jean Yampufé, quien se desempeñaba como responsable del estudio de mercado.
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Ambos fueron condenados a 12 años de prisión efectiva, además del pago de 730 días multa, una reparación civil de S/ 111.101,50 y la inhabilitación para ejercer función pública por 10 años, informó el Ministerio Público.
En el mismo proceso, el Poder Judicial condenó a Giovanna Luna, gerente general de una empresa proveedora del Estado, como cómplice del delito de colusión agravada. En su caso, la sentencia fue de cinco años de pena privativa de la libertad, convertida en 260 jornadas de servicios comunitarios, así como 365 días multa, inhabilitación para contratar con el Estado por cuatro años y el pago de una reparación civil de S/ 63.580.
Según la investigación dirigida por el fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas, los policías concertaron con la empresaria para favorecerla en un proceso de contratación directa, pese a que la empresa no se dedicaba al rubro de salud.
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De esta manera, se adquirieron implementos de bioseguridad y productos de limpieza, lo que generó un perjuicio económico al Estado superior a los S/ 756 mil.
El Ministerio Público precisó que este mecanismo irregular no fue un hecho aislado, ya que la concertación se habría repetido en al menos 17 procesos de contratación durante el mismo periodo de emergencia sanitaria.
Por este caso, la Fiscalía recordó que otras seis personas ya fueron sentenciadas previamente como cómplices mediante el mecanismo de terminación anticipada, con penas de cárcel suspendidas, multas e inhabilitación para ejercer función pública.
