La Fiscalía de la Nación anunció que presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra del expresidente Pedro Castillo, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Además, se acusa a 23 congresistas y tres exministros de Estado por su presunta vinculación en estos actos delictivos.
La denuncia elevada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales también es en contra de los congresistas de Acción Popular denominados ‘Los Niños’: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos. En sus casos, por los delitos de organización criminal, y, tráfico de influencias y/o alternativamente cohecho pasivo impropio.
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En el caso de Karol Paredes la denuncia es por organización criminal y tráfico de influencias; y finalmente a Carlos Alva por organización criminal.
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La denuncia constitucional también comprende a los parlamentarios de Perú Libre – Bloque Magisterial: German Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza, por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Vale precisar que dos de los denunciados, Ilich López y Carlos Zeballos, buscan integrar la Mesa Directiva.
Denuncia constitucional contra exministros
La acusación constitucional incluye a Juan Francisco Silva, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; y a Jorge Luis Prado, entonces ministro de la Producción, por los delitos de organización criminal y negociación incompatible. Mientras que a Betssy Chávez, en su calidad de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por el delito de negociación incompatible.
La Fiscalía de la Nación argumenta en su carpeta de investigación que el expresidente Castillo Terrones habría liderado la presunta organización criminal integrada por los congresistas y ministros denunciados con el fin de negociar votos congresales a cambio direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Producción; así como en organismos públicos descentralizados; Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.
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