La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por someterse a una intervención quirúrgica en 2023 sin informar que, debido a ello, quedaría temporalmente incapacitada para ejercer el cargo. La investigación se lleva a cabo por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y, de manera alternativa, abandono del cargo.
Boluarte no informó al Consejo de Ministros ni al Congreso de la República que habría estado incapacitada de desempeñar sus funciones entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023. El Ministerio Público, bajo la gestión de Delia Espinoza, realiza la investigación mediante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
El exprimer ministro Alberto Otárola confirmó que la presidenta se sometió a un proceso quirúrgico el año pasado, una información que circulaba hacía meses, pero que ningún miembro del Ejecutivo había hecho pública.
Otárola señaló ante la Comisión de Fiscalización del Congreso: “Me dijo que se iba a hacer una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración”. No obstante, negó que la jefa del Estado se haya ausentado de las decisiones del gobierno durante un “tiempo prolongando”.
“Puedo dar fe cierta de que el país no tuvo un vacío de poder, sino que se desempeñaron adecuadamente todas las agendas correspondientes”, señaló Otárola, quien estuvo al frente de la PCM entre diciembre de 2022 y marzo de 2024. Según su versión, tuvo permanente contacto con Boluarte vía telefónica e incluso ella participó virtualmente de una sesión del Consejo de Ministros.
El otrora hombre de confianza de Boluarte aseguró que la jefa del Estado “tuvo una recuperación relativamente rápida” y que, tras la intervención, se comunicó con él y “estaba lúcida”.
Desde el gobierno, se ha intentado negar el caso o minimizar sus posibles consecuencias.
Indicios
La agenda pública de la presidenta no registra actividades oficiales del 29 de junio al 9 de julio del 2023.
Una exministra de Estado, cuya identidad pidió mantener en reserva, recordó en diálogo con El Comercio que durante esas fechas, no recibió llamadas de Boluarte, convocatorias a reuniones en Palacio y tuvo menos pedidos de información por parte de la Presidencia de la República.
Según señaló, la información que recibió aquella vez, por parte de Otárola, fue que la mandataria enfrentaba un “tema respiratorio”.
Su versión coincide con el registro de visitas a Palacio de Gobierno. Este evidencia que ningún ministro acudió entre el 29 de junio y el 4 de julio. Al día siguiente fueron para una reunión del Consejo de Ministros, en la que Boluarte participó de manera virtual, mediante la plataforma Webex, según documentación revisada por este Diario.
“Se presentó con la voz afectada. Supuestamente estaba con un tema respiratorio. Se conectó un rato, no todo el consejo, sin prender su cámara y con la voz comprometida”, señaló la exministra.
En tanto, la también exministra Magnet Márquez (Educación) dijo al programa “Ocurre ahora”, de ATV, que recordaba que la presidenta “tuvo una o dos intervenciones puntuales” en esa sesión virtual del Consejo de Ministros. “Recuerdo haberla escuchado probablemente [con la voz] gangosa”, añadió.
Otras fuentes de El Comercio recordaron que tras unos días de ausencia y una agenda vacía, en los pasillos de Palacio de Gobierno incluso corrió el rumor de que Boluarte había contraído la Covid-19, lo que luego quedó descartado.
Recordaron que el 28 de junio del 2023, un día antes de su presunta operación quirúrgica, la jefa del Estado lideró una sesión del Consejo de Ministros por la mañana y encabezó una condecoración a un grupo de policías por la tarde.
Desde que el semanario “Hildebrandt en sus trece” reveló en mayo pasado que la presidenta se sometió a una rinoplastía en una clínica en San Borja, el Ejecutivo optó por el hermetismo y la falta de transparencia.
La propia presidenta calificó de “tendenciosas” las preguntas sobre el tema que hizo la prensa durante una conferencia en el Palacio en julio pasado.
“Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta”, dijo aquella vez. Luego, ante la insistencia de la prensa, esbozó una sonrisa y señaló: “A esas preguntas tendenciosas me refiero, que no ayudan y no generan interés en la población”.
Luego de las revelaciones de Otárola, el expresidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), confirmó en RPP que durante su gestión no se recibió ninguna comunicación sobre la intervención a Boluarte, ni siquiera extraoficialmente.
En tanto, el primer ministro Gustavo Adrianzén respondió que existen voces que intentan “desestabilizar” el país y que la presidenta “nunca ha abandonado sus funciones”, aunque no formó parte del Ejecutivo cuando ocurrieron los hechos.
Adrianzén calificó como una “bajeza” que el exprimer ministro se haya referido a ese caso. Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificó de “desleal” a Otárola.
Reacciones
El congresista Ernesto Bustamente (Fuerza Popular) señaló que el Ministerio Público cumple con “hacer su trabajo”. “Si tiene algún indicio, tiene que proceder de acuerdo a ley, ese es su papel”, añadió en diálogo con la prensa.
No obstante, añadió: “No veo evidencia de que Boluarte haya abandonado el cargo”. Además, opinó que impulsar una posible vacancia presidencial por ese caso solo desestabilizará el país.
En tanto, Américo Gonza (Perú Libre) coincidió en que el caso amerita ser investigado por la fiscalía. Recordó que la mandataria ya enfrenta otras investigaciones.
“No es novedad desde que abrieron la ventana para que el Ministerio Público pueda investigar a un presidente. […] No sé cuántas investigaciones ya lleva, pero se tiene que conocer la verdad. […] Hay algo ahí que investigar”, afirmó.
En abril pasado, la Fiscalía de la Nación amplió una investigación preliminar contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el Caso Rolex. Esto para indagar también sobre los depósitos de origen desconocido que recibió en 11 cuentas bancarias, que suman S/ 1,1 millones.
Luego, en mayo pasado, presentó una denuncia constitucional contra Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado por el Caso Rolex.
El Ministerio Público también investiga a la jefa del Estado por presunto lavado de activos y organización criminal por los aportes a las campañas de Perú Libre, partido del prófugo Vladimir Cerrón.
Además, en la gestión de Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Esto por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales registradas en diciembre del 2022 y enero del 2023.
El caso alcanza a Otárola y los ex ministros del Interior Víctor Rojas y Vicente Romero por supuesto homicidio calificado; y a César Cervantes, también ex titular del Interior, por lesiones graves.
Más información
El último jueves, la Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar las denuncias constitucionales dela Fiscalía de la Nación contra la mandataria por las muertes en las protestas antigubernamentales y por el Caso Rolex.
