Meta volvió adictos a los menores de edad y se aprovechó de ellos, sostuvo este martes una fiscal de California en el comienzo de un juicio contra el gigante de redes sociales, acusado de diseñar deliberadamente Instagram y Facebook para conseguirlo.
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Meta, que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, es la única demandada en este caso.
La compañía “discrepa rotundamente” de las acusaciones presentadas en el juicio, declaró un portavoz a la AFP.
Además de sanciones económicas, los estados exigen cambios en las aplicaciones de Meta para proteger a los usuarios jóvenes, incluyendo límites al tiempo de uso.
Aunque son 29 los estados de la coalición que demanda a Meta desde 2023, la voz cantante en este juicio la llevan los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.
Su acusación se articula en tres ejes: Meta habría mentido al público sobre la nocividad de sus aplicaciones en los adolescentes; habría diseñado ciertas funciones para retenerlos, en particular filtros de apariencia y herramientas de limitación del tiempo fácilmente eludibles; y habría recopilado datos de niños menores de 13 años sin consentimiento parental, en violación de una ley federal.
Se espera que el juicio dure seis semanas, y que el veredicto se dé a conocer en octubre.
Aunque no es el primer caso en el que se busca responsabilizar a las empresas tecnológicas por este tipo de problemas, podría convertirse en uno de los más trascendentales.
“El gran problema aquí es el daño a la reputación” y verse obligado a realizar cambios importantes, dijo a la AFP Vincent Joralemon, jurista en la Universidad de Berkeley.
Expertos ven paralelismos con un acuerdo de hace tres décadas entre docenas de estados de Estados Unidos y empresas tabacaleras.
“Realmente se siente como el caso del tabaco en la década de 1990”, dijo Joralemon.
Si bien los casos sobre los daños causados por las redes sociales giran en torno a la intersección entre la tecnología y la adicción, el caso contra Meta se centra en sus prácticas comerciales, de manera similar a cuando los reguladores estadounidenses demandaron a las tabacaleras, señaló Joralemon.
Decenas de estados de Estados Unidos demandaron a cuatro grandes empresas tabacaleras por minimizar los efectos nocivos de sus productos para la salud y lograron un acuerdo histórico en 1998 que incluía sanciones económicas y cambios en la comercialización de los productos.
Desde entonces, esas empresas tabacaleras han pagado más de 176.000 millones de dólares, según datos de la Asociación Nacional de Fiscales Generales.

