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El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó este viernes una denuncia constitucional contra el juez supremo Jorge Salas Arenas, actual titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El documento fue presentado ante el Congreso para que se levante el antejuicio (inmunidad) que goza como integrante de la Corte Suprema y se le inicie un proceso judicial por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, un delito de corrupción sancionable hasta con seis años de prisión.
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La denuncia se da tras la investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por hechos que se remontan al 2017, cuando Salas Arenas era juez supremo. Es decir, antes de ser presidente del JNE, cargo para que fue elegido por la sala plena de la Corte Suprema en el 2020 y que dejará este año.
¿De qué trata el caso?
El Ministerio Público imputa a Jorge Salas Arenas haber llamado en noviembre del 2017 al exjuez Walter Ríos, quien presidía la Corte Superior de Justicia del Callao, para que contrate a su exsecretario Pavel Cárdenas.
Walter Ríos es uno de los principales involucrados en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, un caso de presunta corrupción en el sistema judicial peruano que estalló en el 2018. El exmagistrado es una pieza clave en las indagaciones de la fiscalía.
La denuncia constitucional–a la que accedió El Comercio– indica que el caso se conoció luego de que el propio Walter Ríos lo comunicó a la fiscalía a fines del 2019.
De acuerdo con él, Jorge Salas Arenas le pidió que “tenga la gentileza” de contratar a Cárdenas, quien fue su asistente y “lo ayudaba en sus temas académicos”. Walter Ríos afirmó que le habló con tono “inquisitivo”, que sintió que no podía negarse y que lo tomó como “una orden” proveniente de un juez supremo, quien era su superior.
Según el exjuez, Jorge Salas Arenas incluso le dijo que Pavel Cárdenas vivía cerca del Callao y que trabajar allí le iba ahorrar “movilidad y tiempo”, ya que estaba en proceso de elaborar su tesis de maestría.
Añadió que Pavel Cárdenas acudió al día siguiente y fue contratado para trabajar en la sede Santa Rosa de la Corte Superior de Justicia del Callao.
Elementos
Durante las pesquisas posteriores, la fiscalía determinó que Pavel Cárdenas, en efecto, fue “secretario de confianza” de Salas Arenas entre febrero y noviembre del 2017. Luego, a fines de ese mes, pasó a trabajar en la corte chalaca, bajo autorización de Walter Ríos. Estuvo allí hasta octubre del 2018.
La denuncia también da cuenta de que Salas Arenas no llegó a declarar como investigado, pero sí respondió por este mismo hecho en un proceso disciplinario de la Junta Nacional de Justicia. Allí, “habría reconocido” la llamada. Sin embargo, indicó que habría sido para “referenciar” a Cárdenas ante Ríos para que lo considera para un puesto de trabajo.
Los registros obtenidos en la investigación dan cuenta de dos llamadas entre Walter Ríos y Jorge Salas Arenas el 23 de noviembre del 2017. Además, se señala que Pavel Cárdenas reconoció en su declaración a los fiscales del Caso Cuellos Blancos que el juez supremo le dijo que había coordinado una reunión con Walter Ríos y le indicó que vaya.
También se presentó una conversación interceptada en diciembre del 2017 entre Walter Ríos y Pavel Cárdenas. Allí, este se presenta como el exsecretario de Salas Arenas y pide ayuda para pasar de estar en modalidad de suplencia a ganar una plaza CAS, “para tener un poquito más de estabilidad”.
En otra llamada, ese mismo día, Walter Ríos llama a un funcionario de la corte con ese propósito, indicándole que, previamente, Jorge Salas Arenas lo había llamado y le “había pedido por este chico”.
El Comercio buscó el descargo del juez supremo a través del JNE. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, Jorge Salas Arenas no se pronunciaba por la denuncia.
Procedimiento
Luego de que Walter Ríos dio la información sobre estos hechos a la fiscalía suprema encargada del caso Cuellos Blancos del Puerto, esta informó a la fiscal de la Nación, que por entonces era Zoraida Ávalos. Solo el titular del Ministerio Público puede investigar a un juez supremo, salvo circunstancias particulares.
El despacho de Zoraida Ávalos dispuso realizar diligencias previas para decidir si abría una investigación preliminar. Finalmente, se inició indagación contra Jorge Salas Arenas en julio del 2020.
El caso siguió en esa etapa preliminar durante la gestiones posteriores de Pablo Sánchez (2022) y Patricia Benavides (2022-2023) como fiscales de la Nación.
Juan Carlos Villena asumió como fiscal de la Nación en diciembre pasado y asumió también la dirección del caso. El 14 de marzo, precisó que la imputación contra el juez supremo es como instigador de negociación incompatible. Finalmente, este 22 de marzo, presentó la denuncia constitucional ante el Congreso.
El caso ya ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde ser dará cuenta de la denuncia. Si allí se aprueba un informe que recomiende acusarlo y leventarlo la inmunidad, el caso pasará a la Comisión Permanente y, finalmente, al pleno del Congreso.
Si se supera esa etapa y se aprueba la eventual acusación constitucional, el caso volverá al fiscalía para que se pueda formalizar investigación preparatoria contra el magistrado e iniciarle así un proceso judicial ante la Corte Suprema.