El 20 de marzo se cumplió la fecha límite para la primera entrega del reporte de financiamiento de la campaña electoral. Lo que muestra Claridad, el portal web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que transparenta dichos reportes, deja un escenario que debe despertar las alarmas. Todo empieza con el cumplimiento: de los más de 7.000 candidatos al Congreso, apenas la mitad (52,73%) cumplió con transparentar sus ingresos y egresos de campaña.
El problema no solo radica en el incumplimiento, ya que se les permite presentar su reporte fuera del plazo, y la mayoría espera a última hora. Un asunto mayor es la revisión del contenido de los informes. Como muestra, un ejemplo claro es el caso de Rosa María Aranda, candidata a diputada por Lima de Podemos.
La Unidad de Investigación de El Comercio identificó al menos 17 unipolares de Aranda en Lima norte, principalmente en Los Olivos, el distrito donde su esposo, Felipe Castillo, es alcalde. Estos, al precio promedio del mercado, significan una inversión superior a S/250.000 por los tres meses de campaña.
El reporte de gastos de la candidata muestra algo sumamente lejano a la realidad. En su informe de gastos, solo consigna cuatro gastos por unipolares que apenas suman una inversión menor a S/30.000. Lo consignado por ella es poco claro porque no especifica el número de unidades, solo se limita a colocar “unipolares” en plural. El máximo monto que consigna como gasto para esta estructura es de S/11.800. Según los costos del mercado mostrados por este Diario, ese monto alcanza para financiar la instalación y mantenimiento de un panel unipolar por dos meses. Una visita de la ONPE por Lima norte podría verificar la incongruencia entre lo consignado por Aranda y la realidad de paneles unipolares que ha desplegado para su campaña.
Otro tipo de inconsistencias podemos encontrar en los reportes de candidatos que alegan financiar sus campañas con sus propios bolsillos. César Sánchez Ulloa postula al Senado por APP. Este Diario reveló que registra sanciones por pesca ilegal a su nombre, al de su empresa y al de la compañía de su esposa.
El reporte de campaña del candidato pesquero asegura que ha financiado su campaña con menos de S/30.000 aportados por dos personas: él mismo y Segundo Palomino Alva. Este último, según su LinkedIn, trabaja desde el 2020 en Pesquera Hillary, empresa de la esposa donde el candidato también ocupó el cargo de gerente. Entre el 2022 y 2024, esta compañía recibió siete multas por pesca retirada sin presencia de un fiscalizador, por impedir labores de fiscalización en sus embarcaciones, entre otras prácticas contrarias a la ley.
Estos son solo dos ejemplos de la falta de rigurosidad sobre la transparencia de los fondos de campaña de los candidatos. Los actuales congresistas son los responsables de todos los cambios introducidos en los últimos años, la mayoría apuntando a una menor transparencia. En las campañas territoriales existe mucho dinero negro que es difícil de rastrear para las autoridades electorales, y eso es solo la punta del iceberg que nadie parece estar dispuesto a regular.
