MIRA: “(Tiene) una asombrosa capacidad de negar la realidad”: Ortiz Bisso y una crítica anticipada al detenido Agustín Lozano
La detención de Agustín Lozano y otras siete personas, entre ellas el presidente del club Sporting Cristal, Joel Raffo, y la presidenta de la Academia Cantolao, Karen Mandriotti, en un proceso preliminar de 15 días, ha impactado gravemente la imagen de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y ha puesto en entredicho diversos aspectos del sistema futbolístico peruano. Para comprender las repercusiones de este acontecimiento, El Comercio conversó con Jaime Talledo De Lama, abogado especializado en derecho deportivo y asesor jurídico de varios equipos de la Liga 1. Talledo, socio líder del área de Derecho Deportivo de Stucchi Abogados, ofreció una perspectiva detallada sobre esta delicada situación que ha sacudido los cimientos del fútbol nacional.
-¿Cómo afectan estas acusaciones de corrupción a la imagen y reputación de la FPF, tanto en el ámbito nacional como internacional?
Creo que la imagen de la federación ya ha sido muy golpeada. Este tipo de acusaciones agravan un daño reputacional que viene arrastrándose desde hace tiempo. No es una sorpresa completa; estas denuncias ya eran de conocimiento público, y existen al menos cinco investigaciones fiscales en curso, algunas de las cuales se han acumulado con el tiempo. El impacto en la imagen de la federación no es algo que surge solo ahora, sino que ha sido un problema en desarrollo. Un aspecto interesante, que comentaba recientemente con un colega, es la posible relación entre este deterioro de la reputación y la pérdida de ciertos patrocinadores. Si bien la FPF cuenta con Adidas, un patrocinador importante, hemos notado la ausencia de otras marcas de peso, como Corbela, que solía dar un impulso significativo a la imagen de la federación. Además, los problemas financieros de la FPF no son un secreto, y todo esto parece conectar con el impacto que estas denuncias han tenido en la percepción pública. Recuperar una imagen sólida y atractiva para las marcas y el marketing, como la que tuvo en los años anteriores a 2018, será un proceso largo y seguramente costoso. Hoy, el daño reputacional es mucho mayor y restablecer esa confianza será un desafío considerable para la FPF.
-¿Es probable que FIFA y CONMEBOL intervengan directamente en la FPF si se confirma la corrupción en su estructura, y cuál sería el alcance de una posible intervención?
Es importante aclarar que este caso no involucra una interferencia gubernamental en la FPF, sino una investigación penal en curso, y la responsabilidad penal es individual. Por tanto, veo poco probable que FIFA o incluso CONMEBOL nos sancionen o amenacen con una desafiliación debido a esta situación. Sin embargo, si la federación no logra restablecer una dirigencia efectiva tras estas detenciones, FIFA podría decidir intervenir. Por ejemplo, si el presidente actual no puede retomar sus funciones y la estructura directiva queda acéfala, FIFA y CONMEBOL podrían exigir la reestructuración inmediata de la FPF conforme a los estatutos. Esto incluye la sucesión al cargo, que en este caso debería asumir el vicepresidente, Arturo Ríos, quien no ha sido detenido y podría asumir la presidencia interina. La FPF necesita una dirección clara, especialmente para coordinar temas con CONMEBOL, como los próximos partidos contra Chile y Argentina. Además, la junta directiva cuenta con el quórum necesario para sesionar y tomar decisiones clave para garantizar la continuidad administrativa en medio de esta crisis.
-¿Existe algún mecanismo en el que el Estado peruano pueda sancionar e inhabilitar a Agustín Lozano como presidente de la FPF?
En Perú, no existe una figura legal que permita la intervención directa del Estado en la destitución de un presidente de federación como en otros países. Aquí, las sanciones aplicables son más limitadas. Por ejemplo, no tendríamos una intervención del IPD, ya que contamos con la norma de fortalecimiento de las federaciones, que establece que estas son entes autónomos. A diferencia de España, donde sí existe un Tribunal Administrativo del Deporte, que fue el encargado de destituir a Ángel María Villar, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en su caso por la comisión de delitos. Allí, el tribunal no solo lo destituyó, sino que también lo inhabilitó, mientras que en Perú, esto debe seguir un proceso estatutario dentro de la misma federación, sin la intervención de una instancia externa. Lo que podría ocurrir es que, conforme a los estatutos de la FPF, se sigan los procedimientos internos de sucesión o destitución del cargo. Por su parte, la investigación penal seguirá su curso, y FIFA podría imponer sanciones relacionadas con el uso indebido de los fondos que otorga a las federaciones, ya que dichos fondos son asignados con fines específicos, y su mal manejo podría ser una causa de sanción por parte de la entidad internacional.
-¿Consideras que la detención preliminar de Agustín Lozano se basa en indicios sólidos por parte de la Fiscalía que puedan demostrar su culpabilidad en las imputaciones en su contra?
La detención preliminar de Agustín Lozano indica que la Fiscalía, al presentar su solicitud, y el juez, al autorizarla, encontraron elementos suficientes para sospechar que su libertad podría poner en peligro el avance de la investigación, ya sea por la posibilidad de ocultar pruebas o por la influencia sobre testigos. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, esta medida no implica culpabilidad definitiva. La detención preliminar se solicita principalmente para preservar la integridad de la investigación y evitar que el acusado pueda entorpecerla. En este caso, aunque la demolición de oficinas en la VIDENA y la falta de permisos del municipio pueden ser indicios de intento de destrucción de pruebas, no considero que estos hechos sean concluyentes. Además, existen otros elementos a favor de Lozano, como su arraigo y su disposición a colaborar con las diligencias de la Fiscalía, lo que sugiere que su detención podría no ser estrictamente necesaria. En todo caso, la investigación sigue su curso y nuevos elementos podrían aparecer para confirmar o descartar las imputaciones.
-Si Agustín Lozano fuera liberado tras cumplir la detención preliminar, ¿sería posible que la Federación lo sancione y lo destituya como presidente, incluso sin una sentencia?
En principio, la Federación podría, en teoría, destituirlo si la Asamblea de Bases lo decide, ya que este es el órgano supremo dentro de la Federación. Sin embargo, destituirlo únicamente por la detención preliminar no sería lo más adecuado desde una perspectiva jurídica. La presunción de inocencia es un principio fundamental en cualquier sistema legal, por lo que destituirlo solo por ser detenido, sin una sentencia condenatoria, podría ir en contra de sus derechos. Si la detención se lleva a cabo sin que se logre probar la culpabilidad de Lozano, destituirlo solo por la imagen dañada sería injusto. Además, si la apelación de la detención preliminar tiene éxito, y la sala superior determina que no debía haber sido detenido, el daño reputacional se corregiría, pero si ya se le destituye, esto sería un acto injusto jurídicamente. Por tanto, es esencial respetar el principio de presunción de inocencia. Mientras la investigación no se resuelva y no haya una condena, cualquier destitución basada únicamente en la detención preventiva sería prematura y podría carecer de fundamento legal.
-Si Lozano queda libre, ¿puede volver a ser presidente de la FPF?
La posibilidad de que Agustín Lozano retome la presidencia de la FPF dependerá de cómo se recompongan los órganos de gobierno dentro de la Federación, especialmente el consejo directivo y la Asamblea de Bases, que es el órgano supremo. Si la Asamblea decide mantenerlo en el cargo y no hay un impedimento estatutario o legal que lo lo prohíba, podría regresar. Sin embargo, el proceso dependerá de la dinámica interna y de cómo se resuelvan los temas legales y estatutarios. Si se considera que la detención no afecta su capacidad para ejercer el cargo y no hay una sentencia condenatoria, no habría un motivo formal para su destitución.
-Uno de los involucrados en esta supuesta organización criminal, denominada “Los Galácticos”, es Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, quien estaría relacionado con la firma de los derechos de televisión con 1190 Sports y un posible conflicto de intereses. ¿Qué opinas sobre este vínculo y la denuncia de conflicto de intereses?
Efectivamente, existe un conflicto de intereses en este caso. No estoy afirmando que haya existido de manera directa en el caso concreto de Joel Raffo, ya que no soy juez ni tengo acceso al expediente, pero lo que señala la resolución judicial y la denuncia es que Raffo participó en la comisión encargada de los derechos de televisión de la FPF. Él estuvo involucrado en la licitación en Chile y en las negociaciones con 1190 Sports. Lo que sorprendió, y que desconocía hasta hace poco, es que dos familiares de Raffo parecen estar vinculados a las empresas que gestionan los derechos de transmisión. Si esto se confirma, efectivamente habría un conflicto de intereses, algo que debe evitarse incluso en entidades privadas, ya que compromete la transparencia y puede generar suspicacias.
-Para cerrar, considerando todo lo que está sucediendo en la FPF, ¿qué crees que le depara a esta institución tras este escándalo que ha trascendido fronteras?
Es una situación lamentable, y quiero expresar mi solidaridad con las familias y personas involucradas en este drama; no se lo deseo a nadie. Más allá de eso, creo que este escándalo podría ser una oportunidad para que los clubes asociados a la federación tomen conciencia de la necesidad de realizar mejoras sustanciales. No estoy afirmando que haya existido un clientelismo explícito en este mandato, pero sí creo que ha sido evidente que, en muchos casos, las decisiones no parecían transparentes. En mi experiencia, he tenido que enfrentarme a fallos y procesos dentro de la federación que, aunque no creo que sean malintencionados, dejan mucho que desear en términos de profesionalismo. Es hora de que la federación dé un paso hacia la modernización y la transparencia, para que este tipo de situaciones no se repitan. Este escándalo podría ser un punto de partida crucial para implementar reformas profundas en la federación. No hablo tanto de cambios normativos o estatutarios, sino de una transformación en su gestión, orientada hacia un manejo realmente profesional. Es necesario evitar que la federación siga derivando en prácticas clientelistas, donde las decisiones y acciones, aunque no sean malas en su intención, parecen carecer de transparencia. Lo que ha sucedido hasta ahora evidencia una falta de claridad en la gestión, y es fundamental corregir esa falta de transparencia para recuperar la confianza en el máximo ente del fútbol peruano.
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