En los últimos meses, hemos experimentado un proceso gradual de recuperación en el crecimiento económico. Sin embargo, hay dos factores que están tomando cada vez más protagonismo como limitantes en ese proceso: la reducción del número de días laborables y el incremento de la inseguridad ciudadana.
Empecemos analizando la disminución de los días laborales. En los últimos cuatro años, el Congreso ha aprobado cuatro nuevos feriados nacionales, a esto se suman los días no laborables que suelen ser declarados de manera extraordinaria, por eventos internacionales como el APEC o por paros, como los recientemente convocados en Lima. Cada día no laborable adicional significa que la industria, el comercio mayorista, la construcción, la banca y los servicios profesionales deben interrumpir sus operaciones total o parcialmente. Esto implica una menor producción nacional, principalmente en actividades no primarias que son más intensivas en mano de obra, debido a que las menores horas trabajadas no se compensan con una mayor productividad. Esta menor producción finalmente genera menores ventas, y, estas, menores utilidades para las empresas y menos ingresos para los trabajadores. En total, estimamos que los cuatro feriados adicionales aprobados en los últimos cuatro años le han restado alrededor de 0,25 puntos porcentuales al crecimiento del PBI anual peruano, lo que equivale a una pérdida de más de S/ 2.000 millones en ingresos anuales.
Este impacto es desproporcionadamente mayor para los trabajadores independientes e informales. La decisión de trabajar de una parte importante de los trabajadores informales e independientes depende en gran medida de la expectativa de flujo de personas en las calles y la demanda que eso genera (por ejemplo, taxistas, vendedores ambulantes, mercados, etc.). En este contexto, un nuevo feriado tiene el potencial de afectar su capacidad de generar ingresos. De hecho, un trabajador informal, por ejemplo, gana en promedio S/50 menos en meses con dos feriados, en comparación con meses sin feriados. Esto es particularmente más grave para los trabajadores informales en los sectores de construcción y comercio, quienes pueden percibir hasta S/100 y S/60 menos de ingresos mensuales, lo que representa el 7% y 6% de sus ingresos del mes, respectivamente.
Por otro lado, la tendencia creciente de aumento de la inseguridad y el incremento de la violencia son factores limitantes del crecimiento económico que han ido cobrando importancia. Según el INEI, el porcentaje de víctimas de delincuencia en Perú creció de 18% en 2021 a 27% en 2023. Además, los delitos son cada vez más violentos. Del total de personas que fueron víctimas de algún hecho delictivo, el porcentaje de víctimas de delitos cometidos con armas se ha más que duplicado, pasando de 20% a 47%, de acuerdo con la Enapres.
El impacto de la inseguridad es generalizado y afecta a toda la sociedad. A nivel de hogares, la inseguridad impacta en la economía familiar y modifica los patrones de consumo. Según una encuesta de Ipsos para Apoyo Consultoría en marzo de 2024, el 36% de las familias en Lima Metropolitana señala que la delincuencia y el crimen organizado son uno de los tres factores principales que afectan su economía familiar. Además, 9 de cada 10 ciudadanos ha cambiado sus hábitos cotidianos en respuesta a la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, el 42% de los encuestados evita salir a la calle después de cierta hora, mientras que el 25% ha reducido la frecuencia con la que sale a la calle.
Para el sector privado, la inseguridad genera que las empresas incurran en gastos de seguridad en lugar dirigir recursos hacia gastos productivos como ampliaciones, innovación, investigación y desarrollo, etc. Según el BCRP, en 2019 estos gastos en seguridad representaron el 1,5% del PBI, el doble de lo que el sector público destinó a este fin. En el caso específico de los comerciantes informales de Gamarra, se estima que los pagos por extorsiones oscilan entre S/ 100 y S/ 4 mil mensuales, según declaraciones de la Asociación de Empresarios de Gamarra.
Para los pequeños negocios, el incremento de las extorsiones restringe su crecimiento. Entre los bodegueros, el 83% considera que la inseguridad y la extorsión son las principales barreras para el crecimiento de su negocio, de acuerdo con una encuesta de Ipsos elaborada para Apoyo Consultoría en octubre de 2023.
Además, genera incertidumbre sobre las perspectivas de inversión de las empresas más grandes. El sondeo a ejecutivos de Apoyo Consultoría muestra que los ejecutivos colocan el aumento de la inseguridad y el crimen organizado entre los tres principales riesgos para el entorno empresarial en los próximos 18 meses.
Evidentemente, el incremento de la inseguridad no solo perjudica la recuperación económica, sino que genera una reacción justificada de la población, que supone un costo adicional.
En las últimas tres semanas, los operadores de transporte público en Lima y Callao suspendieron sus servicios en dos ocasiones, en protesta por la creciente extorsión y los ataques violentos asociados, que han resultado en tres víctimas mortales. La extorsión no solo implica un alto costo en vidas humanas, sino que las respuestas justificadas de la población a este problema también incrementan los costos de desplazarse para trabajar. Aunque el apoyo a las medidas de protesta entre los transportistas ha sido fragmentado y concentrado en Lima y Callao, una paralización a nivel nacional podría generar pérdidas similares a las de un día no laborable.
Ante este escenario, la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente. Se han aprobado medidas como la declaración de emergencia y se han planteado otras acciones como la ley sobre “terrorismo urbano”, que difícilmente tendrán un impacto significativo en la lucha contra la inseguridad.
