La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) emitió un pronunciamiento cuestionando diversas iniciativas que se encuentran en la Comisión de Justicia en el Congreso de la República, y expresando su “profunda preocupación por la crisis institucional que amenaza al sistema judicial.
El comunicado fue difundido por redes sociales y compartido por Aldo Vásquez, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) involucrado en una demanda competencial que presentó el Parlamento contra el Poder Judicial.
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La federación advierte que algunos proyectos planteados por legisladores “atentan contra la institucionalidad y la democracia” porque buscan avasallar instituciones como la JNJ, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Ello atenta contra la independencia de los operadores de Justicia y contra la autonomía de las instituciones, con el propósito de controlar y someter las Instituciones del Sistema y a sus operadores”, manifestaron.
Entre los proyectos cuestionados, la FLAM menciona la iniciativa que busca incluir como “falta muy grave” que jueces y fiscales emitan órdenes de detención preliminar o prisión preventiva que son revocadas en instancias superiores.
“[…] De ningún modo debería asumirse esa diferencia de criterio de juicio como una causal de delito de prevaricato cuya esencia es la actuación dolosa del juez o fiscal contraria al texto expreso de la ley o la citación de pruebas inexistentes o hechos falsos”, advierten.
Para la FLAM, este proyecto busca “intimidar, coercionar y amenazar a los jueces y fiscales”.
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También cuestionan el intento de cambiar el número de votos de miembros del Tribunal Constitucional necesarios en procesos competenciales cuando hay un proceso en marcha del Congreso contra el Poder Judicial por la restitución de Aldo Vásquez e Inés Tello a la JNJ.
Asimismo, la iniciativa para investigar a jueces y fiscales en la comisión parlamentaria, lo que consideran que afecta la separación de poderes e independencia de la función jurisdiccional”.
“Por ello exhortamos a los señores legisladores del Congreso de la República del Perú a cumplir con los principios enunciados precedentemente, respetando la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional”, concluye el pronunciamiento.
