La búsqueda comenzó en internet. Al rastrear páginas que ofrecen eliminar papeletas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), apareció una cuenta en redes sociales denominada “Trámites Online” con el número de WhatsApp 978 836 725 en su descripción. Al escribirle, la persona al otro lado se identificó como Jorge Luis Ramírez Rodríguez. Ofreció eliminar 24 infracciones de manera “definitiva” en tres horas a un costo de S/500. Al precisarle que solo se querían anular dos papeletas, impuestas durante el año en curso, el precio bajó a S/100.
El estafador envió un DNI y un código QR con la apariencia visual de Yape. Ambos documentos llevaban el mismo nombre. Se realizó el pago de S/50 como adelanto, pero las papeletas no desaparecieron y el supuesto tramitador dejó de responder.
Una búsqueda posterior con el nombre Jorge Luis Ramírez Rodríguez reveló que el DNI que recibimos pertenecía a un funcionario del SAT. Además, en un grupo de Facebook del distrito de Jesús María, una usuaria ya lo señalaba como presunto responsable de un cobro de S/300 bajo la misma modalidad.
El estafador se presentó como Jorge Luis Ramírez Rodríguez y ofreció borrar dos papeletas a cambio de S/100. Foto: El Comercio
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Al acudir a las instalaciones del SAT, el funcionario Jorge Luis Ramírez Rodríguez accedió a declarar. “Yo no tengo Yape, nunca he tenido”, afirmó. Relató que entre septiembre y octubre de 2025 una persona se presentó en la sede de la avenida Argentina del SAT y lo confrontó exigiéndole la devolución de dinero por una supuesta promesa de eliminar una papeleta que él niega haber hecho.
“De frente me increpa y me dice que le pague lo que le debo. Cuando me enseña el número de teléfono que usaron, le respondo que ese no es el mío”, sostuvo.
Según el trabajador, invitó al afectado a acompañarlo a la Policía para formalizar la denuncia, pero este se retiró. “Cuando le dije que íbamos a la Dirincri para que también atestigüe, el chico se fue”, indicó.
Jorge Luis Ramírez Rodríguez trabaja en el SAT desde 2014 en labores administrativas dentro del área de ejecución coactiva. El 11 de octubre de 2025 presentó una denuncia en la Dirincri por suplantación de identidad y, actualmente, se encuentra en investigación preliminar durante 60 días por el Ministerio Público.
Al consultar con Yape sobre la transacción realizada, un asesor confirmó que el pago se efectuó, pero advirtió que el código QR presentado correspondía en realidad a una cuenta de IziPay disfrazada. “Es un código QR de IziPay, pero que lo están utilizando con el color y el formato de Yape”, explicó.
Consultada al respecto, IziPay respondió que por “motivos de seguridad” no podía compartir información de sus usuarios y sostuvo que el comercio registrado con ese nombre “se encuentra bloqueado”. El trabajador del SAT nos declaró que tampoco tenía cuenta en IziPay y señaló haber solicitado a esa empresa, el 10 de junio, un documento que confirme que no tiene ninguna cuenta asociada a su nombre.
Denuncia presentada en 2025 por Jorge Luis Ramírez Rodríguez (derecha) y solicitud de información a IziPay (Izquierda).
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La modalidad no se limita a las redes sociales. Al acudir a la sede del SAT de Lima, un hombre que se identificó como Fernando Eleazar Espinoza Narcizo nos abordó. Ofreció eliminar una papeleta con deuda coactiva del año en curso a cambio de S/100. “Pido la anulación. Yo lo hago con la gente de arriba. 100 lucas te cobro”, afirmó. Mostró su DNI antes de recibir el dinero a su número 926 969 439 y no regresó. Una búsqueda de sus antecedentes arrojó denuncias por lesiones, hurto, faltas contra el patrimonio y seis intervenciones policiales. Una persona de su entorno fue directa al ser consultada: “Es malo. Ya ha estafado. Ya no vuelve”.
En una segunda visita al mismo lugar, un joven que se identificó como Cristofer Cáceres Castro ofreció el mismo servicio por S/60 y exhibió su DNI como garantía. “Acá hay cámaras. En caso no se borre la papeleta, te devuelvo tu dinero. Además, tú me vas a traer más clientes”, aseguró. No se concretó ningún pago, pero el episodio confirmó que los tramitadores informales operan de forma abierta frente a las instalaciones del SAT.
