Conseguir un puesto de trabajo en el Estado depende mucho de los certificados del postulante en su hoja de vida. Ante la falta de fiscalización, existe un mercado de diplomas que acreditan horas de estudio que jamás se cursaron, expedidos por escuelas privadas que operan con total normalidad y cuyos documentos son aceptados sin mayor cuestionamiento por las entidades del Estado.
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Con ESAC la mecánica fue similar. Por S/ 60 accedimos a una promoción de tres diplomados. Elegimos el de Gestión Pública, que ofrecía ocho clases de aproximadamente hora y media cada una. Las ignoramos y fuimos directo a la evaluación intermedia y a la final, diez preguntas cada una, resueltas con ayuda de la inteligencia artificial. Una hora y media después de contactar a la institución por WhatsApp, teníamos el diplomado.
Al consultarles sobre la validez de sus certificados para el sector público, la respuesta fue enfática: aseguraron que están respaldados por la Normativa N° 141-2016-SERVIR-PE. Lo que no mencionaron es que esa norma ya no existe. Fue derogada este año mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000214-2025/PE.
“La norma actualizada no valida diplomados ni establece horas, no establece que sus certificados sean reconocidos y menos colocamos instrumentos de evaluación. La (normativa) 141 no validaba tampoco eso”, aseguró Roxana Noli, gerenta de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de Servir.
Asimismo, recalcó que “no hay” alguna entidad encargada que supervise o fiscalice a las personas jurídicas que crean estas empresas las cuales publican sus ofertas en redes sociales como Facebook e Instagram.
Comunicación con ESAC. Foto: El Comercio
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El caso de Udeapolis agrega otra capa al problema. Esta plataforma ofrece cursos y diplomados certificados a nombre del Colegio de Abogados de Cañete, y sus clases presentan a figuras de conocido perfil público como el exfiscal José Domingo Pérez o la abogada Giulliana Loza, entre otros.
Solicitamos el curso de Giulliana Loza por S/ 20. Cada clase duraba apenas dos horas, acompañadas de lecturas y dos videos adicionales de duración similar: en total, no más de seis horas repartidas entre tres profesionales distintos, una de ellas era la abogada. Optamos por ir directo al examen de cinco preguntas. Con ayuda de la IA obtuvimos 20 de nota. Diez minutos después de contactar a la institución por WhatsApp, el certificado estaba en nuestro correo.
Pero los detalles del documento llaman la atención por sí solos. El certificado indicaba que el curso se había realizado entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, cuando lo obtuvimos la última semana de abril del presente año. Afirmaba además que las sesiones fueron “online” cuando en realidad son asincrónicas y pregrabadas. Para justificar las 24 horas académicas que acredita, la institución desglosa el tiempo así: 3 horas de clases, 1 de preguntas y respuestas, 3 de lectura de diapositivas, 10 de materiales de lectura, 1 de examen y 6 de videos de reforzamiento. Ninguna de esas horas fue verificada por nadie.
Certificado de curso de Giulliana Loza. Foto: El Comercio
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Al ser consultada sobre el uso de su imagen, Giulliana Loza señaló que la clase difundida corresponde a un material “antiguo” de 2 horas y afirmó no tener conocimiento de “la publicación ni del contenido” del curso ofertado por Udeapolis. Agregó que ha solicitado a la empresa el retiro el material comercializado sin su consentimiento.
De igual forma, pedimos el curso del exfiscal José Domingo Pérez por S/ 20, y en pocos minutos logramos certificarnos en clases de 24 horas académicas de Argumentación y Redacción Jurídica. Intentamos contactarnos con el abogado, pero no obtuvimos respuesta.
El Colegio de Abogados de Cañete nos confirmó que tienen convenio con Udeapolis cuando le consultamos haciéndonos pasar por un ciudadano que buscaba información. Sin embargo, al día siguiente cuando nos presentamos como periodistas no tuvimos la misma suerte y no respondieron.
El exministro de Educación Idel Vexler consideró que se debe sancionar a las instituciones que ofrecen estos diplomados y a las entidades que los validan. En ese sentido, aclaró que “estas instituciones no forman parte del sistema educativo”, por lo que los servicios que brinden no tienen valor.
Por su parte, la exministra de Educación Marilú Martens manifestó que el problema se agrava cuando es el Estado que termina validando estos certificados al contratar o asignar funciones de personas que sustentan su formación en diplomados de dudosa calidad.
“Si el Estado no distingue entre formación rigurosa y certificaciones sin respaldo, no solo debilita sus propios estándares, sino que envía una señal peligrosa al mercado: que todo vale”, concluyó.
Un mercado sin control
Estas instituciones no operan en la clandestinidad: se publicitan abiertamente, cobran por canales formales y emiten certificados con membrete y firma. El ciudadano que las compra muchas veces lo hace porque las convocatorias del Estado le exigen acreditar cursos y diplomados con el mismo nombre y con equivalentes horas académicas.
El problema de fondo es la ausencia de un mecanismo de verificación real. Las entidades no comprueban si el postulante cursó efectivamente las horas que acredita. En ese sentido, Noli informó que Servir está avanzando con una normativa para la certificación de programas de capacitación, como aducen ser estas empresas para lograr una mayor calidad de la oferta formativa. No obstante, mientras este vacío persista la fábrica seguirá produciendo más y más certificados.
